El reto para frenar los radicalismos y populismos consiste en que lo legítimo, los límites, las normas y la ética se plasmen en reglas

Las grandes conquistas en libertad, justicia, solidaridad, género e integración racial, suscitan consensos más teóricos que reales. Cuando descendemos a pie de calle nace la duda, la cual se hace presente en muy diferentes embrollos ideológicos que entremezclan problemas e intereses que nada tienen que ver con los conceptos esenciales. El espectáculo en la UE es un dato a considerar, tanto en la política de migración como en recortes, represiones y movimientos antidemocráticos. Y los recientes resultados en EEUU con el resurgir del más rancio conservadurismo es una señal de alarma, Nietzsche nos recuerda: me asome al abismo y me reconoció.

La democracia no ha eliminado lo que Max Weber denominó “la manía clerical de querer siempre tener razón”, y vivimos con amargura las debilidades de una democracia que no sabe interpretar los sentimientos y prioridades de su ciudadanía. La clase política da la sensación de que no participa del sentir de la calle, de sus opiniones, de sus discrepancias y de lo que representan: los principios y derechos ciudadanos. Hoy flota una pregunta en el ambiente: ¿Existe el Derecho?

El historiador británico Runciman nos dejó dicho que las democracias liberales tienden a derivar hacia la injusticia, porque sus ciudadanos se han acostumbrado a vivir al resguardo de las concentraciones de poder político sin darse cuenta de que así se exponen al riesgo de quedar sometidos al poder económico.

Un ejemplo muy evidente, nos dice, es lo que sucedió desde la caída del Muro de Berlín: la ausencia de amenazas serias a la democracia permitió que los países democráticos se instalaran paulatinamente en una nueva ‘edad de oro’. Ya no había enemigo que combatir, la insatisfacción personal se acomodó y la acción colectiva fue desapareciendo hasta que llegó la ‘Gran Crisis’ que ha provocado una ruptura social, política y territorial muy agudizada.

Para desarrollar un ideal de no dominación, la ciudadanía necesita poder para cuya adquisición la política debe ofrecer nuevas oportunidades, herramientas con las que emanciparse, nuevos medios que deben ir un poco más allá de los ‘derechos convencionales’ porque ya hemos visto que con el voto no basta. Han necesitado más de trescientos días para encontrar salida a la crisis política española, y es el momento de preguntarnos ¿Qué nos ha costado? ¿Quién lo paga? ¿Quién rendirá cuentas?

Las nuevas iniciativas deben proponerse con mucha claridad, es decir, con unas reglas claras para vivir en una sociedad con instituciones transparentes y así poder salir de ese efecto ‘zombi’ que tanto ha contaminado, en especial a la clase política y a los hablantes –tertulianos— cuyo lenguaje contiene un peso ideológico que va calando. Aunque disfrazado, es un discurso asido a la defensa de intereses económicos, políticos, culturales o religiosos de los grupos dominantes.

De ahí surgen las incertidumbres que vivimos. Y lo peor es que han producido un efecto perverso de distorsión, acrecentado desde que la crisis hizo sus estragos y los poderes reaccionaron con políticas devastadoras. Desde la sociedad civil se observa con preocupación esta falta de seguridad, vivimos en la duda y se está consintiendo --y algunas veces estimulando-- consignas que movilizan fácilmente emociones en una ciudadanía que está derivando a un populismo de extremos, derecha a izquierda, que se alimentan denigrando al adversario y reafirman el ideario ‘anti’. Ejemplo perverso son los mensajes negativos de que ¡se acaba el Fondo de Pensiones! pero hay que explicar a continuación que se puede volver a llenar, evidentemente nunca con más miseria y precariedad en los salarios, sino con soluciones de políticas de equidad.

Son inventores de un imaginario colectivo que disfraza intereses de una sociedad poco democrática. Nos falta aplicar un razonamiento, un análisis de los fundamentos, eso que la filosofía más elemental nos aconseja para examinar y discernir entre lo que se dice y lo que se hace (unos pocos se enriquecen, muy pocos invierten) y esa brecha es la que tiene que cubrir el activismo por la transparencia para conseguir lo que nos aconsejaba el filósofo francés Paul Valery: ‘El orden exige creación’. Y lo que hay que crear es el derecho a saber, llegar al equilibrio del conocimiento con crítica constructiva que es el tránsito del desorden del sistema a un nuevo orden en el que las formas de organización no emanan de una minoría sino del impulso colectivo que habla, disiente y acuerda. Hoy tenemos leyes participativas que limitan la participación, y leyes de transparencia que la restringen por sus procedimientos. ¿Se cambia todo, para que todo siga igual?

El reto para frenar los radicalismos y populismos consiste en que lo legítimo, los límites, las normas y la ética se plasmen en reglas. Abordar sin miedos los problemas más acuciantes y fortalecer una cultura sin ataduras a los males históricos, porque para abandonar la adversidad hay que superar con fuerza las frustraciones del pasado.

La política y las instituciones son lo que importa. Ahora se han salvado las instituciones, pero la política ha quedado bajo mínimos. Esperemos que no sea demasiado tarde.