El último decreto del Gobierno no tiene otro objetivo que salir al rescate económico de Florentino y su Proyecto Castor...

Esta semana el Congreso debate un Decreto Ley, lo que hace 60 en toda la legislatura, que no tiene otro objetivo que salir al rescate económico de Florentino y su Proyecto Castor. Un capítulo más de los rescates-timo con recursos públicos del capitalismo concesivo y parasitario que vive en concubinato permanente con el poder político.

Y para quienes creen que esto es un virus español que sólo se contagia en el palco del Bernabeu, habrá recordarles que el primer rescate de esta crisis, antes del financiero, fue el de las autopistas radiales de Madrid y se acordó gracias a una enmienda de CiU a los PGE 2011. La beneficiaria también era una empresa con participación de Florentino.

Un capítulo más de los rescates-timo con recursos públicos del capitalismo concesivo y parasitario que vive en concubinato permanente con el poder político

Estamos ante de la penúltima etapa de la burbuja del gas. Iniciada con la compra masiva a futuro de gas natural con el objetivo, se dijo, de garantizar el suministro eléctrico a partir de centrales de ciclo combinado. Unas centrales, construidas por las empresas de siempre, que hoy están ociosas y que conllevan un sobrecoste en el recibo de la luz y son un obstáculo al cambio de modelo energético. Eso sí, las empresas que las construyeron hicieron en agosto.

Como parte de este proceso especulativo se han construido depósitos de almacenamiento de gas, entre ellos el conocido como Castor. Hay que recordar que la adjudicación se produjo bien entrado el 2010, cuando la crisis ya era evidente. Se trata, pues, de un proyecto que no era necesario y no era viable, como se ha demostrado.

Un proyecto que inicialmente se ubicaba en territorio catalán. Y fueron las exigencias medioambientales de los consejeros de ICV-EUiA, la oposición del territorio, entre ellos de la Plataforma del Sènia, y diferentes estudios los que forzaron sus promotores a cambiar la ubicación inicial, situándolo en las costas de Castellón, donde la connivencia política ha sido total. Para ello, el gobierno Zapatero, gran avalador del proyecto, hubo incluso de modificar las coordenadas territoriales que separan las dos CCAA.

El resultado ya lo conocemos: se han producido sismos que han afectado a los pueblos cercanos, tanto de Castellón como de Cataluña, que han obligado a la paralización del proyecto.

Se trata de un proyecto inicialmente presupuestado en 850 millones de euros, por el que ahora Florentino recibirá 1.350, y que costará 4.700 millones a pagar por los usuarios del gas en 30 años. Eso sí, en el Decreto Ley, ni una palabra ni un euro para compensar los daños causados ​​a los vecinos.

Como en algunas novelas negras, este es un crimen en el que han participado más de un sospechoso. El gobierno Zapatero no sólo apoyó la burbuja del gas, sino que le hizo un traje legal a medida a las empresas. Zapatero aprobó un Decreto del año 2008 que es el que ahora utiliza el gobierno del PP como coartada para aprobar la hibernación de Castor y como fórmula para rescatar con 1.350 millones de euros una de las empresas de Florentino.

Pero el PP no se puede excusar en este Decreto para justificar el rescate de Florentino. Es evidente que en este caso, además de la responsabilidad del Estado, existe la de la empresa concesionaria que debería haber hecho estudios y descartado esta ubicación. Por eso es una barbaridad que se acuerde esta indemnización a la empresa concesionaria, sin tener presente sus responsabilidades. Especialmente, cuando todavía están activos recursos judiciales contra la concesión y se está pendiente de estudios que evalúen las responsabilidades.

Sorprende la rapidez y la diligencia del Estado en aprobar esta indemnización, que contrasta con los obstáculos que reciben los ciudadanos en los sus conflictos con la Administración Pública.

La razón la tenemos en que este proyecto ha sido financiado con recursos del Banco Europeo de Inversiones y con financiación externa, que en caso de rescisión anticipada de la concesión provoca el regreso anticipado del crédito. Y siguiendo las reglas de juego del peculiar capitalismo concesivo que manda en España, el libre mercado sólo rige para repartir beneficios, no para asumir riesgos o pérdidas.

Lo más grave de la situación es que, mientras se perpetra este rescate-timo, la dinámica especulativa del sector gasístico continúa. Las empresas siguen comprando gas natural a futuro, provocando una sobrecapacidad gasística y convirtiendo España en el primer importador de gas de Europa. El lobby energético quiere aprovechar la crisis ucraniana para hacer de España un gran centro distribuidor, comercializador de gas.

Más allá de lo que significa esta apuesta en términos de perpetuación de un modelo basado en combustibles fósiles y de obstáculo al cambio de modelo energético , lo que no se puede aceptar es que estas apuestas del capitalismo concesivo y parasitario se hagan siempre a costa de los ciudadanos.

La crisis también ha sido la coartada para hacer de España el paraíso del socialismo del capital. Los beneficios siguen siendo privados, mientras las pérdidas siempre se socializan.

A buen seguro que el Decreto Ley será aprobado con los votos del PP y veremos de quién más. Pero tendremos que continuar la lucha social y jurídica para evitar que este nuevo rescate-estafa se consume. La labor realizada por el Síndic de Greuges de Cataluña abre la puerta a la esperanza.