En los últimos años, y especialmente en los últimos meses, la relación entre Catalunya y España se ha visto sometida a un estrés cívico y político sin parangón en los últimos decenios de nuestra historia.
Bajo mi punto de vista y el de muchos otros sujetos políticos, académicos y sociales, el origen remoto del conflicto se sitúa en el incompleto encaje constitucional de la real plurinacionalidad de nuestro Estado compartido, que ha impedido el normal desarrollo de ese concepto en sus marcos legislativo, judicial, cultural, etc. Pero el origen concreto que ha agravado ostensiblemente el asunto, convirtiéndolo en problema creciente en lugar de oportuna y rica pluralidad, hay que situarlo en el periodo de debate y aprobación del Estatuto de Catalunya impulsado por el Gobierno de la Generalitat de Pascual Maragall. Ese Estatuto fue un intento leal dentro del marco constitucional de interpretar la Constitución de 1978 de forma amplia y flexible, como buena parte de los “padres constitucionales” concibieron para un momento posterior y oportuno alejado de las presiones autoritarias que el clima político y militar de 1978 presentaba.
Las fuerzas de cambio en Catalunya y en España no pueden darse la espalda o todas podrán ser derrotadas por etapas
A pesar de las limitaciones impuestas al texto aprobado por el Parlament de Catalunya en las Cortes, su posterior ratificación en Referéndum por el pueblo de Catalunya proyectó una perspectiva con más luces que sombras para una renovación del “Pacto Constitucional” de 1978, que incorporaba en ese texto estatutario nuevos derechos y libertades, ampliando y consolidando de esta manera no solo el pacto territorial sino también el social y el democrático.
Pero todo se vino abajo. Las tensiones acumuladas por esa tramitación fueron aprovechadas de forma electoralmente irresponsable por el Partido Popular, que utilizó demagógicamente este tema para hacer oposición al Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, que (no sin dificultades) había apoyado esa relectura estatutaria en Catalunya para luego en gran parte reproducirla primero en Andalucía y después en otras comunidades autónomas en lo que fue denominado “estatutos de segunda generación”, en una lectura federalizante de la Constitución.
La campaña del Partido Popular por toda España, con recogida de firmas y cuñas radiofónicas incluidas, atizando los peores prejuicios decimonónicos contra los catalanes, sembró el odio y la cizaña entre los distintos pueblos y territorios del Estado, y pasará a la historia como uno de los peores episodios de la “España Negra” contemporánea. Está en el origen del cúmulo de odio e incomprensión que estos días agitan la prensa sensacionalista, las tertulias tendenciosas y los aparatos de propaganda.
La estocada consecuente a la batalla política e ideológica que el PP emprendió con el Estatuto fue la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010, que desautorizó al pueblo catalán que había votado su ratificación, al Govern de la Generalitat, al Gobierno del PSOE y a la mayoría parlamentaria plural de las Cortes que lo había tramitado. El impacto político y social de esa sentencia fue mucho más allá de los textos concretos enmendados: provocó una marca profunda desde el punto de vista de la psicología social y poco a poco tuvo un traslado trascendente al plano de los partidos y la política. El independentismo creció como nunca en pocos años y, al otro lado, el PP decretó su auto-profecía cumplida y consolidó su hegemonía sobre el concepto de “España” que moduló a su antojo de forma excluyente, colocando a la izquierda española a la defensiva. Aún peor, la obligó a substituir su visión abierta, plural y republicana por otra cerrada, excluyente y conservadora. Todo ello comportó en Catalunya la sensación (ahora mayoritaria) de ruptura de ese pacto constitucional y la oportunidad u obligación de explorar un nuevo camino de relación entre los sujetos políticos de Catalunya y España.
Esa situación concreta, catalana y española, conectó con una situación de crisis a nivel mundial de un modelo de capitalismo que profundiza las desigualdades y concentra la acumulación de riqueza en menos manos que nunca en su historia. Ese nivel de concentración ha reforzado sus rasgos más oligárquicos, que permiten tomar decisiones trascendentes por centros de poder alejados de la inmensa mayoría de la gente y sobre todo no elegidos democráticamente ni bajo ningún tipo de control popular. Por ello, la demanda de más soberanía se ha expresado en distintas partes del globo en muchas ocasiones vinculada a políticas económicas y sociales, y no siempre -hay que apuntarlo con preocupación- generando respuestas inclusivas y solidarias.
