Es muy posible que algunos empresarios y empresarias piratas, los que viven de la subvención, la vil explotación y el fraude laboral, se sientan intimidados cuando aparece un piquete por su empresa y posibilita que sus empleados superen el terror empresarial y se sumen a la huelga
Estaban en silencio los medios del “carajillo party”, pero ante el clamor social contra la criminalización del derecho de huelga, han tenido que salir a contrarrestarlo con sus manipulaciones y mentiras. Otros que se dicen democráticos e independientes siguen en silencio.
El 9, 10, 11 y 12 de febrero en Getafe no se va a juzgar a los 8 de Airbus, se va a juzgar a nuestro sistema democrático en un juicio que va a tener un seguimiento global. Todos los ojos de las instituciones internacionales del mundo del trabajo y de los derechos estarán puestos en Getafe. Verán la dignidad de los trabajadores movilizados y la catadura inmoral de los nostálgicos de las leyes franquistas. Que los dirigentes del PP y de Ciudadanos tomen nota.
Dicen los portavoces del PP y los medios que controlan que PSOE, Podemos, IU y todos quienes apoyan la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, quieren legalizar los piquetes violentos. No hubo transición democrática para la derecha económica, política y mediática en este aspecto. Siguen intentando convertir huelgas pacificas en conflictos de orden público y como los franquistas quieren que detengan y metan en la cárcel a los “cabecillas”.
Manipulan y mienten. Manipulan porque como dicen las sentencias del Tribunal Constitucional y la consideración internacional del derecho de huelga, los piquetes informativos son consustanciales a ese derecho. Y tiene que ser así, porque la huelga se convoca cuando se han agotado todas las vías de presión y negociación. Es el último recurso de defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y requiere un seguimiento masivo para tener efectos rápidos y exitosos. Y por ello no es un juego, es un momento de tensión donde se juegan los salarios, el empleo o las condiciones laborales de toda la plantilla y por eso es legitimo y necesario informar, convencer y persuadir de forma pacífica pero firme con los piquetes informativos a todas las personas afectadas para que la secunden.
Es muy posible que algunos empresarios y empresarias piratas, los que viven de la subvención, la vil explotación y el fraude laboral, se sientan intimidados cuando aparece un piquete por su empresa y posibilita que sus empleados superen el terror empresarial y se sumen a la huelga. De hecho, en las grandes huelgas son frecuentes las llamadas de auxilio ante el piquete de la patronal que juega con el miedo al despido. Que provoca actuaciones como las del empresario que dice a sus trabajadores “si vas a la huelga mañana, no vuelvas pasado” o quien hace firmar a sus empleados un escrito renunciando a secundar la huelga.
Mienten cuando acusan a los piquetes de violentos. Su funcionamiento a lo largo de la democracia con varias huelgas generales y decenas de miles de huelgas sectoriales y de empresa demuestra su carácter pacifico. De hecho este articulo franquista que se introdujo en el Código Penal en 1995 apenas se aplicó hasta hace cinco años. No fue necesario porque cuando hubo extralimitaciones por parte de alguna persona componente de algún piquete se le aplicó la legislación que viene recogida en otros artículos del Código Penal sobre coacciones y daños.
La pregunta que se hace hoy la clase trabajadora es: ¿Por qué se ha empezado a aplicar de forma masiva el 315.3 y van 300 sindicalistas encausados a partir de 2011?
Si observamos la conflictividad laboral y social en estos años de crisis se obtiene la respuesta. Movilizaciones contra los recortes salariales, de derechos, la pérdida de empleo, los ERE y las reformas como la inútil, ineficaz e injusta reforma laboral. Tan solo en 2012 hubo 45.000 manifestaciones en España y casi 1.400 huelgas, dos de ellas generales, donde participaron millones de trabajadores y trabajadoras. Había que reprimir el movimiento de contestación laboral y social y por ello sacaron del baúl de los recuerdos fascistas el 315.3 y aprobaron la Ley Mordaza. Y la Fiscalía y la Dirección General de la Policía se pusieron a ello contra todo principio democrático.
Sorprende que nunca hablen del atentado contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras contemplados en los artículos 315. 1 y 2 del Código Penal y nunca aplicados a pesar de las evidencias y denuncias de quienes han visto su derecho de huelga cercenado. Ningún fiscal ha considerado que 29 sentencias declarando ilegales los servicios mínimos de los gobiernos de Esperanza Aguirre fueran motivo suficiente para encausar a sus responsables. Ni han visto delito en el esquirolaje demostrado de algunos empresarios como es el caso de la dirección de Coca- Cola Iberian Partners, condenada por el Tribunal Supremo por esquirolaje en la huelga de su plantilla de Fuenlabrada.
Jaime Cedrún López | Secretario General de CCOO de Madrid