Con frecuencia se escucha que en España no tenemos experiencia en políticas de pactos, y que ese es nuestro problema.
Pero, tal presunción no es cierta. En el actual ciclo democrático tuvimos los Pactos de la Moncloa, que posibilitaron el arranque de la recuperación económica, y los pactos políticos que permitieron alumbrar la Constitución consensuada de 1978, una de las más fructíferas de la historia de España.
Luego vinieron otros pactos de carácter gubernamental, básicamente con los partidos nacionalistas –hoy tan denostados─, entre ellos los de José María Aznar, que nos sorprendió a todos con su famosa explicación de que él “solía hablar en catalán en la intimidad”.
Posiblemente uno de los pactos de mayor significado y alcance político fue el que se gestionó entre Alfonso Guerra y Santiago Carrillo en abril de 1979, que abrió las puertas a gobiernos de izquierdas en prácticamente toda España. Tal acuerdo dio un cierto vuelco a los resultados de las elecciones municipales, en las que UCD había obtenido un 30,6% de los votos, mientras que el PSOE tuvo el 28,2% y el PCE el 13,1%. Es decir, había una mayoría conjunta de izquierdas que posibilitó que el 70% de los españoles tuvieran alcaldes de uno u otro partido.
Hay que recordar que, por aquellas fechas, Santiago Carrillo era la encarnación viva del demonio para bastantes españoles, al tiempo que muchos viejos socialistas aún tenían vivos los recuerdos de sus enfrentamientos –incluso a tiros─ con los comunistas. Por eso, nada fue fácil, aunque los resultados prácticos fueron bastantes positivos, no solo en el plano estricto de la gestión municipal, sino también de cara a consolidar una imagen positiva del PSOE como partido de gobierno.
Lo que no se produjo entonces fue una resistencia tan dura y sistemática contra la posibilidad de tales pactos. Lo cual es una diferencia importante que no hay que soslayar.
En cualquier caso, lo cierto es que el PP actual no es lo mismo que la UCD de los tiempos del consenso constitucional, ni siquiera es el mismo partido de hace unos años, después de tantos escándalos de corrupción sistémica y de cuatro años de políticas de enorme insensibilidad y dureza social, que hacen que no resulte factible que desde el PSOE en estos momentos se pueda abrir la puerta a que ese partido, en todo o en parte, continúe gobernando España. Lo cual no quiere decir que no sea preciso –y positivo─ llegar a acuerdos sobre la reforma de la Constitución (lo que exige de entrada mayorías de dos tercios) y sobre otras normas básicas en las que se requieren grandes consensos (educación, investigación, asuntos de interés general, etc.).
Asimismo, no puede desconocerse que el viejo PCE de Santiago Carrillo no es lo mismo que Podemos en la actualidad. Entonces el PCE tenía cuadros de alto nivel y bastante capacitados para la gestión pública y, desde luego, Santiago Carrillo demostró ser un líder de una notable inteligencia política, capaz de entender que era lo que se podía –y se debía─ hacer en cada momento, dispuesto a supeditar los intereses particulares a los generales. Y, por supuesto, también dispuesto a parar en seco cualquier atisbo de izquierdismo y de infantilismo ingenuo en sus filas.
¿Y qué decir de aquellos partidos nacionalistas que mantenían la lealtad constitucional y de los que nadie podía pensar entonces que se podrían lanzar a tumba abierta por la senda de un secesionismo extremo?
En definitiva, es evidente que las cosas no son hoy como ayer, y que tampoco tenemos un partido político que haya quedado suficientemente destacado sobre los demás, como ha venido ocurriendo en las últimas décadas. Pero, si se repitieran las elecciones, tampoco hay ninguna probabilidad de que algún partido se aproxime a la barrera mágica de los 150 diputados, que marcan el nivel de “prevalencia”, ni mucho menos a la cifra de 176 escaños, que garantizan la mayoría absoluta.
