Yo si fuera escocés…

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De los grandes asuntos sobre los que las izquierdas tendrían que ir definiéndose en una perspectiva de acciones unitarias y de establecimiento de acuerdos que les permitan desplazar del poder al ‘partido de la corrupción’ para dar paso a un gobierno de progreso, están las dos cuestiones que recientemente José Borrel ponía encima de la mesa con motivo de la presentación –mano a mano con Íñigo Errejón- del libro “Al fondo a la izquierda”, escrito por Jesús Maraña periodista, director del periódico digital Infolibre:

¿Qué Estado (y qué organización territorial) y qué modelo económico (o qué modelo productivo y de desarrollo y qué estructura social)?

 ¿Cuáles son las discrepancias y cuales las coincidencias entre PSOE y PODEMOS (PD’s) con respecto a cada una de esos dos interrogantes?.

Aquí se tratará de hacer una primera aproximación a la primera de esas cuestiones.

Con motivo del anuncio de celebración de una votación en Cataluña el próximo 1 de octubre se pone de manifiesto una desconcertante y hasta dramática paradoja:

Los partidarios de la independencia a pesar de estar convencidos -como sin duda lo están- de que en un referéndum propiamente dicho sería altamente dudoso -por no decir imposible- que triunfase su opción, insisten en convocarlo.

Por su parte, tanto los que están firmemente dispuestos a impedir por cualquier medio su celebración, como los que simplemente no son partidarios de la misma, aun estando igualmente -o todavía más- convencidos de que la opción defendida por quienes abogan por la independencia no saldría adelante en estos momentos, persisten en su negativa a que, ni ahora ni nunca, tenga lugar su celebración.

La citada imposibilidad resultaría todavía más cierta o segura–y todos los saben- bajo la exigencia de una mayoría cualificada, cualquiera que fuese el porcentaje de participación, y por tanto mucho más improbable aún el éxito de quienes están por la independencia en la medida en que se hubieran llegado a determinar y cuantificar ambos umbrales : el de la mayoría necesaria y el de participación, lo cual solo cabe hacerlo mediante pacto o acuerdo previo entre los partidarios de las opciones enfrentadas.

Pero lo cierto es que quienes se oponen en bloque a la votación del 1-O en ningún momento han sugerido la conveniencia –ni siquiera la remota posibilidad- de participar en la determinación de esas condiciones indispensables para una consulta efectiva.

Así pues curioso juego este en que el seguro perdedor se aferra al reparto de cartas y en cambio el más que probable ganador rehúsa a sentarse ni siquiera en la mesa de juego.

Y es que, como todas las paradojas, ésta oculta una no-verdad porque lo que en realidad en este caso se dirime una vez más –y hay que suponer que ambas partes lo saben bien - no es lo que aparentemente se está sometiendo al veredicto de los votantes, sino más bien algo previo y aún más fundamental como es el reconocimiento de su propia condición de votantes, es decir de su capacidad para poder decidir sobre la materia sujeta a escrutinio.

Siendo esto así, lo que de ello cabe deducir es que pese a los múltiples vericuetos y avatares por los que ha discurrido el procés, nos encontramos lamentablemente aún –se quiera o no reconocer -en la ‘primera pantalla´, es decir en la todavía no dilucidada primera parte de la doble pregunta del 9-N es decir : ¿quiere que Catalunya sea un Estado?, es decir aquella cuya respuesta traza ya una primera divisoria entre dos campos bien delimitados: ‘soberanistas’ y ‘unionistas’ ; dos campos que a todos los efectos es preciso deslindar y medir mediante formas y procedimientos irrebatibles , es decir los propios del método democrático. Y es ahí donde ha de entrar en juego la política en vez de confundir delegando en quienes –como los jueces- no están llamados a hacerlo. Política para ordenar el conflicto mediante la deliberación y el establecimiento de las reglas que permitan traducirla después en decisión. Porque en eso tendría que consistir ante todo la acción política: en la creación de cauces para que ambas –deliberación y decisión- discurran.

Solo así podrá abordarse, si llegase el caso, a la segunda parte de aquella pregunta o sea la que –en ‘segunda pantalla’- opera con la distinción dentro del mismo campo soberanista entre quiénes son partidarios de la independencia -“un Estado independiente bajo forma de República”- y quienes, no siéndolo, abogan por fórmulas distintas y más abiertas de organización de un Estado plurinacional de corte inequívocamente federal (o confederal). Distinción esta segunda que igualmente, pero no al mismo tiempo, habría que sujetar tras ello al correspondiente refrendo en las urnas.

