Durante el franquismo la política pasaba indefectiblemente por el Tribunal de Orden Público. Montesquieu era un personaje maldito ante la unidad de mando y diversidad de funciones. El poder era unívoco y en alerta permanente como demostraba la “lucecita del Pardo”,   que dicen las crónicas que siempre estaba encendida en el despacho de Franco, incluso por la noche, como prueba palpable de su permanente servicio a España. La narrativa del poder, por ello, era imperante, triste y de falsaria impostación. "El lenguaje debe ser la creación conjunta de poetas y trabajadores manuales”, afirmó George Orwell. Sin embargo, hace tiempo que el relato de la izquierda dejó de bogar por la influencia de estos actores sociales y culturales. El último reducto histórico se produjo en el mayo francés donde los poetas y los trabajadores hablaron el mismo lenguaje con el que las paredes de París explosionaron con las grandes verdades revolucionarias escritas con métrica alejandrina.

Son malos tiempos para la lírica y para las clases populares. Las brechas democráticas, la corrupción no como excrecencia sino como savia del sistema, la consolidación de una obscena desigualdad, la espada de Damocles de la exclusión y la pobreza sobre las mayorías sociales, la demolición del mundo del trabajo, el desproporcionado poder de las élites económicas y financieras, conforman un escenario sin credibilidad para la ciudadanía que no encuentra en las permanentes agresiones que recibe instrumentos de autodefensa en un régimen de poder cada vez más deslegitimado por la mayoría cívica. Ello conduce a una falta de representación que para Aranguren cristaliza por una carencia de contenidos sustantivos que provoca la desmoralización colectiva.

Ha sido el drama de esa burguesía en España, hija de los volterianos y alumna de los jesuitas, como la definía Azaña, nacida de la revolución liberal del siglo XIX, que no llegó a formar un tronco social, ni a poseer a fondo el gobierno, ni a gobernar con doctrina y miras propias, ni a sobreponerse a los poderes contra los que originariamente se rebeló y cuyo quebranto y sumisión eran el primer artículo de su dominio: la corona, el ejército y la tutela política de Roma. La alianza histórica de grupos y opciones políticas con los agentes de su propia destrucción tiene obligado corolario en la condena a no ser o a ser otra cosa, que es lo mismo. El poder dominante se perpetúa desviando el conflicto de aquellos espacios que ponen en peligro su hegemonía porque muestran las contradicciones sistémicas de forma más enjundiosa. Es por ello que hemos asistido a la impuesta abolición del choque social, del blindaje de los poderes económicos y estamentales mediante la extinción ideológica del conflicto entre pobres y ricos, entre plutócratas y trabajadores, reproduciendo a todos los niveles el drama tradicional de las clases medias y populares de ser despojadas de su propia conciencia como tales y, consecuentemente, empujadas a la invisibilidad social. De hecho, la categoría “clase social” ha desparecido del léxico sociológico y político y, por tanto, de la distribución de poder en la sociedad.

Padecemos, como consecuencia, la esclerosis del sistema por sus malformaciones funcionales como consecuencia de la parcialidad de los órganos del Estado y la consecuente corrupción como elemento constitutivo del régimen y que han supuesto una quiebra múltiple de la estructura política del país. De hecho, la política ha sido degradada por un poder que sigue siendo unívoco y minoritario hasta el extremo de que el formato polémico de la política ha vuelto a ser una cuestión de orden público gracias a una derecha dispuesta a judicializar cualquier conflicto cuya solución suponga una redistribución democrática del poder. Hoy también se pretende que la política pase por la Audiencia Nacional, sucesora del Tribunal de Orden Público, o por el Tribunal Constitucional.  

El actual Estado español avala los intereses de unos grupos tan minoritarios que lo imposibilita como un auténtico Estado nacional por su contextura ideológica. Como consecuencia, es un Estado excluyente en el contexto social y territorial. En el caso social, con una dolosa discriminación de clase; los intereses de las clases populares no conforman ningún ámbito constituyente del poder del Estado, y en el caso territorial, considerando parte de su territorio como un conglomerado, lingüístico y cultural, anexionado y no como parte sustantiva de su propia esencia estructural. Eso se manifiesta en la frustración del nacionalismo catalán para que la realidad de Cataluña fuera parte sustantiva del Estado español. En el programa electoral del 2006, CiU se comprometía a trabajar “para convertir el Estado español en un Estado plurilingüístico”; en el de 2010 la palabra “plurilingüe” o sus derivados no figuran ni una sola vez. Y en el del 2012 el adjetivo reaparece pero solo referido a Europa. Con ERC pasa algo similar: en el 2006 se proponía conseguir “un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico de verdad”; en el del 2010 el partido manifiesta  haber puesto de relieve “la inexistencia de un Estado español plurinacional, la inviabilidad del federalismo y el agotamiento del autonomismo”; y en el del 2012 el tema es el papel del catalán en un nuevo estadio en el que el sujeto del plurilingüismo ya no es España sino Cataluña.

La conclusión política es bastante evidente: la solución a la crisis del Estado español pasa por  desalojar a la derecha del poder para construir la España plurinacional con todos los pueblos que la componen. Ello es posible porque, al contrario de las dos precedentes experiencias democráticas (la I y II República), los conservadores ya no puede instrumentalizar la cuestión religiosa o el problema militar. No le resta, pues, más arma dialéctica que manipular la plurinacionalidad tratando de enfrentar, unos contra otros, a todos los pueblos que configuran el Estado español y plantear el problema político en términos de orden público. En ello está la derecha. Justo en lo contrario, la unidad en la diversidad plurinacional de España, deben encontrarse las izquierdas. El Partido Socialista, después de las primarias y su último congreso federal, ha asumido el compromiso histórico de liderar esa reforma del Estado que redistribuya el poder político en el ámbito social y territorial desde la izquierda.

En este contexto, lo que resulta paradójico y sin precedentes es la actitud del “susanismo”, derrotado y desautorizado ampliamente por la voluntad democrática de la militancia del partido, de oposición radical desde su reducto andaluz al mandato congresual del partido y a los órganos superiores de la organización y en clara concurrencia con los intereses y los planteamientos de la derecha. Una posición evidentemente revanchista y muy alejada de la ideología y los valores socialistas que no se compadece con lo que la mayoría de las bases y el electorado espera del PSOE. ¿Cuáles son los valores políticos de Susana Díaz Pacheco para que ponga en peligro la tarea histórica y política del Partido Socialista y la regeneración democrática de la nación? Seguramente muchos menos que su ambición y su desafecto al proyecto socialista y a los intereses de las mayorías sociales.