Por lo tanto, hay que asumir que es preciso trabajar, hablar, negociar y pactar con las cifras actuales de representación fragmentada, en la que nadie tiene garantizado una mayoría absoluta para gobernar. Ni siquiera una eventual –y aparentemente imposible─ alianza de PP-Ciudadanos (163), ni una eventual alianza de PSOE-Podemos-IU (161), ni un posible acuerdo PSOE-Ciudadanos, con otros apoyos menores.
Consecuentemente, los acuerdos para llegar a un gobierno y lograr una gobernación adecuada de España en los próximos años tienen que considerar fórmulas de aproximación y solución más complejas y sofisticadas.
Una vez producido el encargo de formar gobierno a Pedro Sánchez se abre, pues, un período complejo que va a requerir grandes esfuerzos. Para llevar este encargo a buen puerto, lo primero que sería factible –y conveniente hacer─ es dibujar un mapa de posibilidades y necesidades en un doble plano: es decir, en primer lugar habría que tener muy claros cuáles son los límites que nos impone nuestra pertenencia al euro en políticas económicas y presupuestarias. Y en relación a ello, cuáles son los perfiles más adecuados y pertinentes de las personas que puedan gestionar tales políticas. Después de la experiencia terrible del primer Txipras y del ministro Varoufakis, que condujo a Grecia a un corralito y a un desastre social y económico mayúsculo, en España no hay espacio alguno para despropósitos similares. Con el agravante de que el peso económico de España en el euro no es el mismo de Grecia, de forma que un desastre económico nuestro podría acabar convirtiéndose en un desastre general del euro.
Una vez desechados los disparates, habría que sentarse con los partidos y los líderes con sentido de la responsabilidad y con visión de conjunto, y ver en qué partes de sus programas existen coincidencias, en qué partes hay diferencias que pueden resultar salvables y en qué parte existen discrepancias que no pueden obviarse. Lógicamente, entre personas sensatas y realistas es evidente que los acuerdos tendrán que ser construidos en torno a las coincidencias y a las zonas tangentes y de posible aproximación. De todo ello hay que hablar con tranquilidad y con altura de miras.
Una vez asentadas las posibilidades de acuerdos programáticos, habrá que evaluar su factibilidad práctica y habrá que considerar otros propósitos insoslayables de gobierno que requieren acuerdos de mayor entidad y más amplias implicaciones, como el ya referido consenso sobre la Reforma Constitucional, que no puede dilatarse más.
Por lo tanto, tal como están las cosas, habrá que ver con qué líderes y partidos hay posibilidades de consensuar un núcleo central de propósitos factibles de gobierno y, a la vez, hay disposición para atender a las políticas sociales urgentes que se precisan en la sociedad española en estos momentos, junto a las políticas de corte institucional, como la reforma de la Constitución, en aquello en lo que exista consenso, o las políticas educativas y de investigación, que ya no pueden soportar más vaivenes y cambios legislativos.
¿Es factible lograr todo esto? En principio, la respuesta tendría que ser positiva, siempre que algunos estén dispuestos a supeditar sus egos personales y sus tacticismos al interés general. Para ello, hay que entender que estamos en una situación muy difícil, de la que no se puede salir positivamente si no se emprende un camino de pactos y acuerdos en círculos concéntricos, a diferentes niveles de inclusión y acuerdo, con capacidad de dar respuesta a la vez a la necesidad de formar un gobierno serio y coherente ─que sea respetado y atendido por nuestros socios europeos─ y, al mismo tiempo, a la exigencia de atender a las necesidades más acuciantes de la sociedad española. Necesidades que han tenido un claro apoyo explícito en las urnas, en la perspectiva tanto de abordar la regeneración moral de la vida política, como en la urgencia de acometer las políticas sociales y laborales más perentorias; políticas que requieren, entre otras cosas, de una política económica seria y creíble, capaz de generar confianza y de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. En todo ello Pedro Sánchez merece ser apoyado.