Señorías,
En nuestro país se están celebrando procesos judiciales que serían inconcebibles en cualquier otro país democrático. Más de 300 sindicalistas se enfrentan a juicios por haber participado en huelgas algo largo de los últimos años. Permítanme definirlo como una causa general contra el sindicalismo español. El último de ellos, en la localidad madrileña de Getafe, cuna de la aviación española y sede, desde 1923, de la empresa Construcciones Aeronáuticas (CASA) que, desde 1999, se integró en el grupo europeo aeroespacial EADS.
Un juicio, visto para sentencia, en el que se juzgaba a 8 sindicalistas de la factoría de Airbus, empresa perteneciente a ese grupo europeo, por haber formado parte, allá por 2010, de un piquete, a las puertas de su empresa, en la primera de las tres Huelgas Generales que los sindicatos CCOO y UGT hemos convocado a lo largo de esta dura crisis económica.
Todas esas huelgas tenían que ver con recortes laborales, a los que los gobiernos de turno definían como reformas, cuando constituían, tan sólo, el más burdo y brutal intento de trasladar los costes de la crisis a los trabajadores y trabajadoras de este país. Las causas eran justas y los medios absolutamente legales, democráticos y constitucionales. La huelga y la manifestación son instrumentos pacíficos, con los cuales expresamos nuestro malestar y nuestras reivindicaciones.
Miren, Señorías, yo fui uno de los convocantes de esas huelgas en Madrid, porque durante aquellas tres Huelgas Generales, era Secretario General de las CCOO de Madrid. Ya saben ustedes que, aunque existe una convocatoria general de ámbito nacional, hay que convocar en cada Comunidad Autónoma, porque son estos gobiernos los que terminan fijando los servicios mínimos en los servicios considerados esenciales, como la sanidad, la seguridad, o el transporte público. Servicios mínimos que, con demasiada frecuencia, terminan siendo declarados abusivos por los tribunales, sin mayores consecuencias políticas, civiles, o penales, para quienes los dictaron, aún a sabiendas de que ya fueron declarados abusivos en ocasiones anteriores.
Si algo ocurrió, fuera del estricto cumplimiento de la legalidad, durante aquellas huelgas, sería yo uno de quienes se debería encontrar sentado ante sus Señorías, en el banquillo y no los trabajadores de Airbus, que secundaron la Huelga, como lo han hecho siempre y en todos los casos, en un acto de solidaridad con quienes más sufren los recortes y la pérdida de derechos.
No me siento responsable de quienes, amparándose y escondidos en un piquete, aprovechan la ocasión para provocar el desencadenamiento de una violencia, que terminamos pagando los trabajadores y trabajadoras, que no podemos escapar al galope de las cargas policiales. Pero sí respondo por los sindicalistas de Airbus, porque siempre han ejercido, con absoluta responsabilidad, su tarea de intentar llevar a buen puerto el desarrollo de la Huelga, impidiendo cualquier acto de violencia. Y las huelgas en la factoría de Airbus son masivas. También lo fue en aquella ocasión.
Miren ustedes, Señorías, he visitado varias veces la factoría de Airbus. Se trata, ya lo he dicho, de un proyecto europeo, en el que participa España. El sindicalismo en esta empresa es un sindicalismo con buenas relaciones con los sindicatos de las factorías alemanas, o francesas, principalmente, a través de su Comité de Empresa Europeo. Las relaciones con la empresa gozan de buena salud y nuestros sindicalistas están acostumbrados a negociar las duras y las maduras con absoluta responsabilidad, pensando siempre en el empleo y en el futuro de la empresa.
En cada visita, los compañeros y compañeras, me han enseñado con orgullo los productos de alto componente tecnológico que elaboran, defendiendo como propia la participación española en los proyectos aeronáuticos y aeroespaciales de los que forman parte. Apostando siempre por la mayor participación posible de nuestro país en los mismos. Es una de esas empresas en las que los sindicalistas velan para que los jóvenes que se incorporan a la empresa, con una cada vez mayor presencia de ingenieros o titulados superiores, lo hagan en las mejores condiciones posibles y con plenitud de derechos.
Por hablar de alguno de ellos, pondré como ejemplo a José Alcázar, uno de esos sindicalistas hoy procesados. Su trayectoria, hasta el momento de la jubilación, ha sido intachable, alcanzando los más altos niveles de responsabilidad en el Comité Intercentros de las factorías españolas de EADS-CASA y en el Comité de Empresa Europeo. Dentro del sindicato, en algunos de los más duros momentos que me tocó vivir al frente de las CCOO de Madrid, siempre supo poner sensatez y entendimiento entre las posiciones confrontadas, con paciencia infinita y hasta conseguir que el acuerdo se abriera camino.
