No se puede pintar rayas blancas a un burro para que parezca una cebra. Tampoco que la Hada Madrina de la Cenicienta, al conjuro del “Todo se logra con solo decir: Bíbidi Bábidi Bu”, con una varita convierta en carroza una calabaza, si no es en la fantasía de los cuentos de Parrault. Y mucho menos que, en la calculada ambigüedad política de la “varita parlanchina del “Ada Colau”, unas leyes injustas se conviertan en justas. Unos de los valores más exigibles a un político es la credibilidad, la coherencia y la sinceridad. Los que vivimos y padecimos la dictadura y luchamos por la democracia, hoy nos felicitamos por el cambio y la incorporación de la juventud en el compromiso político, pero nos asustamos cuando vemos que la alternativa es la mediocridad. Es cierto que los votos legitiman al elegido; pero no convierten en buen político al que en su haber sólo posee “la agitación populista y callejera”.
Ignoro por qué en estos momentos cargados de incertidumbre y confusión, cercanos a un despeñadero, en los que nos jugamos la permanencia o no de Catalunya en una España plurinacional, por la cerrazón de dos políticos, que buscan enemigos en lugar de aliados, uno indolente, Rajoy y otro imprudente, Puigdemont, la alcaldesa de Barcelona mantiene esa permanente actitud de hacer excesivas declaraciones incomprensibles y contradictorias en su confuso estilo habitual; ha protagonizado ciertos bandazos que han desconcertado a propios y extraños. “Es partidaria de la desobediencia civil, pero no de la institucional”. “No pondrá urnas, pero sí votará”.
Quienes la conocen señalan que estos sorprendentes cambios de discurso obedecen a una estrategia de fondo: apoyar el referéndum evitando cualquier revés legal que pueda frenarle una carrera política que apunta a la Generalitat, primero, y a Madrid después.
Se olvida la señora Colau que, en una entrevista para el diario El País, en junio de 2015, partidaria entonces de un referéndum de autodeterminación, manifestó “Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen”. ¿Quién decide el carácter, justo o no, de las leyes? ¿Los Puigdemont, los Junqueras, las Forcadell, las Colau…? ¡Qué fácil resulta atribuirse cuando me conviene el derecho de determinar el carácter, justo o no, de las leyes, o el de arrogarse la potestad de repartir carnets de democracia!
Como se ha prodigado en estos días en numerosas entrevistas con ese confuso exceso de verborrea que utiliza - que le preguntas si es de día y te responde con el texto completo de “Persiles y Segismunda”-, se le escucha decir, con manifiesta ambigüedad, una cosa y su contraria. Colau se apunta ahora al referéndum que su gente “en comú” rechazaba ayer. Siempre tiene en su boca, como justificación para hacer lo que le conviene o le viene en gana: “haremos lo que diga o quiera la gente”, siempre que “la gente sea ella”, mientras se salta el compromiso de su partido y el deseo de la mayoría de sus electores. La alcaldesa de Barcelona, después de múltiples declaraciones contradictorias en su confuso estilo habitual, ha decidido apoyar a los independentistas de la antigua Convergència.
Aún recuerdo su ardorosa intervención, incluso con palabras gruesas, en la comisión de investigación presidida por David Fernández, entonces presidente de la CUP, sobre el fraude y la corrupción de la familia Pujol. Era presidente de Convergencia en aquel momento Artur Más. Colau, en su intervención, llegó a calificarles de “asesinos y ladrones”. Sin embargo, con la ambigua incoherencia con la que hoy gestiona, quien se jacta de ser una política transparente en demasía, no le duelen prendas en firmar pactos secretos con Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat y sucesor y heredero de aquellos líderes de Convergencia Democrática de Cataluña (a los que llamó “asesinos y ladrones”), convertidos hoy (camuflados o avergonzados) en el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), con el fin de cederle la gestión de los locales municipales para el referéndum del 1-O.
La señora Colau es olvidadiza a conveniencia: en los inicios del “procés”, en la consulta del 9-N de 2014, según dijo, votó sí a la secesión, pero matizó: “sólo para protestar”; más tarde, manifestó estar dispuesta a cumplir la ley; con posterioridad, en el mes de abril, en la Asamblea fundacional de su partido “Catalunya en comú”, abogó por un tipo de referéndum que fuera “efectivo, con garantías, vinculante y asumible por la comunidad internacional”; en estos días, en otra de sus contradictorias intervenciones ante los medios, sostiene que “el referéndum no es propiamente una votación sino una movilización”. Esperemos que, al depositar su voto, en el caso que haya urnas y que encuentre el colegio electoral que le corresponde, no vaya a introducir en la urna una pancarta en lugar de una papeleta…
Ada Colau sabe que, aunque los que voten piensen que es un referéndum, éste no será efectivo al no cumplir las condiciones principales: la referida al censo, ya que el Govern no tiene acceso al censo del INE, con el que se pueda garantizar la legalidad para ser algo más que una enorme movilización ciudadana, por muchos catalanes que se echen a la calle; también sabe, debe saber, que es un referéndum inviable sin las garantías internacionales, al no cumplir las principales recomendaciones internacionales para que su resultado sea reconocido; esas garantías no existen y así lo dictaminó la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, al afirmar que “la Generalitat de Catalunya no era competente para convocar un referéndum y, por tanto, contrariaba la ley”.
De ahí su calculada ambigüedad de “ceder y no ceder a la vez” las instalaciones municipales para el pretendido referéndum del próximo día 1, pues, bajo esa “generosa preocupación -lo repite de continuo- aparentando proteger a un tiempo el derecho a votar (en libertad, dice, cuando no hay garantía legal ninguna) y por salvar las posibles responsabilidades de sus funcionarios”, lo que en realidad pretende es sortear y salvar su responsabilidad penal, anteponiendo su seguridad personal, es decir (y con perdón): “salvando su culo”, a la vez que traspasa la responsabilidad penal al Govern.
