Analizar la situación democrática española es comenzar a llorar. Con sagaz inteligencia, como siempre, en una de sus viñetas escribía El Roto hace unos días: “Prohibido arrojar escombros en las ruinas”. Sobre nuestra democracia, la percepción que tienen la ciudadanía y la de la mayoría de los políticos (Rajoy es el paradigma aznariano de la “España va bien”), se encuentran en galaxias distintas. Me encuentro entre quienes, a esa frase de Aznar, le añadiría un rotundo NO. Y nos preguntamos: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?, advirtiendo de que de esta situación hay responsables con nombres y apellidos. Quizá sea tiempo de decir serenamente que estamos asistiendo a la erosión y al desencanto que producen en muchos españoles el panorama de políticos artificiales y culpablemente crispados, producto de la ambición por el poder, de la vulgaridad, incluso de incultura democrática y de la ignorancia de las propias obligaciones.
No queremos políticos mediocres que se atan a las rutinas y a los prejuicios; carentes de iniciativa, mirando siempre al pasado y poniendo su atención en paradigmas obsoletos; políticos que transforman su vida entera en una mentira metódicamente organizada, incumpliendo aquello que prometieron, saltando todas las líneas rojas que ellos mismos marcaron, siempre que les reporte un beneficio inmediato; dispuestos incondicionalmente a adular al poder; dóciles y maleables al peso de la opinión pública; ignorantes de que el hombre vale por su ser y saber y no por su poder. Me declaro partidario de esta clarividente sentencia de Séneca: “Existe mentira cuando se lleva a cabo lo que primero se negó”.
Tener tantos escombros amontonados en nuestro entorno, significa que hemos dado nuestra confianza y nuestro voto a gentes rapaceras, a políticos ávidos de poder y dinero, a administradores corruptos, a consejeros cómplices, a inspectores y jueces ciegos y a fiscales “amigos”. Cuando vemos cómo funciona nuestra democracia, se tiene la sensación de que el marco de nuestro sistema político está desfasado y superado y, como en los carteles de esos pisos que se quieren vender o alquilar, “Necesita reformas”.
Una de las conclusiones obvias -en una imaginativa ficción-, es que no somos los ciudadanos, sino “unos alienígenas”, los que eligen a los que hoy dicen representarnos; viendo cómo actúan, ya ni siquiera representan a quienes les votaron. Mis sensaciones me dicen que al frente de la política tenemos unos políticos poco preparados para dirigir a unos ciudadanos con demasiadas incertidumbres que exigen respuestas y soluciones. Recojo aquí una de las logradas viñetas de Forges sobre “blasillos” dialogando entre sí, mientras, sentados, contemplan una puesta del sol: “La democracia no es la culpable de los actos de sus dirigentes”; y contesta el otro: “Pues a ver si se nos mete en el cacumen; votamos lo que votamos y pasa lo que pasa”.
Tiene razón “el blasillo”; la democracia, como sistema político, no tiene la culpa. La democracia es un tesoro que no se consigue de una vez para siempre; hay que trabajarla y descubrir la profundidad que encierra ser demócrata; para ello, hay que estimular y consolidar en el ciudadano aptitudes intelectuales de exigencia crítica y fiscalización de la actividad política, con el fin de evitar esa obsesión de los políticos y los partidos, despreciando a la “gente”, por monopolizar las instituciones y controlar la mayor parte de los resortes de poder del Estado en interés propio y no comunitario. El deterioro de la calidad democrática está siendo más visible en España desde que se está recuperando una de las peores tradiciones patrias: la cultura del rencor y la envidia, apelando al miedo como estrategia política. Es el “momento de los ciudadanos”; así lo dicen hasta los líderes de la Unión Europea; es el tiempo de demostrar que estamos hastiados de tanta mentira y embuste, de tanto cinismo y promesas incumplidas, de tanta corrupción e impunidad, sin que apenas nadie asuma responsabilidad política alguna.