No me cabe en la cabeza, que personas así, se vean ante un tribunal por el hecho de haber participado en una Huelga General y pese a no haberse producido daños materiales, ni mucho menos humanos. No me cabe en la cabeza, ni me parece justificable, en modo alguno, que 8 de estos sindicalistas hayan sido elegidos al azar, días después de la huelga, en una especie de saca predeterminada, para ser encausados.
No puedo entender este largo, lento y tortuoso procedimiento judicial, al que se han visto sometidos durante años, cuando nada en los hechos, puede demostrar otra cosa que el desarrollo de una huelga, en una empresa, durante la cual un policía nervioso, se lía a disparar tiros al aire. Sin esos disparos, sin los casquillos recogidos por los presentes y sin la necesidad de justificar los mismos, probablemente no se hubiera producido este desgraciado desencadenamiento de actuaciones judiciales. Sin eso y sin que a alguien se le haya ocurrido utilizar la justicia para dar una lección imborrable y disuasoria a quienes participen en el futuro en una huelga general.
Pero aún me cabe menos en la cabeza que el ministerio fiscal haya pedido condenas iguales, para todos y cada uno de ellos, de más de 8 años de cárcel por sindicalista, acusándoles de los mismos hechos. Ignorando que las peticiones de condena deben basarse en la identificación de los actores y en la proporcionalidad con los daños causados.
Unas peticiones de condena que suponen el doble, por cada sindicalista, de lo que se pide para Rato, o para Blesa, por poner algún ejemplo y mucho más que las peticiones de condena habituales para violadores, pederastas, defraudadores, prevaricadores y demás imputados en decenas de tramas corruptas, que campan a lo largo y ancho de este viejo país ineficiente.
Insisto, nada justifica que el ministerio fiscal pidiera más de 8 años de cárcel, para 8 sindicalistas de Airbus, cuando ningún daño material, ni mucho menos personal, lo justifica. A no ser que pretendamos que perviva la imagen nefasta de un sistema judicial diseñado para robagallinas y, añado yo, para sindicalistas y tal vez, para titiriteros.
Es obligado reconocer, Señorías, que los 8 de Airbus han contado, con un magnífico equipo de abogados, de esos que heredaron lo mejor de los Abogados de Atocha y de los despachos laboralistas en los que se forjaron Manuela Carmena, María Luisa Suárez, Antonio Montesinos, Pepe Jiménez de Parga, Cristina Almeida, Jaime Sartorius, Francisca Sauquillo, o Manolo López, entre otros muchos.
Un equipo, en el que no podía faltar Enrique Lillo que, con las armas del derecho en la mano, ha conseguido poner en jaque a la todopoderosa multinacional Coca-Cola y sus desmanes contra sus trabajadores en España. Ningún responsable de dicha empresa ha dado con sus huesos en la cárcel por vulnerar leyes, incumplir sentencias y haber recibido condenas por vulnerar el propio derecho de huelga. Acabo de enterarme de que CCOO de Castilla-La Mancha han decidido concederle su premio anual Abogados de Atocha.
Como no podía faltar, en este equipo de defensores, Antonio García, que, entre otras muchas causas, persiguió desde las CCOO el genocidio del dictador guatemalteco Ríos Montt y sus cuadrillas militares y paramilitares, contra los pueblos indígenas.
Tal vez por eso, por la inconsistencia de las pruebas y la firmeza de nuestros defensores, la Fiscalía ha terminando retirando los cargos contra dos de los ocho sindicalistas y rebajando las peticiones de cárcel a cuatro años y medio para el resto. Tal vez, también, por el malestar social sembrado entre la clase trabajadora de toda España. Tal vez por la solidaridad nacional y la internacional de la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Europea de Sindicatos.
Tal vez por el apoyo, dentro y fuera del país, de personalidades como el expresidente uruguayo José Mújica y numerosos juristas, políticos y el mundo de la cultura. O porque no es bueno que un país europeo, como España, vaya a terminar figurando ante la OIT, o Amnistía Internacional, como vulnerador de los derechos laborales y democráticos, junto a países en los que la democracia yace aplastada bajo las botas de sangrientos dictadores.
Aducirán, Señorías, que el Código Penal, en su artículo 315.3 es muy claro y establece altas penas de cárcel para quienes impiden el derecho al trabajo en un día de huelga. Y explicarán que no hacen más que aplicar la ley en los términos en que la misma quedó redactada por el poder legislativo, a instancias del poder ejecutivo.
Pero permítanme, Señorías, observar que ese punto 3 va precedido de un punto 2 en el que se establecen las mismas penas para los empresarios que vulneran el derecho de huelga, sin que hasta el día de hoy me conste que ningún responsable empresarial haya pasado por el mismo calvario que mis compañeros, pese a haber existido condenas expresas, por vulneración del derecho de huelga, a cargo de gobiernos y de responsables empresariales. Una de las más recientes, ya quedó dicho, a mediados de abril de 2015, precisamente contra Coca-Cola, en nuestro país.
