Estos son algunos de los datos y argumentos que ayer, en el pseudo-debate de La Sexta Noche, entre economistas ultraliberales y profesionales de la provocación, no fue posible desarrollar. Y ya que los he trabajado, los comparto aquí:
Nuestro sistema de pensiones es perfectamente sostenible en términos económicos, lo que no significa que no deba afrontar algunos retos importantes y peligrosos riesgos.
Es sostenible, porque el gasto en pensiones es hoy del 10,6% del PIB. Para el 2016 se prevé una reducción de dos décimas, es decir el 10,4%. En términos relativos eso significa que España se gasta en pensiones un porcentaje mucho menor de la riqueza que en otros países de la UE que están entre el 12 y el 14%. Y las proyecciones de Ageing Report de la UE, incluso para el momento de más gasto, que se sitúa en 2014, solo alcanza el 12,5%. Con el dato añadido que se preve una reducción de -0'8% del PIB entre hoy y el 2060.
Por cierto, cuando se habla de ratio de dependencia, o sea la relación entre cotizantes y pensionistas, se comete un error interesado, que es el de no tener presente a los parados con prestación que cotizan y, por tanto, aportan ingresos a la Seguridad Social. Calculada (como debe hacerse) la ratio de dependencia está situada hoy en el 2,24. O sea 2,24 cotizantes porcada pensionista. Para hacerse una idea: la ratio más baja se produjo en1996 con el 2,06 y la más elevada en el 2007 con un 2,71.
Que el sistema sea sostenible no significa que no tenga retos. Algunos hablan del reto demográfico, identificándolo solo con el aumento de esperanza de vida. Y sin duda este es un dato a retener, pero en este análisis además del porcentaje de personas mayores de 65 años, debe tenerse en cuenta el margen que hay para aumentar la tasa de población activa y ocupada, especialmente de mujeres. Y también los flujos migratorios que, como sabemos en nuestro país, tienen gran importancia.
Este reto de la Seguridad Social en el S. XXI no es diferente al que ha debido afrontar en el S. XX. Y se resolvió con más empleo, de más productividad y un reparto fiscal de la riqueza creada por el trabajo y capital. Esta es también una buena formula para el presente siglo. Otra cosa es que pueda abordarse solo desde los Estados Nacionales en el marco de una economía globalizada, pero este es otro debate. Mejor: es ELDEBATE.
Además de retos, hay grandes riesgos. Un modelo de mercado de trabajo y empleo cada vez más precarizador; una estructura de ingresos de la Seguridad Social que gira casi en exclusiva sobre cotizaciones y poco sobre impuestos. Y los intereses de los Fondos de Pensiones Privados, que en una sociedad con poca capacidad de ahorro, necesitan debilitar el sistema público para dejar espacio a su sustitución por sistemas privados alternativos.
A un empleo precarizado le corresponde una Seguridad Social en precario. Lo estamos comprobando después de Reforma Laboral de PP y CIU. Hoy el número de cotizantes crece a ritmo del 3%, pero el crecimiento de ingresos por cotizaciones a Junio 2015 solo es del 1,32%, a pesar de que los PGE2015 preveían tramposamente un 6,8%. El año 2014 se cerró con13.6000 millones de ingresos por cotizaciones menos que los gastos por pensiones contributivas.
Las causas son evidentes, elevadas tasas de temporalidad con contratos cada vez más cortos, aumento de contratos a tiempo parcial y caída de los salarios. Además la Reforma Laboral incentivó un proceso de sustitución intensivo de personas con salarios y cotizantes relativamente altos por otras personas con salarios muy inferiores. Eso además tiene un efecto indirecto, porque a empleo precario le corresponde economia poco productiva y por tanto menos generación de riqueza a repartir vía impuestos.
