No seré yo el que ponga en cuestión la legitimidad del Comité Federal del PSOE para adoptar las decisiones que se encuentren en el marco de sus competencias, en los períodos que median entre Congreso y Congreso.
Sin embargo, los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos días están creando tanto malestar entre los afiliados socialistas y tanta confusión entre la población, que no son pocos los que se preguntan si el PSOE está dando realmente los pasos necesarios para no continuar profundizando las brechas internas y no desgastarse aún más ante los electores.
En términos estrictamente formales, ateniéndonos a la legalidad interna del PSOE, la decisión de 133 miembros del Comité Federal del 1 de octubre de incumplir lo que estipulan los estatutos de este partido es una decisión discutible. No solo por representar una mayoría algo magra como para imponer una postura que suponía el cese de un Secretario General que había sido elegido con el voto de 50.000 afiliados y con el refrendo de un Congreso. Sino que lo más importante es que con tal decisión esos miembros del Comité Federal, que en el fondo y la forma no querían otra cosa que el cese de Pedro Sánchez como Secretario General, estaban incumpliendo el mandato expreso de un Congreso del PSOE que había aprobado unos estatutos que especificaban de manera incuestionable que cuando dimite el Secretario General, o la mitad de los miembros de la Comisión Ejecutiva, o todos los miembros de dicha Ejecutiva, como ha sido el caso, debe convocarse inmediatamente un Congreso Extraordinario para la “elección de la nueva Comisión Ejecutiva”. Lo cual supone también automáticamente la celebración previa de unas elecciones primarias para elegir al Secretario General.
Sin embargo, esto no es lo que está ocurriendo. Lo cual ha dado lugar a que muchos afiliados del PSOE se hayan apresurado a recoger las firmas necesarias para que se convoque dicho Congreso Federal. Si se recoge la enorme cantidad de firmas que se necesitan para pedir dicha convocatoria (el 50% de los afiliados “teóricos”, es decir más de 90.0000 firmas), hay que esperar que los contrarios a esta iniciativa no sigan el ejemplo de Maduro, y se atengan lealmente a la legalidad interna del PSOE y al sentido común.
Tampoco hay que despreciar, ni mucho menos, la posibilidad de que surjan más demandas como la presentada por un destacado afiliado del PSOE de Aragón, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado correspondiente. Lo que se sustancia en dicha demanda es, nada menos, si en la bochornosa reunión del Comité Federal del 1 de octubre se cometieron irregularidades e ilegalidades –es decir, si se respetó la legalidad interna− que pudieran hacer nulos de pleno derecho los acuerdos allí tomados. Lo cual no es ninguna broma, que debiera prevenir a algunos sobre la facilidad con la que se saltan a la torera las normas que regulan la vida interna del PSOE. No solo en este caso.
Por lo tanto, si proliferan tal tipo de demandas y si producen efectos prácticos en los Tribunales, el PSOE puede acabar sumido en un bochorno mucho mayor.
Ante estas cuestiones de carácter legal, es posible que algunos sostengan que se trata de “legalismos” y “juridicismos” formales sin importancia, que no consideran el fondo de la situación política. Sin entender, claro está, que el Estado de Derecho y la democracia son también cuestión de formalidades y de procedimientos, que todos tenemos que respetar. Y si alguien no tiene esto claro, la situación es bastante preocupante.
Sea como sea, lo cierto es que en el PSOE hay un sector muy importante del Comité Federal, y posiblemente mayoritario entre los afiliados, que no ha querido enredarse en tales cuestiones y, haciendo de tripas corazón, ha continuado defendiendo sus posiciones y opiniones, asumiendo que la aritmética de los votos no debe ser cuestionada en lo que supone en sí. Es decir, estamos ante discrepancias importantes en el PSOE, que solo se acabarán dirimiendo con la celebración de un Congreso que ponga fin a una fase de interinidad compleja y de legitimidades encontradas y mutuamente cuestionadas. O cuestionables.
De hecho, una Comisión Gestora no tiene la misma legitimidad de origen y de ejercicio que un Secretario General elegido por el voto de todos los afiliados y que una Comisión Ejecutiva elegida por los delegados de un Congreso. Con todas las garantías que esto implica. Por eso, una Comisión Gestora debe limitarse a gestionar los asuntos inmediatos y cotidianos, durante el menor tiempo posible, y sin meterse en asuntos complicados e impropios.
¿Y qué ocurre con el Comité Federal durante estos tiempos de interinidad? Pues ocurre exactamente lo mismo, ya que dicho Comité Federal en períodos transitorios no debiera tomar decisiones de gran alcance político y estratégico que antes hayan sido objeto de decisión por órganos superiores de expresión de la voluntad común de ese Partido, como es el Congreso, o las votaciones de los afiliados, que son los verdaderos depositarios de la voluntad soberana del partido.
