Para UGT el CETA no da ninguna prioridad a los estándares sociales, laborales y medioambientales sobre los intereses comerciales; ni establece los necesarios mecanismos de sanciones legales que castiguen las infracciones de la legislación laboral y medioambiental
El visto bueno del Parlamento Europeo del tratado comercial y de inversión entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA, en febrero pasado, supuso, sin duda, uno de los últimos grandes reveses a la clase trabajadora que obliga a la movilización este Primero de Mayo, y abunda en la lamentable impresión de que en política siguen primando los intereses de las grandes corporaciones frente a los de las trabajadores y trabajadores europeos y a los de la ciudadanía, en general.
El CETA es uno de esos tratados de comercio injusto en el que la mayor parte de la sociedad civil seguimos observando muchas –demasiadas- incertidumbres legales, y en el que los sindicatos de clase vemos un nocivo instrumento que supondrá la pérdida, a medio plazo, de decenas de miles de puestos de trabajo.
Aunque modestamente satisfechos por los resultados obtenidos para cambiar algunos aspectos del CETA, producto de un gran trabajo en Bruselas, España y Canadá, desde la Unión General de Trabajadores seguimos considerando que no son suficientes. Y que los intentos para mejorar al CETA utilizando el instrumento interpretativo conjunto y las 38 declaraciones unilaterales del Consejo, de la Comisión y de los Estados miembros, apenas han servido para mejorar los contenidos ni para vencer los esfuerzos de liberalización de la Comisión Europea.
El movimiento sindical europeo considera al CETA, injusto y desigual y UGT ha explicado las razones de este rechazo en numerosas ocasiones en todos los foros en los que participa: porque no asegura el empleo ni las condiciones del mismo –sino que se facilita su precarización-, porque no se asegura la calidad, titularidad y gestión óptima de los servicios públicos (seguimos creyendo que deberían ser definidos de manera más amplia y quedar lo suficientemente protegidos ante los mercados mediante cláusulas específicas) o porque sigue siendo ambiguo y confuso respecto a la protección de las inversiones y la resolución de disputas inversor-Estado (independientemente del nombre que se haya dado al mecanismo, el sustantivo “tribunal” no supone ninguna garantía de independencia ni de igualdad. ¿Es realmente necesario que en los estados democráticos constitucionales se requieran derechos especiales para los inversores privados?).
Para UGT el CETA no da ninguna prioridad a los estándares sociales, laborales y medioambientales sobre los intereses comerciales; ni establece los necesarios mecanismos de sanciones legales que castiguen las infracciones de la legislación laboral y medioambiental.
La salubridad y calidad de los productos que consumimos, la identidad y sostenibilidad de nuestras zonas rurales, la viabilidad de las PyMEs, y la propia igualdad de hombres y mujeres (¡sí, también!) abundan en las razones que nos hacen considerar al CETA como un peligro para las condiciones de vida de los ciudadanos.
Por todo esto, UGT, que sigue defendiendo y promoviendo acciones en favor de un comercio justo, inclusivo, que cree riqueza y progreso igualitarios, anima a movilizarse este Primero de Mayo y a salir a las calles a alzar nuestra voz contra el CETA. Porque la derogación de la reforma laboral o la recuperación salarial serán más difíciles con instrumentos como el CETA.
Este Día Internacional de los y las Trabajadoras saldremos a las calles a manifestar que nuestros derechos, nuestro trabajo, nuestra calidad de vida y de nuestra democracia pasan necesariamente por un comercio que respete normas justas y democráticas. Y por ello pediremos a los diputados y diputadas españolas que digan NO AL CETA en el Parlamento español. Porque no hay excusas.