Hay, además, otro factor importante que esta comportando una reducciónde los ingresos. El impacto que han provocado las exenciones de cotización, vía tarifas planas y otras, del Gobierno Rajoy. Hasta ahora estas medidas eran bonificaciones, o sea que lo no pagado por la empresa y trabajadores lo pagaba el Servicio Público de Empleo. A pesar de la escasa utilidad de estas bonificaciones para incentivar el empleo, al menos no tenían impacto negativo sobre los ingresos. Las exenciones significa que la Seguridad Social deja de ingresar, o sea que las supuestas políticas de incentivo a la contratación las están financiando los pensionistas. Acabar con estas cacicadas electoralistas supondría aumentar los ingresos de la Seguridad Social.
El segundo riesgo es el de mantener una estructura de ingresos que gire solo sobre las cotizaciones sociales. Esta apuesta ya no tiene recorrido y debe replantearse la estructura de financiación de la Seguridad Social. Hoy los ingresos de origen fiscal suponen escasamente un 10/11% del total. Para el 2016 se prevé una aportación del Estado de 13.160 M€ en relaciona un gasto total en pensiones de 121.232M€. Esta aportación fiscal corresponde al coste de las pensiones no contributivas y al complemento de mínimos de 2,5 millones de pensiones.
Existe un gasto importante que corresponde a las pensiones de muerte y supervivencia -viudedad, orfandad, favor de familiares- que no son estrictamente contributivas y que se están pagando solo con cotizaciones. Y que en pura lógica del sistema debería pagarse con impuestos. Estamos hablando de 22.000 millones de euros. Por eso la Izquierda Plural hemos propuesto que esa partida sea asumida de manera progresiva por el Estado con aportaciones fiscales en un período transitorio de 10 o 15 años.
Nuestro país tiene margen suficiente para hacer este esfuerzo.
Recordemos que los ingresos fiscales en España suponen un 8% del PIB menos que la media de la UE. Y un diferencial de entre el 13% y el 17% con los países nórdicos. Eso significa 80.000 millones de € de ingresos fiscales menos cada año. Así pues, un aumento de la aportación fiscal de 22.000 M€ en un período de 10/15 años es perfectamente asumible.
Lo que resulta evidente es que la sostenibilidad de la Seguridad Social no puede venir de más presión para reducir el gasto en pensiones, sino del aumento de los ingresos.
De las 9.308.146 pensiones -que no pensionistas- existentes hoy, resulta una pensión media a Julio 2015 de 887€ mes por 14 pagas. En Catalunya919€ al mes, aunque la única província que está por encima de la media estatal es Barcelona. El resto, Girona, Lleida y Tarragona están muy por debajo. Confirmando que lo más determinante para la cuantía de las pensiones contributivas es la cualidad o precariedad del empleo y las cotizaciones.
La pensión media es de 887€ al mes, pero el 60% tiene una pensión por debajo de esta cantidad. Y 2.490.000 pensiones son pensiones mínimas de634,5 € al mes.
Además, las últimas reformas de pensiones, la del 2011 y la del 2013, han reducido significativamente el ritmo de crecimiento tanto de las nuevas pensiones como del conjunto del gasto. Para el 2016 se preve un aumento del número de pensiones en solo un 1% y del gasto total en pensiones del2'4%. Se trata del aumento más bajo de toda la serie estadística de la Seguridad Social.
Más allá del factor demográfico, inciden las políticas de recorte adoptadas por el PP. La restricción de las jubilaciones anticipadas que, sea dicho de paso, está suponiendo un verdadero sadismo social para los mayores de 50 años. Se trata de personas a las que se ha facilitado su despido, que no se les ofrece trabajo, se les ha rebajado el importe y duración de la prestación. Y a las que se condena a estar percibiendo la prestación asistencial de 426€ mes y se les dificulta el acceso a la jubilación anticipada, en algunos casos hasta los 63 años, y de rebote, al cotizar los últimos años solo por el Salario mínimo, sufren una reducción de la pensión inicial que les persigue toda su vida de pensionistas. A pesar que en la mayoría de los casos se trata de personas con muchos años cotizados a sus espaldas.
En esta reducción del ritmo del gasto en pensiones ha incidido y va a incidir más en la desaparición a partir del 2014 de la revalorización automática de las pensiones. Ya no se trata de una medida coyuntural fruto de la crisis, sino de un cambio estructural que va a provocar una pérdida importante del poder adquisitivo de las pensiones en los próximos años, que se sumará al que han sufrido entre el 2010 y el 2014, que ha sido del 3'8%. Un poco menos en el caso de las pensiones mínimas.