Permítanme observar que nos encontramos ante un artículo anacrónico, que vulnera el derecho de huelga y que es ampliamente cuestionado. Un 315.3, que no modificó Gallardón, antes de dimitir, ni tampoco el nuevo Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la reforma del Código Penal, incumpliendo así las declaraciones de intenciones de Mariano Rajoy a las organizaciones sindicales, que hemos reclamado desde hace años la abolición de esta injusticia.
Un artículo 315.3, cuyo destino, según afirman los responsables de la inmensa mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, es ser derogado en un futuro inmediato y que compromete la calidad de los derechos democráticos existentes en nuestro país, ante numerosos organismos europeos e internacionales.
Permítanme observar, sus Señorías, que, con daños tan nimios y pruebas tan evanescentes, utilizando una legislación más propia de Estados dictatoriales que democráticos, proponer condenas de cárcel para los 8 de Airbus, supone poner en cuestión la proporcionalidad de los actos de la justicia y retrotraernos a tiempos que deberíamos haber superado ya y para siempre.
Me permito recordarles, Señorías, que casos como éste han existido, desgraciadamente no pocos, a lo largo de la historia de la clase trabajadora. Uno de ellos dio origen a la conmemoración del Primero de mayo. El 1 de mayo de 1886 y en los días siguientes, miles de trabajadores y trabajadoras de Chicago, fueron a la huelga para reivindicar las 8 horas de trabajo, el fin de trabajo infantil, la mejora de las condiciones laborales. Tras las cargas policiales con numerosos muertos y el estallido de una bomba en mitad de una de esas actuaciones policiales, se desencadenó una brutal represión policial que produjo muchas muertes y numerosas detenciones. El 21 de junio se inició un juicio que acabó con la condena a muerte, como responsables de los sucesos, de tres periodistas, un carpintero y un tipógrafo, además de otras condenas a cadena perpetua.
Las condenas fueron ejecutadas. Muchos años después los Estados Unidos reconocieron que aquel juicio fue poco menos que una farsa. Desde entonces los trabajadores y trabajadoras del mundo recordamos cada año, el Primero de Mayo, a los Mártires de Chicago. Y en muchos países, desgraciadamente no en todos, hoy se respetan las 8 horas de trabajo, se prohíbe el trabajo infantil y existe una legislación laboral que intenta preservar los derechos de la clase trabajadora.
También en España hemos vivido juicios farsa, en los que se ha condenado arbitrariamente a personas que, sin haber participado en hechos violentos, han sido condenados duramente por la justicia del momento. Repasen sus Señorías los juicios militares posteriores a la Semana Trágica de Barcelona, tras los que fueron ejecutados un republicano catalanista, un republicanos lerrouxista, un ex-guardia civil, un discapacitado mental que había tenido la desgraciada idea de bailar por media Barcelona con el cadáver de una monja, que alguien habíaa exhumado en un convento incendiado y el pedagogo anarquista, fundador de la Escuela Moderna, Francisco Ferrer i Guardia, que se encontraba de paso por la ciudad y al que los militares y buena parte del poder eclesiástico se la tenían jurada, por sus principios educativos laicos y la presencia de niños y niñas en el mismo aula.
Repasen, Señorías, las condenas al Comité de Huelga, compuesto por cenetistas y ugetistas, que convocó la Huelga General de 1917. O los procesos sumarios y sacas que se produjeron en esa desgraciada Guerra Civil que asoló España hace casi 80 años (y en la larga y oscura noche que vino a continuación). Una guerra que declararon una pandilla de generales bravucones y levantiscos contra un gobierno legítimo y legalmente constituido. Todavía andan sus nombres por las calles. Pero esa es otra cuestión de la que podremos hablar en otro momento.
Recuerden, Señorías, los 10.000 sindicalistas de las ilegales CCOO, que pasaron por los Tribunales de Orden Público (TOP), creados por la dictadura franquista, condenados a las penas establecidas por unas leyes injustas, promulgadas por un Gobierno ilegítimo. Esos procesos judiciales creo que no han sido tan siquiera revisados y anulados, uno por uno. La justicia hacía su trabajo, con los ojos vendados.
El más llamativo y conocido de esos casos fue el de los 10 de Carabanchel, el que pasó a la historia como Proceso 1001. La cúpula dirigente de las CCOO fue detenida en un convento de los monjes oblatos de Pozuelo de Alarcón, el 24 de junio de 1972. Tras año y medio en la cárcel, el juicio se inició el 20 de diciembre de 1973, el mismo día en el que la banda terrorista ETA consumó el atentado, la Operación Ogro, contra el almirante Carrero Blanco, mano derecha del dictador y Presidente del Gobierno de la dictadura.
