Como cigüeñas al campanario por San Blas, vuelve con el nuevo-viejo Gobierno la reforma de las pensiones, o de algunas de ellas. Esta vez la urgencia de la reforma que reclaman determinados agentes económicos y sus intelectuales orgánicos tiene una base real de justificación cual es el déficit de la Seguridad Social que se ha ido paliando con el Fondo de Reserva, cosa que no es posible seguir haciendo, como es evidente. Ante la negociación que se ha abierto en el marco del Pacto de Toledo, algunas puntualizaciones parece conveniente hacer.

La primera es que todas las partes presentes en las negociaciones, empezando por el Gobierno, están obligadas a hacer una declaración pública, solemne, unánime e inequívoca de que las pensiones se van a mantener porque se toman en serio el mandato del art. 41 de la Constitución. Es, ni más ni menos, cumplir y hacer cumplir la Constitución y dejar de usarla para tirársela a cabeza en los debates sobre la organización territorial del Estado. La seguridad y tranquilidad de la población lo merecen más que sobradamente.

La segunda es que como el problema del déficit tiene su razón de ser en la caída de los ingresos del Sistema y no en un exceso de gastos porque las pensiones ya han sido recortadas, entre otras cosas, con el índice de revalorización que se introdujo en 2013 y más que lo van a ser en el cálculo de su cuantía inicial cuando se aplique, si es que se llega a ello, el factor de sostenibilidad, el objetivo de la reforma debe de ser mejorar sus fuentes de financiación.

Si como es evidente, y todo el mundo no puede sino estar de acuerdo, que la devaluación salarial, el desempleo, la temporalidad de los contratos de trabajo y el contrato a tiempo parcial son una de las razones de esa caída de ingresos, parece oportuno atajar ese mal, para ello la primera medida ha de ser reforzar e incentivar la negociación colectiva, en especial la de sector porque es la mejor garantía de la mejora salarial de miles de trabajadoras y trabajadores de las pequeñas y medianas empresas que son la mayoría del tejido productivo español. La rectificación de la reforma laboral se impone y si el Gobierno y los partidos que lo sostienen no lo hacen están con claridad siendo falsarios cuando pregonan que defienden la Seguridad Social.

Pero para mejorar los ingresos del Sistema también hay que eliminar medidas erróneas y contraproducentes que se han aplicado en el pasado reciente, como las bonificaciones y, sobretodo, las deducciones directas a los empresarios de su cuota por contingencias comunes. Las llamadas tarifas planas no sirven para la creación de empleo de calidad, pero si para drenar los recursos de la Seguridad Social.

Otro camino para mejorar los ingresos es la eliminación del tope de cotización establecido hoy en 3.642 € brutos al mes. Todo lo que supere esa cifra está exento de cotización a la Seguridad Social, lo que es injusto porque quienes ganan menos son solidarios con el cien por cien de sus ingresos y los mejor retribuidos lo son solo en parte. Una perversa solidaridad inversa. No es argumento decir que también hay topes de prestación porque, como es bien sabido, nuestro Sistema (como todo que merezca el nombre de Seguridad Social) funciona con el sistema financiero de reparto, es decir, no hay relación sinalagmática entre las cuotas y las prestaciones. Otra cosa es que la prudencia aconseje revisar al alza los topes de prestación (que pueden seguir existiendo) y ahí es donde hay que hacer finos cálculos actuariales.

Mejorar la calidad del empleo (por tanto subidas salariales) y corregir los mecanismos que drenan las fuentes de recursos al Sistema es una necesidad cuando se observa que según datos del INE el salario medio bruto mensual en 2014 (son los datos que dispongo, pero no debe haber cambiado mucho) era de 1.904,8 €, siendo el salario modal (esto es, el más frecuente) 1.374,2 € y 1.605,3 € el mediano. Si tenemos en cuenta que el INE para estos cálculos parte de los salarios percibidos por quienes están en alta a la Seguridad Social al menos dos meses, hemos de concluir que las remuneraciones de los asalariados en su conjunto son inferiores porque es bien sabido que una cantidad enorme de los contratos tienen una duración inferior a dos meses y que los trabajadores temporales y a tiempo parcial tienen salarios más bajos.

La tercera tiene que ver con la financiación de la Seguridad Social por transferencias desde el Estado, esto es, por impuestos. Se está hablando de financiar ya las prestaciones de viudedad por esta vía. Hoy por hoy aproximadamente el 83 por ciento de los recursos del Sistema provienen de las cotizaciones sobre salarios. No parece descabellado reducir esa proporción aumentando la vía impositiva en un mundo en el que nos están diciendo que la robótica y las nuevas tecnologías nos llevan a una cuarta revolución industrial en donde la producción de bienes y servicios precisará menos trabajadores pero aumentará los beneficios empresariales. Permanecer en la jaula de la llamada contributividad lleva indefectiblemente a la reducción de las prestaciones en clara oposición a la suficiencia de las mismas que manda la Constitución. Pero este es un debate que hay que hacerlo con tranquilidad y calma, mientras que ahora es urgente allegar recursos al Sistema.  Conviene recordar que el art. 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social dice que las prestaciones a las que llama contributivas se financiarán “básicamente” con cotizaciones sociales, pero no cierra la vía para la financiación por impuestos, que pueden ser finalistas para evitar un uso imprudente de la discrecionalidad por el legislativo. Ese debate no debe de ser reservado a “los expertos”, es algo que concierne a toda la sociedad y en especial a los trabajadores, por eso no estaría de más que los sindicatos tuvieran en perspectiva un referéndum sobre esta materia, como autorizadas voces ya han sugerido.