El nuevo sistema de revalorización de pensiones aprobado por el Gobierno Rajoy en 2013 comporta que en los próximos años los pensionistas van a ver como se deterioran sus pensiones iniciales.
Este 2015 las pensiones se revalorizaron un 0,25%, que en el caso de la pensión mínima supuso 1€ y 4 céntimos. Mucho menos que el coste de la carta que envió la Ministra de Empleo comunicando la subida.
El Gobierno del PP argumenta que eso supondrá mejorar el poder adquisitivo porque el IPC está ahora en el 0,1%. Con este argumento, el Gobierno ignora al menos dos cosas. Una, que el copago farmacéutico ha aumentado los gastos de los pensionistas. Y segundo, que el 0,1% de IPC en Julio obedece fundamentalmente a la caída del precio del petróleo, pero que algunas partidas han crecido mucho más. Por ejemplo, la alimentación, que es uno de los conceptos a los que los pensionistas dedican más parte de su pensión tiene a Julio 2015 un incremento interanual del 1,4%.
Lo más grave es que esa pérdida de poder adquisitivo de las pensiones se va a proyectar hacia la próxima década. El nuevo sistema de revalorización permite afirmar que hasta bien entrada la próxima década la revalorización se va a limitar al suelo del 0,25% anual. O sea que todas las subidas del IPC por encima del 0,25% van a suponer pérdida del poder adquisitivo, comenzando por el 2016 que tiene una previsión de IPC del 1%.
En resumen, la sostenibilidad de la seguridad social no pasa por más ajustes en la cuantía de las pensiones, sino en el aumento de los ingresos. Y existen márgenes suficientes para ello. Basta que el cadavérico sistema fiscal español aumente su capacidad de recaudación y la distribución equitativa de estos esfuerzos.
El gran riesgo para las pensiones viene, no de la economia, sino de la ideología y de los intereses de los mercados de capitales que la han puesto en el ojo de sus objetivos. Los sistemas privados de pensiones han tenido en España menos penetración que en otros países. Por tres razones, la escasa capacidad de ahorro con salarios de miseria, la histórica canalización del ahorro hacia la vivienda y la debilidad de los Planes de Pensiones de Empleo, es decir acordados en las empresas, como consecuencia de una estructura productiva con el 97% de empresas que son Pymes o micro-empresas.
La ofensiva, pues, de los Fondos de Pensiones pasa por "forzar" su comprapor determinados sectores de la población. Y las estrategias que se han puesto en marcha son, debilitar el conjunto de las pensiones. Y adoptar medidas que incentiven a determinados colectivos con cierta capacidad económica a subscribir Planes de Pensiones. Por eso se ha mantenido durante años congelada la pensión máxima. Por eso se penaliza aún más la jubilación anticipada de quienes están en la parte alta de los tramos de cotización.
Aunque la estrategia fuerte es la de intentar una nueva reforma que pase por obligar a que una parte de las cotizaciones de empresas y trabajadores se canalicen obligatoriamente a través de sistemas de capitalización de gestión privada. Que según los ultraliberales son más eficientes, escondiendo que los sistemas de capitalización son muy dependientes de los mercados financieros y que como se ha demostrado estos últimos años, sufren tanto o más que los sistemas de reparto las andanadas de la crisis. Y por supuesto tienen unos costes de gestión infinitamente más elevados que el sistema público. Como han podido comprobar todos aquellos que tienen suscrito un Plan Privado de Pensiones.
La batalla de los Planes de Pensiones no es solo económica, es también política. Y forma parte de la estrategia del capitalismo financiero para canalizar cada vez más parte de la riqueza mundial a través de mecanismos privados de gestión en detrimento de su gobierno público. Cuanto más recursos económicos se gestionan privadamente y menos públicamente, más poder político para los mercados y menos para las sociedades y los Gobiernos. Esta es una de las grandes batallas.