En Catalunya se ha generado una tormenta perfecta: crisis del modelo constitucional de 1978 en sus diversas vertientes, la económica y social, la del sistema democrático con la corrupción y la crisis de representación y la del Estado de las Autonomías una vez sentenciado su techo de cristal por parte del Tribunal Constitucional. El 15-M gritó “No nos representan” y el movimiento independentista ocupó cívicamente las calles reivindicando poder decidir aquí, y no en Madrid, nuestro presente y nuestro futuro.
La experiencia de las mayorías institucionales independentistas (2012-2017) presenta ahora ya un balance suficientemente nutrido para emitir algunas opiniones:
- En el marco de la crisis anteriormente descrita, el movimiento independentista se ha comportado como un factor de ruptura e impugnación del diseño de Estado hegemonizado por el PP, al cual Cs retroalimenta e intenta tomar el testigo ampliando sus rasgos más antidemocráticos, centralistas y neoliberales. El PSOE es absorbido preocupantemente por esa hegemonía renunciando a su tradición de izquierdas y republicana. La respuesta autoritaria, con la judicialización y criminalización de las ideas independentistas, retroalimenta ese valor impugnatorio.
- Parte del independentismo no tiene proyecto para Catalunya y no quiere tenerlo para España. No hay una clarificación de modelo de sociedad que se pretende construir, aspectos de modelo social y económico, de estructura y funcionamiento democrático y de política internacional en el mundo globalizado. Una parte importante del independentismo no juega la liga de la soberanía en su sentido de radicalidad democrática para decidirlo todo, solo juega el rol de cambiar los collares de los mismos amos.
- Lo más preocupante es su concepción de unilateralidad y ahora de legitimismo en una sociedad catalana donde más de la mitad de la población no quiere la independencia y reivindica una identidad o identidades distintas a las proyectadas por una buena parte del independentismo. Se han forzado al límite las costuras democráticas, como en las sesiones parlamentarias del 6, 7 de septiembre y 27 de octubre, lo que ha aprovechado el PP para ejecutar un verdadero “golpe centralista” con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención del autogobierno por primera vez en la historia.
¿Y ahora qué? ¿hacia donde vamos?
Ante la complejidad del momento seguimos asistiendo a tendencias que extreman aún más sus propuestas en un clima contaminado de electoralismo, como hemos comprobado semanas después de las elecciones del 21 de diciembre. A pesar de ello se consolida el golpe centralista a pesar de ser soportado por la continua deslegitimación del Tribunal Constitucional (alejado de su papel arbitral y convertido en intérprete del día a día de la política catalana independientemente de si es formalmente requerido para ello o no) y el papel creativo del Tribunal Supremo en lo que se refiere al delito de rebelión y su imprescindible violencia.
Esta tendencia a interpretar la Constitución y el Código Penal bajo el concepto de “derecho penal del enemigo” -desarrollado por Günter Jakobs- puede acabar consolidando un retroceso en nuestro sistema de derechos y libertades que, sumados a los retrocesos en derechos económicos, sociales y laborales, pueden prefigurar la definitiva respuesta conservadora a la ventana de oportunidades de cambio que se abrió con la crisis de 2008 y que en 2019 y 2020 tendrá momentos definitivos.
Los demócratas y las izquierdas catalanas y españolas necesitan reconfigurar sus objetivos estratégicos de lucha redimensionando las correlaciones de fuerzas y las alianzas necesarias en Catalunya, en España y en Europa, reforzando una propuesta global donde derechos sociales, plurinacionalidad y democracia avancen de la mano, todo ello bajo un manto republicano que puede resumir el impulso regenerador o constituyente que el momento necesita.
Las fuerzas de cambio en Catalunya y en España no pueden darse la espalda o todas podrán ser derrotadas por etapas. Si el golpe centralista y autoritario ahoga lo mejor del independentismo (me refiero a sus vectores progresistas, de izquierdas, republicanos y democráticos), luego le tocará a la izquierda, y al final todo demócrata puede ser sentenciado. Por ello, ni la unilateralidad ni la cerrazón constitucional nos sirven: debemos construir un proyecto donde la soberanía y la fraternidad entre pueblos convivan y se articulen para una convivencia conjunta que asegure más derechos y libertades en un marco de plurinacionalidad.