¿Liberalización del ferrocarril?

Javier Fernández | Director de Estudios Sindicales. Fundación 1º de Mayo

nuevatribuna.es | 11 Noviembre 2012 - 09:57 h.

En interrogante, pues aunque es un proceso reiteradamente anunciado por el gobierno (la última vez con fecha 31 de Julio de 2013) ni se conoce la fórmula exacta a utilizar ni el objetivo final que se pretende empleando el término liberalización, aunque nos podemos temer lo peor, tanto para trabajadores como para usuarios del ferrocarril en España.

En unos momentos en que existen multitud de movilizaciones de todo tipo que van a culminar en la Huelga General del próximo 14 de noviembre convocada por la Cumbre Social, con la participación de CCOO y UGT, con el objetivo de  la defensa del empleo, el trabajo digno y los derechos sociales, la reivindicación de un transporte público, accesible y seguro ha de formar parte prioritaria de estas reivindicaciones.

En España, y esto no es suficientemente conocido ,existen en este momento tres empresas públicas de carácter estatal : ADIF que vendría a ser la mayor parte de lo que la población en general entendía por la antigua RENFE, esto es, la creación y conservación de todas las infraestructuras, estaciones, vías y demás elementos que sirven de soporte al transporte ferroviario, RENFE que, con el apellido de Operadora,  es una empresa de transporte de viajeros y mercancías, propietaria de los trenes y de los talleres para su mantenimiento y FEVE propietaria de los ferrocarriles de vía estrecha que no han sido transferidos a las Comunidades Autónomas.

Pues bien, la primera propuesta que hace el gobierno es la desaparición de FEVE el 1 de enero de 2013; su división en dos partes y la transferencia de sus infraestructuras a ADIF y de su negocio de transporte a RENFE.

La segunda propuesta, una vez culminado este  proceso, es la división del ADIF así formado en dos nuevas empresas y de RENFE en cuatro empresas nuevas, con fecha fijada  no por casualidad el 31 de julio de 2013, justo en el momento en que  caducan los convenios colectivos en vigor en todas ellas. Es fácil deducir la pretensión de reducir empleos y eliminar derechos de los trabajadores facilitado, también aquí, por la mal llamada Reforma Laboral: el cierre de líneas de ferrocarril calificadas como deficitarias. que son justamente las que tienen un carácter más social y de articulación del territorio Con la intención última de la  privatización, como siempre de  las partes más rentables, dejando al sector público con más dificultades de rentabilidad, lo que serviría de justificación artificial para su ulterior cierre.

También es poco conocido que el ferrocarril en España fue construido y explotado    por empresas privadas inglesas y alemanas fundamentalmente, hasta su nacionalización y conversión en empresa pública en el año 1943. Este ferrocarril privado fue causa ya, desde el periodo de su propia construcción de numerosas dificultades financieras, especulación de las acciones y quiebras de las empresas ,que arrastraron a déficits desorbitados a las propias finanzas del Estado en diversas ocasiones, lo que  retrasó enormemente su puesta en marcha respecto a los demás países europeos. Junto al enorme deterioro con el que el ferrocarril español salía de la Guerra Civil, estas también fueron causas determinantes en su nacionalización prácticamente ineludible.

En contraste con el gobierno español, otros países europeos con gobiernos conservadores o progresistas (Francia y Alemania) han mantenido sus empresas públicas de ferrocarril. Por otra parte, el caso de Inglaterra es objeto de estudio por el fracaso de su privatización ,especialmente en lo referente a la seguridad con numerosos accidentes mortales en su haber, producto de una desastrosa gestión privada que llevó a su renacionalización  para  remodelar todo el proyecto.

Parece que no se ha aprendido nada ,ni de la experiencia histórica española ni de la más reciente europea. El proyecto liberalizador del gobierno español, que encubre la privatización, llevará sin duda a un deterioro del empleo y las condiciones laborales, a una gestión orientada simplemente al beneficio, a la desaparición del concepto del transporte como servicio público y social y al riesgo de una peligrosa disminución en la calidad y seguridad de este medio de transporte en nuestro país que en estas materias cuenta actualmente con los mejore estándares en ambas categorías.

Es más ,de producirse esta liberalización y posterior privatización, lo más seguro es que se produzca la paradoja de que la fragmentación y venta de los ferrocarriles españoles acaben en manos de empresas públicas estatales como la SNCF francesa y la DGB alemana. Fenómeno que ya hemos visto producirse con anterioridad en nuestro país: la adquisición de la pública y luego privatizada ENDESA, ahora en manos de la empresa eléctrica pública italiana ENEL, es  quizá el caso más significativo de despropósito hasta la fecha.

Las grandes movilizaciones sociales que se vienen produciendo en nuestro país contra el recorte de servicios sociales: Sanidad, Educación, Dependencia, Empleo y Derechos Laborales, asuntos trascendentales social y económicamente, han de incorporar otros  no menos importantes para la sociedad como el del transporte público y su mantenimiento futuro. Debe incorporarse en primer plano en la Huelga General del próximo 14 de noviembre.

Asimismo, los trabajadores ferroviarios vienen manteniendo amplias movilizaciones en su defensa. Se desarrolló una huelga de 24 horas el pasado17 de septiembre  y ya hay anunciada una nueva para los días 13 y 14 de diciembre próximo, ambas con unidad absoluta de todos los sindicatos presentes en el sector .Sería muy oportuno que, al igual que ocurre con otros servicios sociales Sanidad ó Educación por ejemplo, la defensa del transporte público ferroviario fuese llevada al primer plano de las reivindicaciones sindicales confederales.

El ferrocarril público, su unidad de futuro, su formulación como valor social garante en aportar movilidad a las personas y a las mercancías y, por tanto, generador de riqueza pero también de cohesión social y territorial debe ser  incorporado al primer plano de las reivindicaciones sindicales, de la propia cumbre social y del conjunto de la izquierda progresista si no se quiere perder un factor de primer orden en la defensa de la equidad y un valor económico añadido en una salida progresista de la crisis. 

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