Por eso, en cuestiones de funcionalidad interna, el Comité Federal no debe dar la misma condición de miembros de pleno derecho de dicho órgano, con voz y voto, a los miembros de una Gestora provisional que a los de una Comisión Ejecutiva que ha sido elegida por un Congreso. Ni puede dar a ninguno de sus integrantes, y menos aún si ni siquiera son miembros de la Gestora, las prerrogativas que los estatutos atribuyen a un Secretario General, que interviene al final de las deliberaciones y sin limitación de tiempo.
Más allá de estas cuestiones, que algunos –repito− pueden tachar de “formalistas” y “juridicistas”, como si estas fueran cuestiones menores, lo que late en los últimos debates del PSOE es una cuestión de fondo de considerable entidad política, que no se ha sabido, o querido, plantear de manera adecuada.
La cuestión es si el PSOE debe abstenerse en la próxima sesión de investidura de Presidente de Gobierno para posibilitar un nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Y cómo debe tomarse en un partido democrático dicha decisión.
Tal como se han planteado las cosas, hay que reconocer que es lógico que exista no solo mucho malestar en las filas del PSOE, sino también serias dudas de que con tal planteamiento del asunto, pueda llegarse a un buen resultado de gobernabilidad.
De ahí que el sentimiento que existe entre los afiliados y votantes del PSOE es de grave malestar y preocupación sobre el futuro de este Partido. Es decir, lo que algunos cuestionan es si, en un partido como el PSOE, dos reuniones del Comité Federal pueden decidir hacer lo contrario de lo que se había prometido a los electores, y de paso acabar con un Secretario General elegido por voto directo. ¿Se puede confiar en lo que proponga este partido en las próximas elecciones generales, y en la continuidad del candidato o candidata que se proponga como Presidente de Gobierno?
Es en este sentido, precisamente, dado que no ha existido consenso en el Comité Federal, hay que esperar que no se fuerce a todos los diputados a votar en contra de su conciencia. Cuando se postula un giro de 180 grados, lo propio de una organización democrática es debatir las cuestiones con luz y taquígrafos, sin conspiraciones internas, procurando aproximar posiciones, intentando consensos internos. Y, si no hay suficiente acuerdo, lo más apropiado es consultar a los afiliados. Pero nada de eso se ha hecho y al final se ha tomado una decisión que, aunque será aplaudida en determinados círculos, suscita –y suscitará− mucho malestar y resistencia interna. Tanto que debiera haber sido considerada como la típica cuestión que requiere un esfuerzo especial de consenso y de cesiones recíprocas, especialmente para evitar la ola de descrédito que le viene encima al PSOE. Y que se añade a la ya lograda hasta ahora.
Aún así, no se puede dejar de reconocer que los 139 votos de miembros del Comité Federal constituyen una mayoría clara, que incluso supone un 46% del total de los miembros de dicho Comité, incluyendo los que no acudieron a la reunión del 23 de octubre. Y si así piensan tantos miembros de este órgano, por unas u otras razones, hay que asumir que estamos ante una postura política que hay que reconocer, y esperar que sus resultados no ensombrezcan mucho más la credibilidad futura del PSOE.
Llegados a este punto, solo cabe esperar que aquellos que van a administrar tal decisión lo hagan con inteligencia y generosidad, no forzando a todos los diputados socialistas a tragarse un sapo tan grande y a contradecir de manera tan expresa y llamativa lo que hasta hace unos días han prometido defender ante los afiliados que les han elegido, y ante los votantes que les han apoyado. Votantes que, obviamente, interpretarán tal giro de 180 grados como una renuncia sustantiva y una contradicción de amplio alcance y entidad.
Por eso, algunos de los propios defensores de la abstención del PSOE han pedido aplicaciones inteligentes de esta nueva estrategia, no solo en atención a las grandes resistencias que provoca entre los afiliados y a los 96 votos de quienes manifestaron una postura diferente en el Comité Federal –lo que no es poco−, sino básicamente para evitar que se continúen profundizando las heridas y los desgarros internos, y para que se pueda poner fin de verdad a este episodio político, sin grandes vencedores y perdedores. Para ello, lo importante es convocar un Congreso inmediatamente. Congreso que, después de la investidura de Rajoy, debe realizarse con celeridad y con garantías, pues ya no hay ninguna razón ni disculpa para retrasarlo. Máxime si también lo están urgiendo con sus firmas una enorme cantidad de afiliados socialistas.
Habrá que ver, pues, si algunos están dispuestos a apostar por una salida digna para todos, una vez alcanzando el propósito de la formación de gobierno, o si lo que van a pretender es explotar a fondo el éxito de la batalla –como se dice en la jerga militar− y dejar claro hasta las últimas consecuencias quiénes son los que han perdido y quiénes los que han ganado. ¿Será posible que ocurra tal cosa? Entonces, si esto es lo que ocurre, habrá que empezar a pensar seriamente en las servidumbres de la sumisión, y en el sentido profundo de la libertad, tanto en el plano personal, como en el de la organización. Y habrá que decidir en consecuencia.