Observando la realidad y cómo actúan es indiscutible que los partidos políticos son instituciones escasamente democráticas. Existe la percepción de que sólo sirven para dividir a la gente; se critican permanentemente entre sí, y los intereses que persiguen, en la práctica, apenas tienen que ver con los de la sociedad. Existe una brecha palpable entre las promesas que lanzan y cómo las cumplen: cerrar esa brecha es un reto constante. Analizando brevemente la realidad que observamos, de modo especial, la desigualdad creciente entre quienes tienen todo y quienes nada poseen, cómo hemos solucionado los devastadores efectos de la crisis económica que hemos padecido y la respuesta europea y española que estamos dando al sangrante problema de los refugiados, nos debemos preguntar, con dudas e incertidumbre, si los partidos políticos son la solución o, por el contrario, son o aumentan los problemas. Superar ese bache es un reto político importante, de no ser así, puede ocurrir, como parece previsible (ya está sucediendo) que surjan en Europa grupos o partidos neonazis que, prometiendo, con mentiras y falsas verdades, le ofrezcan soluciones rápidas a todos sus problemas que hoy están sin solución, que es lo que tanta gente está deseando. Si los partidos políticos pierden el suelo de la realidad de la gente, nos podemos encontrar con todo tipo de teorías políticas peregrinas, pero que no solucionan sus problemas. Entonces, ellos son “el problema”.
Es enorme la frustración que genera entre la población el incumplimiento de promesas irrealizables ofrecidas en campaña electoral y, por otra parte, la inexistencia de soluciones rápidas y gestionables a problemas enrevesados cuya solución necesita diálogo y no propuestas desafiantes. La experiencia enseña que, pasado el entusiasmo por los fulgurantes éxitos, viendo cómo se frustran sus expectativas y esperanzas, pronto se enfrentan al abandono. Existen políticos que, como las bengalas, iluminan de repente el horizonte y centran la mirada atónita de los que las contemplan, mas, rápidamente consumidas, devuelven a la oscuridad a aquellos que iluminaron, La historia también enseña que no es infrecuente que muchos idólatras devengan, con el tiempo, iconoclastas.
No hay día en que no nos despertemos con un nuevo caso de corrupción sin que nadie, como si fueran imbéciles, se entere de nada: es la doctrina “Cristina de Borbón”; doctrina recientemente empleada en ese desfile de exministros y tesoreros del PP para declarar en el juicio del caso Gürtel: “No sabíamos nada. No lo recuerdo”. El desbarajuste de una sociedad comienza cuando anida y aumenta la corrupción sin que los que gobiernan se den por enterados, como si no fuese con ellos, cuando se ampara o se intenta justificar a los corruptos, cuando se quebranta la legalidad y los compromisos morales, esos que pueden no estar escritos en las normas legales, pero que son esenciales como condiciones del respeto debido a los ciudadanos, sin el cual se denigra la política y aumentan la desigualdad y las injusticias. La práctica de echar la culpa a “los otros” de los problemas y atribuirse el mérito de los logros es un defecto patrio. Razón tiene Victoria Camps al afirmar que “lo más escandaloso de nuestra sociedad es observar por qué cuesta tanto quitar de en medio a los corruptos”.
Es hora de demostrar que queremos un cambio, sin miedo y con orgullo; que somos mayoría los que no nos sentimos representados; que, por mucho que se empeñe el gobierno, el éxito económico no puede ser el criterio único de respuesta a los plurales y diferentes problemas que soportamos los españoles, pues el paradigma de una economía de éxitos macroeconómicos está muy alejado del mundo real y de la vida de muchos ciudadanos, repleta de desigualdades; los políticos populares y algunos economistas de las grandes cifras, afirman permanentemente que nuestra economía se está recuperando de la crisis financiera mundial, pero los ciudadanos no perciben esos efectos de forma suficientemente equitativa. El documento presentado por la Unión Europea, del que haré algunas reflexiones, señala a España entre los cuatro países con más desigualdad de la Unión Europea; de los 28 países que la forman -aún se incluye el Reino Unido-, sólo 3 (Letonia, Reino Unido y Estonia) están por debajo de España. De ahí que, “en nuestra condición conquistada de hombres libres”, los ciudadanos queremos ser los que tengamos en nuestra mano poder decidir quiénes han de ser los que nos gobiernen y cómo queremos que nos gobiernen: desde luego: “ni los ‘merkados’ ni la Merkel”.
Nuestra queja no se dirige contra un pasado hecho jirones, a todas luces agotado, por más que se quiera maquillar o disfrazar y que, con el “lampedusiano apoyo del falso regeneracionismo de Ciudadanos”, continúe gobernando el Partido Popular; nuestra queja existe porque palpamos cómo se ha arremetido durante los años del gobierno popular contra nuestros derechos sociales y ciudadanos y que aún tenemos que luchar por defender la educación, la sanidad, la dependencia y las pensiones. Existe una palpable incertidumbre de que no se nos puede ofrecer un futuro de bienestar social para todos, pues ya no nos bastan ni convencen las promesas y las exultantes declaraciones. De ahí que debamos defender y construir una regenerada democracia.