Aunque como cientos de miles de catalanes repita “non tinc por”, ante el posible y antijurídico incumplimiento de la legalidad democrática y la ruptura de esa promesa que hizo de cumplir la ley y la constitución y hacerla cumplir, cuando accedió al cargo de alcaldesa de Barcelona, ¡cuánto “miedo tiene” de que esa ley le haga apearse de ese magnífico pedestal en el que está aupada como es la alcaldía de Barcelona! Una vez más se demuestra que es muy fácil mostrarse moderno y progre, protestando cuando poco te juegas y, en cambio, ganas mucho. Es, por tanto, ético recordarle a la señora Colau que desde las instituciones no se gobierna con falacias ni utilizando falsos dilemas; en situaciones comprometidas, como en la actual “situación catalana”, hay que saber cuál es la que más conviene a “toda la ciudadanía”, no sólo a los tuyos y, menos, la que más le conviene a ella; rehuir la difícil responsabilidad, apelando a las bases, es una manera poco valiente y muy ambigua de actuar seria y políticamente. Bien sabe ella que no se puede saltar la ley porque eso frenaría su carrera política.
Por otra parte, y aparcando la ambigüedad de la alcaldesa de Barcelona, considero que el derecho a decidir es legítimo, pero siempre que se cumplan las garantías. Al margen de las monsergas interesadas de unos y otros, como afirma el profesor Pons Rafols, en su artículo Legalidad internacional y derecho a decidir, “cualquier reivindicación legítima, expresada en términos democráticos y pacíficos, puede ser contemplada y discutida, siempre que se realice a través de los mecanismos que articula el estado de derecho y respetando las garantías que establece el imperio de la ley”. El marco legal puede ser modificado, pero para logarlo es preciso articular previamente un proceso político basado en el diálogo, la negociación y el logro de consensos y pactos lo más amplios posibles. Y esto, en estos años, ha fallado estrepitosamente.
Por otra parte, y no menos importante, al no ser un referéndum oficialmente reconocido, si lo que interesa es un resultado justo, ante la obligada neutralidad que deberían mantener el Govern y las instituciones de la Generalitat, en especial la de la Presidenta del Parlament, la señora Carme Forcadell, que ha demostrado de todo menos “sensatez, cordura, sentido común o inteligente humor”, es decir “el seny catalán” en el desempeño de su cargo, y frente a las permanentes manifestaciones en favor del “SI”, muchos ciudadanos catalanes, con los mismos derechos que los independentistas, echan de menos una necesaria campaña en defensa del “NO”, sin tener en cuenta con toda seguridad de que un importante número de votantes del NO, al sentirse objetivamente intimidados y porque sí “tinc por” no irán a votar.
“Volem butà!”, se escucha y se grita en estos días en todos los rincones de Catalunya. También otros muchos quieren votar, quieren decidir, pero lo quieren hacer “dentro de la ley”. Por desgracia, quienes así se manifiestan, se siente proscritos, insultados, vejados y hasta señalados, como escribí en un artículo anterior, sobre las “dianas” de Carles Puigdemónt y Jordi Sànchez, presidente de l'Assamblea Nacional Catalana, amenazándoles con esas erupciones verbales: “si no estáis con el independentismo ¡sois unos traidores y ateneos a las consecuencias!”… No son pocos los catalanes no independentistas y muchos alcaldes, la mayor parte socialistas, los que han manifestado que se les está amenazando, intimidando, insultando, coaccionando y recibiendo presiones de los sectores independentistas; incluso, con intencionados y peligrosos grafitis en sus puertas, como hacían los nazis con los judíos y los de ETA con “los españolistas”.
Para finalizar, la negativa del Partido Popular y del indolente Rajoy a tomar en consideración la mayoritaria voz del pueblo catalán a convocar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña y su pasiva actitud a conocer la opinión del pueblo catalán sobre el derecho a decidir, pone en evidencia el gran déficit democrático que tienen las minorías en España para expresarse en un asunto de especial trascendencia política y social; y esto se hace más evidente cuando se ponen todos los obstáculos políticos para impedirlo como lo ha hecho y continúa haciéndolo el Partido Popular. La legalidad y la política construyen la democracia, y sin aquellas, la democracia se va “al carajo”, porque entonces, nadie gana y todos perdemos. Con Rajoy en el gobierno podemos perder un pueblo o una nación -como ellos dicen- como la catalana que después de lo que está sucediendo, afectiva y sentimentalmente ya han desconectado de España, pues no quieren formar parte de ese marco común de convivencia que a todos nos unía. Y, en mi opinión, en este punto concreto, la responsabilidad total la tiene Mariano Rajoy.
Ese cúmulo de tantos engaños y enfrentamiento solo lo habían logrado hasta ahora en Europa los ingleses con el Brexit; y, en estos momentos, muchos de ellos están asustados y expectantes por las incógnitas de lo que les pueda venir. Mientras, en España, unos líderes mostrencos, mediocres e incapaces para el diálogo, han optado, Puigdemont y los “suyos” por imponer “su discutible legalidad”; Rajoy, indolente como siempre y “sus populares”, por dejar que sean los jueces, tribunales y fuerzas de seguridad quienes apliquen la legalidad; y la señora Colau, coqueteando con los secesionistas, a la vez que nada y guarda “su ropa”, en una calculada ambigüedad. ¿Y los restantes ciudadanos qué hacemos mientras?: esperando a que llegue el 1-O y después: ¡a ver qué pasa!