La protesta ciudadana hace tiempo que cesó. En las calles se ha detenido el impulso popular, en contraste con la febril actividad reivindicativa que tuvo lugar entre los años 2009 y 2014. La movilización contra las medidas de austeridad del Gobierno, del FMI y la Unión Europea y la airada reclamación de cambios han dado paso a la pasividad y al desánimo, tan deseados por la derecha.

El sentir colectivo expresado multitudinariamente en las vías públicas se ha diluido en millones de perplejidades aisladas, en un silencioso malestar particular o en miles de protestas individuales en Internet, que claman no al cielo sino a quienes las quieran escuchar en los foros digitales, en la nube; la protesta está en las nubes, colgada en la red, a la espera de que la atienda alguna deidad. En este caso, Internet es un mal remedo de la sociedad, un mal espejo que ofrece el simulacro de un inexistente poder de los ciudadanos, que, desprovistos de fuerza real, asisten impotentes a la dilación, al cabildeo y al engaño.

El impulso transformador se ha perdido y la guerra de movimientos, volvemos a Gramsci, debería de haber dado paso a una guerra de posiciones, pero, aunque continúa la ofensiva económica de la derecha, no hay una respuesta adecuada desde la izquierda, sino broncas internas, dimes y diretes, confusión y retórica, y, salvo el Partido Popular, que está donde siempre y como siempre, es lícito dudar de las posiciones del PSOE y de los nuevos partidos, pues es difícil saber cuáles son sus proyectos y dónde está situado cada cual. ¿Están las izquierdas donde creen que están? ¿Están las izquierdas donde deben estar? No lo parece.

Las calles se han vaciado y el parlamento está muerto; el movimiento social ha cesado pero no el griterío político; y la palabrería huera de unos y otros tratando de sacar ventaja produce hastío, pero ya no indignación, la cual ha dejado su lugar a la apatía y a la resignación ante el sueño de un cambio que se veía cercano y que ahora se aleja o incluso se desvanece; queda la pesadilla de la vida cotidiana bajo el peso de una crisis que para amplias capas de la población no remite, ni puede remitir si no hay cambios políticos de calado.

Pero el régimen político, difícil de reformar desde dentro, ha revelado también la dificultad de hacerlo desde fuera, pues ha mostrado la eficacia de sus estructuras para permanecer sordo y ciego a las demandas de la gente, que, cansada de ver frustrados sus empeños, ha desistido.

La movilización social arrancó contra las medidas anticrisis del Gobierno del PSOE, que en 2009 sumó 24.023 actos de protesta en toda España, sufrió 21.941 protestas en 2010 y una huelga general y la acampada del 15 de mayo en 2011; se agudizó con las mareas en la etapa de Rajoy, que soportó dos huelgas generales, y tuvo su cima en cuanto a número de actos y de personas movilizadas en el año 2012, con 44.233 actos de protesta en toda España. En 2013 descendió el número a 43.170 y en 2014 se inició el declive con 36.679 manifestaciones o concentraciones hasta casi desaparecer a día de hoy.

Los ciudadanos movilizados esperaban que la etapa de protestas tuviera un lógico desenlace en un cambio de gobierno, pero no pudo ser.

Además de la fortaleza del sistema para resistir las presiones externas, son culpables de la apatía ciudadana no sólo los que desde las instituciones han desoído el clamor de la calle y contribuido a ponerle sordina con un paquete legislativo de excepción, sino también quienes han suscitado expectativas en fáciles, rápidos y profundos cambios, mágicamente explicables por su sola aparición como partidos en la palestra política.

De igual modo que en la Transición, las negociaciones políticas, aun frustradas y frustrantes, han precisado de calma en la calle y, como entonces, el trasvase de activistas hacia las candidaturas locales, autonómicas o nacionales de un  apretado período electoral ha privado de dirigentes a los movimientos sociales. 

La movilización social es temporal; no se puede mantener durante mucho tiempo a los ciudadanos a pie de calle sin obtener algún éxito apreciable. Y eso lo sabe el Gobierno, especialista en aguantar lo que venga. Ha sido una prueba de fuerza, que ha perdido, una vez más, la ciudadanía más consciente de sus derechos.

El momento de recibir la recompensa tuvo lugar en febrero, cuando un nuevo gobierno de talante reformador y progresista hubiera sido el resultado del impulso de la calle y del aire renovador de los nuevos partidos.

Para la ciudadanía era lógico ver su esfuerzo recompensado, pues ya había cumplido su papel al movilizarse, primero, y al votar, después. Pero tales esperanzas se vieron frustradas por la poca generosidad, la ambición y la miopía de quienes debieron ser los protagonistas de aquel cambio. 

No obstante, las causas de la insatisfacción ciudadana y de un soterrado conflicto social no han desparecido, al contrario, no pocas persisten y algunos problemas se han agudizado y demandan soluciones aún más urgentes.

Crece, en consecuencia, la desafección ciudadana hacia la gestión pública y la clase política, que alcanza también a los nuevos partidos y a sus dirigentes, instalados ya en las instituciones y familiarizados con los hábitos de los viejos, y se anuncia un preocupante alejamiento de las urnas, que, en el caso de celebrarse unas elecciones generales en diciembre, podría llegar a un nivel de abstención cercano al cuarenta por ciento.

Apatía muy del agrado de la derecha, que prefiere ciudadanos refugiados en su vida privada y desinteresados de la gestión de lo público, porque es la situación idónea para que actúen sin control ni disimulo los malos gestores, los corruptos, los defraudadores, los privatizadores y los expoliadores de bienes públicos.

Ante todo lo ocurrido en esta larga legislatura, lo que está sucediendo en esta inmerecida prórroga y la mansedumbre con que lo estamos soportando, da la impresión de que hemos renunciado a nuestros derechos, de que hemos desertado como ciudadanos y trabajadores de luchar por recuperar lo que era nuestro y nos han arrebatado en estos años de rapiña y corrupción, y de que nos hemos entregado a la fatalidad que está prescrita en la frase de Margaret Thatcher “No hay alternativa”, convertida en consigna por los profetas del neoliberalismo y traducida por Cospedal a la delirante disyuntiva: o el Partido Popular o la nada.

Pero, aunque se puede entender el desconcierto de muchas personas y el cansancio de la ciudadanía, hay que resistirse a admitir que somos un país de gente sumisa y rendida sin condiciones a la fatalidad, que va permitir que siga gobernando un partido corrompido y depredador de lo público y enemigo declarado de los asalariados; un partido tóxico para la mayoría de los habitantes de este desanimado país.