Acabamos de conmemorar, con excesivo entusiasmo, la celebración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas, que fueron el motor esencial del régimen del 78 y el inicio de un “pacto de convivencia” que nadie puede negar; pero hoy ese “corsé” aprieta demasiado; casi ahoga la convivencia. El pasado puede ser una advertencia, un referente histórico, pero no puede estar condicionando el futuro. Entre otros ejemplos a analizar, estamos viendo cómo los independentistas catalanes, para justificar su “pretendido derecho a decidir” recurren “cínicamente” a las mismas leyes que el Gobierno utiliza a su vez para prohibirlo; es decir, las mismas leyes “sirven a unos y a otros”.
Comparto algunas reflexiones que el profesor Vicenç Navarro desarrolla en su recomendable artículo de Nueva Tribuna, de que las leyes que nos dimos y nos hemos ido dando reflejan el enorme dominio que los movimientos conservadores tienen aún en el Estado español. Le parece una obviedad resaltar que la transición de la dictadura a la democracia se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras, que controlaban el aparato del Estado de la dictadura y la gran mayoría de los medios de información del país. Mientras, los movimientos democráticos de izquierda, que acababan de salir de la clandestinidad, pero que jugaron un papel clave para acabar con el franquismo, estaban en una situación de claro desequilibrio de fuerzas en las mesas de negociación donde se pactaba la transición. No tuvieron la suficiente fuerza entonces para romper claramente, con el régimen anterior. Y este problema continúa sin resolverse. De ahí que sea necesario restablecer la confianza, promover el consenso y generar un sentimiento de pertenencia a “una Nación que envuelve a una pluralidad de nacionalidades, con pluralidad de sentimientos, incluso con distintas sensibilidades en los sentimientos y en la pertenencia”; entiendo que lo que escribo sea difícil de comprender, pero no imposible.
Esta crítica situación de la democracia española, en la que los recortes de los derechos sociales son evidentes, no son simplemente una crítica al sistema político, económico o ideológico que nos dimos, sino que también afecta a ese incierto futuro político en el marco de una Unión Europea que de nuevo tenemos que definir. Analizando las encuestas periódicas del Eurobarómetro es evidente que existe una desafección generalizada en las instituciones europeas por parte de ciudadanos y gobiernos y un ambiente de crítica hacia la actuación de los poderes públicos comunitarios.
Ante esta situación, hace algunos meses, la Comisión Europea hizo público un “Libro Blanco sobre el futuro de Europa: Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025”. Es un estimable documento para el debate sobre hacia dónde quiere ir la Unión Europea tras 60 años de la firma del Tratado de Roma; lo prologa Jean-Claude Juncker. El presidente de la Comisión Europea ha pedido a todos los miembros del Colegio que actúen políticamente en los Estados miembros en diálogo con los ciudadanos, presentando la agenda común, escuchando ideas y comprometiéndose con las partes interesadas. Asistí hace días en la Oficina de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, presentando el documento, a un diálogo ciudadano con Stefano Manservisi, Director General de Cooperación Internacional y Desarrollo,
Según sus palabras, el documento invita a la reflexión sobre los logros alcanzados y a recordar los valores que nos unen. Se inicia con un recuerdo histórico al manifiesto “Di Ventotene”: “Por una Europa libre y unida”, para que jamás se repitiesen los “antiguos absurdos” de una Europa en guerra y se iniciara un viaje único y ambicioso de integración y reunificación de Europa, acordando resolver los conflictos en torno a una mesa, en lugar de en los campos de batalla; es decir, sustituir el recurso a las fuerzas armadas por la fuerza de la ley; el libro analiza, asimismo, los factores impulsores del cambio necesario en el próximo decenio y presenta una serie de escenarios de cómo podría evolucionar Europa de aquí a 2025, pues nos enfrentamos a retos importantes, para nuestra seguridad, para el bienestar de nuestros pueblos, para el papel que Europa deberá desempeñar en un mundo cada vez más multipolar; en síntesis: una Europa unida de Veintisiete que, como señala Juncker, debe configurar su propio destino y perfilar una visión de su propio futuro. Abre un debate que debería ayudar a centrar la reflexión y a encontrar nuevas respuestas a una vieja pregunta: ¿Qué futuro queremos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra Unión?
