La misión política e histórica de la izquierda no es defender a un Estado donde la democracia está en crisis sino transformarlo al objeto de hacerlo confortable y atractivo para territorios y ciudadanos
Muy poca atención se ha prestado a la respuesta dada por Rajoy a un periodista que le pregunto qué podría impedir la implementación del artículo 155 de la Constitución y a lo que lacónico el presidente del Gobierno se limitó a decir: “que no sea aprobada por el Senado”, cosa que con la mayoría absoluta en la Cámara Alta del Partido Popular era como decir que nada. Como afirmó públicamente el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, una convocatoria de elecciones en Cataluña no supondría una "limpieza" de lo que "algunos han estado haciendo." La rendición de Puigdemont con condiciones y que el molt honorable comunicó a su mayoría en el Parlament fue malquista por la actitud de Rajoy de no aceptar que las medidas del artículo 155 se frenaran si se convocaban elecciones autonómicas en Cataluña y, como consecuencia, se renunciara a la declaración de independencia. Rajoy pretendía la rendición incondicional de Puigdemont y toda su gente, algo insensato dada la fuerza social del independentismo.
Esta actitud de la derecha demuestra que se trata de un proyecto de mayor calado del que se verbaliza y que trasciende al mismo problema catalán, que, en parte, ha sido creado por los mismos conservadores. Sólo hay que recordar la campaña contra el estatuto de 2006, refrendado en referéndum por los catalanes y que buena parte de la clase política y de la sociedad catalana entendía que aquella renovación estatutaria suponía un acuerdo para el encaje en el siglo XXI de esta autonomía en España y que representó, sin embargo, por la sentencia del Tribunal Constitucional instigada por el Partido Popular, para muchos el inicio de la deriva independentista. “Frustración”, repiten dirigentes que participaron en aquel proceso. Pero lo más paradójico de esta estratagema de reordenación a la baja de la calidad democrática en todos los ámbitos de la vida pública, se sustancia en que en el caso de la beligerancia contra el estatuto por parte de la derecha era también, o prioritariamente, contra el Partido Socialista al objeto de que perdiera la hegemonía en Cataluña y en el resto de España, como así ha ocurrido, pero lo inesperado es que se haya producido con la esquizoide colaboración del mismo PSOE.
No hay que olvidar las presiones que se hicieron por parte de destacados dirigentes socialistas para crear un PSOE catalán al margen del PSC si éste no abandonaba el que era considerado un exceso de nacionalismo. En esa misma línea escapista, Susana Díaz presentó una nueva razón para apoyar a Rajoy en la investidura. Dijo que lo urgente era tener un Gobierno que hiciera frente al riesgo de que España se rompa a manos de los independentistas catalanes. Esto después de abominar y reprocharle a Zapatero el estatuto de 2006. Pocos Partido Políticos han estado en tanta sintonía con las estrategias en su contra. El llamado “bloque constitucionalista” bajo la hegemonía del Partido Popular, supone para el PSOE la incapacidad manifiesta para construir auténticas alternativas a los graves problemas que padece el país en todos los intersticios de la vida pública a través de una cosmovisión de izquierdas que supere realmente desde las tensiones territoriales hasta la quiebra social que las políticas del Partido Popular agravan con sus pseudosoluciones autoritarias. Suponiendo que a estas alturas de la reordenación conservadora del ámbito institucional con la creación de déficits democráticos sea posible desde el gobierno una política de izquierdas.
Porque el grand récit de los populares es la reconversión a la baja de las libertades y derechos, individuales o territoriales, en un Estado en quiebra, deshuesado por la corrupción y el secuestro de las élites, cuya defensa, como se arroga el “bloque constitucionalista”, es profundizar en la decadencia de la calidad democrática del sistema. La ruptura de una mayoría de catalanes con el Estado ha sido por la incapacidad de éste en asumir cualquier tipo de transformación que se adapte a la realidad social. Por todo ello, la misión política e histórica de la izquierda no es defender a un Estado donde la democracia está en crisis sino transformarlo al objeto de hacerlo confortable y atractivo para territorios y ciudadanos.