1Con participación del 84,6% de su electorado Escocia celebró un referéndum (vinculante, off course!) en 2014 (el 28 de septiembre hará 3 años) por el que los partidarios de la independencia no alcanzaron la mayoría suficiente para lograrlo, al quedar 5,3 puntos por debajo de la mayoría simple de los votos emitidos (mitad más uno). La celebración de ese referéndum había sido previamente pactada con el gobierno del Reino Unido casi un año antes (noviembre de 2013)

Por entonces se repitió hasta la saciedad -y aún se sigue haciéndolo- que entre Escocia y Catalunya las diferencias eran de gran calado, subrayando lo poco que una y otra tienen que ver. Menos se han resaltado algunas semejanzas muy determinantes y al mismo tiempo muy significativas, para establecer analogías estructurales entre ambas realidades. Sobre estas últimas tendremos pronto ocasión de volver en un próximo artículo, pero comencemos por recordar primero algunas de esas diferencias:

Mientras que Escocia celebró su referéndum tras haberlo podido pactar previamente con el gobierno del Reino Unido, Catalunya celebró por esas fechas (9-N 2014) una consulta (‘proceso participativo’) no autorizada por el gobierno del Reino de España quien con posterioridad en vez de acudir a la política requirió a la justicia para que criminalizase y sirviese de escarmiento a sus promotores.

Éste sigue en la actualidad en idéntica negativa a que Catalunya ejerza mediante la convocatoria de un referéndum el supuesto derecho a decidir que según las mayoritarias fuerzas políticas soberanistas de ese país / nación les asiste.

En aquella ocasión con una muy alta pero insuficiente participación la pregunta se desdobló en las dos que más arriba se han descrito.

Pese a la rotunda respuesta afirmativa a ambas (algo menor respecto a la segunda), la cuestión no quedó suficientemente dilucidada. Prueba de ello es que sus promotores, no obstante lo abultado de su “triunfo”, trataron de explorar caminos alternativos (elecciones ‘plebiscitarias’) de un modo que se ha demostrado más bien errático respecto a su finalidad última.

El Reino Unido carece de Constitución escrita aunque el arraigo y la tradición de su condición democrática nadie se atrevería a poner en duda. Conoce muy bien que ,con independencia de los textos legales, en democracia no solo rige el principio de mayoría a la hora de conformar la voluntad política, sino que con idéntica importancia las minorías han de ser respetadas, lo que en el juego político entablado para conformar las decisiones significa que dichas minorías han de tener garantizada la posibilidad de convertirse algún día en mayoría, en ausencia de cualquier factor estructural que lo imposibilite o de cualquier otro condicionante normativo que lo dificulte hasta el extremo de hacerlo, en la práctica, igualmente imposible.

Por ello, entre otras razones, a nadie en su sano juicio pudo pasársele por la cabeza esa falaz y peregrina idea tan extendida por estas latitudes de que en el referéndum a convocar sobre la independencia de Escocia votasen los demás ciudadanos del Reino Unido, además de los escoceses. Algo así como si el que insta el divorcio en un matrimonio tuviese que contar con el deseo y la opinión no solo del otro sino además con la de los descendientes y demás parientes de ambos, más o menos próximos (afectados sin duda por lo sometido a decisión).

El Reino de España sí tiene en cambio desde 1978 una Constitución escrita, la cual blindó, en la práctica a modo de ‘cerrojo’ –con las fuerzas armadas como garantes en último término (art. 8.1)-cualquier posibilidad realizable de reconocimiento expreso a las naciones integradas en dicho Reino, para que en ejercicio de su soberanía, con todas sus consecuencias, pudieran formar si llegase el caso nuevos y propios Estados, con relaciones más o menos intensas con el que englobaría al resto del actual Reino.

Blindaje que en la práctica se extiende de modo indiscutible a cualquier reforma orientada en el sentido antes indicado y que ha llevado a la conclusión de algún reputado constitucionalista a afirmar que esta CE78 que consagró en su artículo 1 sus principios más inmutables, es por su propia naturaleza prácticamente irreformable en lo que atañe a dichos principios; y muy difícilmente alterable en todo aquello que puede ser impedido por una mayoría de bloqueo que, en el Congreso y sobre todo en el Senado, puede formarse con cierta comodidad- tal y como ocurre en este preciso momento- gracias a un sistema electoral igualmente blindado por la propia Constitución que mediante una ‘desviación calculada’ falsificó el principio de igualdad en la representación política.

A partir de diferencias tales y sin necesidad de acudir a otras puede comprenderse bien el atolladero en que se ha ido convirtiendo la llamada “cuestión territorial” cuya expresión más aguda en la actualidad no es otra que el conflicto institucional con Catalunya.

Conflicto que, en cualquier caso, requiere hacer memoria, al menos, de los hechos más recientes (de 2005 para acá), si es que se quiere de verdad indagar en los factores de causalidad para encontrar las claves que permiten su entendimiento. Por ahí habrá que recomenzar en algún momento.

2Entre tanto, a la pregunta que con no poca incontinencia verbal se hace y se contesta a sí mismo retóricamente Pablo Iglesias, yo- que como él no soy catalán, ni tampoco escocés-, respondería “I would prefer not to”, a lo que añadiría :

Simplemente yo trataría de seguir el ejemplo de los escoceses.