Pero el debate que propone la Comisión en el Libro Blanco se plantea en un momento en que el proyecto europeo y su método de funcionamiento (la “gobernanza”) atraviesa una crisis estructural y una situación de desprestigio creciente; así lo ve, en un magnífico y crítico artículo sobre el Libro Blanco, titulado “España en una Europa en desintegración”, Ricardo Gómez Muñoz, Consultor en políticas públicas y europeas. En él me apoyo para hacer estas reflexiones.
Los que estamos atentos a los movimientos actuales de la UE, asistimos al fantasma de la fragmentación y el ascenso de la extrema derecha, incluso de atisbos fascistas y a una amenaza creciente de tendencias desintegradoras. Signos claros de esta fragmentación y de su desprestigio creciente, como señala Gómez Muñoz, son, por ejemplo: la salida de Gran Bretaña tras el triunfo del Brexit; las nefastas consecuencias de las políticas de austeridad y de ajuste estructural llevadas a cabo, frente al reforzamiento de las políticas sociales y de empleo que ha ido recortando derechos ciudadanos, destruyendo economías y aumentando el desempleo y los niveles de pobreza; el surgimiento de fuerzas conservadoras nacionalistas antieuropeas de derecha y extrema derecha; la cobardía, el miedo o el silencio mostrado por muchos jefes de gobierno europeos ante la hostilidad mostrada por Trump hacia el proyecto de integración europea y hacia Bruselas, ciudad a la que calificó de “agujero del infierno” durante su campaña electoral, hasta llegar sostener que la Unión Europea es un vehículo al servicio de los intereses de Alemania; la evidente subordinación a los intereses de las corporaciones transnacionales y la gran banca…
En el documento se echa en falta un análisis serio y una evaluación autocrítica previa de la situación de crisis estructural por la que atraviesa Europa. Sin duda sería una paso previo y necesario que ayudaría a entender mejor lo que está pasando y dónde estamos en la fase de integración / desintegración del proyecto europeo. Lo lógico es primero reflexionar sobre la dolencia, para después seleccionar el tratamiento. En ningún momento el documento hace referencias concretas a los jalones que han llevado a esta situación de tensión y crisis en que nos encontramos, aunque de forma global reconoce que: “La Unión ha estado por debajo de las expectativas en la peor crisis financiera, económica y social en la historia de la posguerra”; que “la recuperación está mal distribuida entre la sociedad y las regiones”, hasta el punto de que las secuelas de la crisis “han sembrado dudas acerca de la economía social del mercado”.
La situación actual es heredera de las contradicciones que arrastra el proceso de integración europeo, que viene marcado por una disfuncionalidad entre la integración económica y la integración política y la falta de una auténtica separación de poderes a la hora de tomar las decisiones fundamentales que afectan a la vida y los intereses de los ciudadanos europeos.
La crisis de 2008 fue un pretexto para enterrar los restos del llamado “Modelo Social Europeo”, cada vez menos social, con la anuencia de las instituciones europeas (la Comisión, el BCE, el Eurogrupo, el FMI, el Consejo) cada vez menos democráticas en su funcionamiento y menos transparentes en su forma de gobernar, con sus políticas comunitarias, marcadas a sangre y fuego por la ortodoxia neoliberal como “pensamiento único”. El neoliberalismo ha sido impuesto por la “gobernanza” europea e implícitamente adoptada como ideología constituyente en el Tratado de Lisboa y refrendada en los tratados posteriores y vaciando de contenido las políticas progresistas de convergencia económica, y de cohesión social a nivel europeo que formaban la reivindicada “Europa Social”; basada en la defensa y reapropiación de lo común y en la garantía de los derechos humanos fundamentales, cuyos pilares eran los sistema de protección social, los servicios públicos y las mejores normas para la protección del medioambiente.
Consciente el señor Juncker de esta desafección ciudadana y de la amenaza creciente de tendencias desintegradoras, anima a que que el debate que representa el Libro Blanco sea una contribución de la Comisión Europea a un nuevo proyecto europeo al poner en marcha un proceso en el que Europa decida su propio camino. “Queremos definir -escribe Juncker- los retos y las oportunidades que nos esperan y exponer las opciones de que disponemos para responder colectivamente”. El documento de la Comisión presenta los siguientes cinco “escenarios” o alternativas para la futura UE, ya sin Gran Bretaña, en 2025:
- Seguir igual. Es decir, la UE a 27 se centra en cumplir su actual programa de reformas con el peligro de que la integridad de la UE pueda verse en entredicho.