Lejos de aplazar el juicio, como reclamaban los abogados de la defensa, ante el clima de inseguridad generado por la gravedad de los acontecimientos, el juez, José Francisco Mateu Canoves, afirmó que no sólo no suspendía el juicio, sino que además, si por él fuera, los fusilaba a todos.
Así las cosas, los fiscales del momento, endurecieron las peticiones de penas y el resultado fue una suma de condenas de 162 años de cárcel, pese a la solidaridad sindical internacional y de numerosos intelectuales y actores de todo el mundo. Se han cumplido ya más de 40 años de estas condenas injustas para quienes, sin violencia alguna, defendían la libertad, la democracia y los derechos laborales.
Siendo ya Presidente de Sala del Tribunal Supremo, el juez Mateu, fue víctima de ETA. Repudio su muerte, con la misma intensidad de cada muerte causada por terroristas de todo tipo y de todo signo. Las CCOO siempre hemos convocado paros laborales en las empresas tras cada atentado terrorista, hemos convocado a las manifestaciones contra el terrorismo y en solidaridad con las víctimas. Pero me indignan las palabras del juez aquel día, su actitud y sus condenas injustas. Rechazó la farsa de aquel juicio en la que él se prestó a ser actor principal.
Señorías, no deseo que entiendan esta carta como un cuestionamiento general al papel de los fiscales. Porque no hay nada más lejos de mis intenciones y porque sería lo peor que podría ocurrirles a sus Señorías y ocurrirnos a nosotros. Además, no me considero quién para dar lecciones a nadie. He querido, tan sólo, reflexionar en voz alta, una vez más, sobre mi convicción profunda de que sólo podremos construir una patria común si la justicia asegura que los derechos nos protegen a todas y a todos, para hacernos libres e iguales. Y que cada vez que esto no ocurre, la patria se transforma en barbarie.
Sólo he querido trasladarles una serie de reflexiones absolutamente personales, con la secreta esperanza de que las tomen en cuenta, si algún día se ven ante alguno o alguna de esos más de 300 sindicalistas encausados, por formar parte de un piquete en un día de huelga. Mírenles a los ojos, hablen con ellos, porque pienso que trabajar por la justicia exige razón y aplicación de las leyes, pero también exige corazón y capacidad de sentir el hambre y la sed de aquellos que comparecen ante un tribunal.
Nuestra Constitución encomienda al Ministerio Fiscal la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos, el interés público y la independencia de los tribunales. Por eso, Señorías, deseo que los jueces sentencien la libre absolución de los seis compañeros aún procesados, a pesar de las peticiones de condena que en este caso el ministerio fiscal ha realizado.
Los 8 de Airbus, podrían haber aceptado un acuerdo con la Fiscalía. Un acuerdo para rebajar las peticiones de pena y aceptar condenas que no supusieran su entrada en la cárcel. Pero han preferido ir a juicio. Defender que nada malo hicieron aquella noche de Huelga General. Que ningún delito cometieron. Que ningún acto de violencia protagonizaron. Que son víctimas y no culpables. Han decidido someterse a la justicia, en la confianza de que, al final, no es ciega y sabrá hacer prevalecer la luz sobre las sombras, la verdad sobre la mentira.
Deseo la absolución porque los 8 de Airbus son personas honestas, buenos trabajadores, buenos padres, amigos de fiar, comprometidos con sus compañeras y compañeros, en la empresa y en su vida cotidiana. Ni ellos, ni sus familias, debieron nunca verse sometidos a este proceso, a lo largo de casi seis años. Porque no merecen la condena de la justicia española, su justicia, aquella en la que han depositado la confianza en que defienda la legalidad democrática y nuestras libertades.
Pero, Señorías, si, desgraciadamente, esto no ocurriera. Si los compañeros fueran condenados a penas de cárcel. En ese caso, deseo que improbable y hasta imposible, la España trabajadora será un clamor contra semejante injusticia. Y quienes seguimos defendiendo el valor del Abrazo, como símbolo de la reconciliación, la libertad y la amnistía, en aquellos difíciles momentos de la Transición hacia la democracia. Quienes hemos luchado para que ese cuadro del Abrazo saliera de los sótanos del Museo Reina Sofía, para ser expuesto en el Parlamento Español, en un salón de los pasos pedidos, junto a los retratos de los reyes Juan Carlos y Sofía y los actuales monarcas Felipe y Letizia; junto a los bustos de Niceto Alcalá Zamora, Manuel Azaña y Clara Campoamor. Nosotros, los trabajadores y trabajadoras. Los costaleros de la democracia, como acertadamente nos define Nico Sartorius, volveremos a las calles para gritar de nuevo: Amnistía y Libertad. Y hoy, como entonces, la Amnistía y la Libertad, se abrirán camino.