La gestión del malestar ciudadano realizada por la derecha siempre ha sido una diligencia de orden público
Sabino Alonso Fueyo, director del diario falangista Arriba, se quejaba a Franco de las presiones que recibía de los distintos sectores y familias del Movimiento Nacional, hasta que el dictador cortó el asunto diciéndole: "Usted haga como yo y no se meta en política." La estrategia del Partido Popular, siguiendo la misma tradición del caudillaje, consiste en que los problemas políticos lleguen a un punto de pudrimiento que la aparente solución solamente consista en la que pueda sustanciar la porra de un guardia. La política, por ello, vuelve a ser delictiva en un país donde el partido gobernante acumula un amplio historial de delincuencia común. Imponer el orden desde la inmoralidad pública requiere una abolición sumaria de la polémica, de la libertad de criterio, de la política como pulsión cívica regida con lucidez, como la definiera Manuel Azaña. Sin política, sin ética, desde el patio de Monipodio, la ley ya no define un espacio de convivencia sino un territorio de dominación.
La gestión del malestar ciudadano realizada por la derecha siempre ha sido una diligencia de orden público. El aprovechamiento de la crisis económica para inmovilizar a las instituciones democráticas y privar a la ciudadanía de elementos de autodefensa, la represión de los movimientos sociales vinculándolos nada menos que a la delincuencia terrorista, el descrédito de la política como elemento de acción cívica ante los poderes fácticos no sujetos al escrutinio ciudadano, han supuesto un lógico rechazo de la mayoría de la población a un régimen cada vez más deficitario democráticamente y que no da respuesta a las necesidades y las demandas de la gente, y a cuyo rechazo cívico siempre se ha querido sobresanar por parte del gobierno conservador con la colocación de una pareja de la Guardia Civil cortando el paso a cualquier monte Aventino.
Este estado de extremaunción de los valores cívicos, de la calidad de la democracia, de la sensibilidad social propiciado por intereses plutocráticos y la ideología más reaccionaria de la derecha produce aquello que definió Jean Baurdrillard al destacar que en la ilusión del fin a partir de una cierta aceleración produce una pérdida de sentido. La implantación del autoritarismo en los intersticios del Estado ha convertido la vida pública no sólo en ruina y desequilibrio social, sino en descomposición donde los objetivos son tan poco confesables que propician una pérdida general de sentido y, como consecuencia, déficit de identidad y habitabilidad en el Estado para ciudadanos y territorios.
La solución policial al problema catalán, algo insólito en las democracias europeas, así como la derivación del conflicto social a un simple delito de opinión o de orden público, como atestigua la llamada “ley mordaza”, configuran un escenario posdemocrático donde tanto Cataluña como las propias clases populares tendrán difícil encaje en el régimen del 78. El franquismo sociológico no da ya más de sí.