- Solo “mercado único”: se centra gradualmente en el mercado único, preservando las cuatro grandes libertades (personas, mercancías, servicios y capitales). La cooperación sería limitada y “se pondría en riesgo la integridad de la moneda única y su capacidad para responder a una nueva crisis financiera”.
- La UE a varias velocidades: los países que deseen hacer más podrán hacer más. Se trata de incentivar varias velocidades en las agendas fundamentales de los países al objeto de evitar que los vetos impidan avanzar a quienes quieren hacerlo.
- Hacer menos, pero de forma más eficiente. La UE-27 intensificaría su trabajo en un limitado número de ámbitos, tales como la innovación, el comercio, la seguridad, la migración la gestión de las fronteras y la defensa. Se dejarían de lado las políticas que pueden hacerse mejor a nivel nacional, regional o local.
- Hacer mucho más conjuntamente en todos los ámbitos políticos. Una Europa con voz única cara al exterior con grandes transferencias de poder desde los estados nacionales a las instituciones europeas. El escenario final sería el de los Estados Unidos de Europa, con un mayor presupuesto centralizado, una mayor injerencia en materia fiscal, social y tributaria, la posibilidad de vetar las cuentas nacionales, la emisión de eurobonos y con la creación de un ejército europeo
Para Gómez Muñoz estos cinco escenarios, en último término, aunque con ciertos matices, se orientan en la misma línea gradualista de reforzamiento del mercado único: los aspectos comerciales, financieros y monetarios; echa en falta la posibilidad de introducir cambios hacia un modelo económico social alternativo ya que no sirven para avanzar en la unidad política, fiscal y presupuestaria y en la convergencia social europea. En el fondo, las cinco alternativas no son más que la agenda política de las dos corrientes o fuerzas dominantes a lo largo de las últimas décadas: el PPE de conservadores y democristianos y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, el S&D, que han ido convergiendo poco a poco hacia una misma postura de apoyo a la globalización neoliberal.
Más que una cuestión de velocidades -según Gómez Muñoz-, un escenario alternativo desde un ciudadano de izquierda exigiría un cambio de rumbo en el proyecto de integración y unidad europea que vaya más allá del planteamiento tecnocrático actual. Para ello es necesario iniciar un proceso constituyente y, al igual que en España es necesaria una reforma constitucional, Europa necesita una nueva Constitución, que respete los valores fundamentales y los principios democráticos, abriendo la posibilidad a un orden económico social alternativo. Capaz -en palabras de Gómez Muñoz- de suscitar la adhesión de los “ciudadanos” europeos; cuyos valores y objetivos sean: la democracia real y la libertad, los derechos y la igualdad a todos los niveles, el reconocimiento efectivo de la dimensión de género, la justicia social y climática, la dignidad y el trabajo, la solidaridad y la acogida, la paz y la sostenibilidad del medio ambiente.
Parece ser, por sus declaraciones, que el presidente de la Comisión Europea, se inclina por el escenario 3. una Europa a varias velocidades. Y, desde España, es sorprendente que a este escenario parece apuntarse también el presidente del gobierno, señor Rajoy, sin que los ciudadanos conozcan aún el documento, sin haberse llevado a cabo el necesario debate parlamentario, ni consulta popular alguna. Siempre habrá que recordarle al señor Rajoy que “cuando alguien cree que todo lo sabe, rechazará que le enseñen”. Sin haberse llevado a cabo aún el debate, esta toma de postura predeterminada resulta un indicador claro de cómo funcionan las cosas en España y en Europa: “todo para los ciudadanos, pero sin los ciudadanos”; y más, viendo la imagen de un Parlamento Europeo, en sesión general, vacío de europarlamentarios, pero que no dejan de cobrar su magra nómina con el dinero de todos los ciudadanos europeos.
Otra España y otra Europa son necesarias; es urgente, pues, abrir el debate y sacarlo a la calle, fuera de los despachos de la Comisión, del Parlamento Europeo o las oficinas de lobbies y empresas multinacionales: es el momento de los ciudadanos. Nos tenemos que decir todos que “en tiempos difíciles, la actitud proactiva y solidaria marca la diferencia”.