Los golpes a nuestro modelo de convivencia son tan diversos y constantes que no acabamos de atender una batalla crucial cuando hemos de afrontar otra no menos importante. La estrategia de la austeridad que ha de sacarnos de la crisis ya se ha llevado por delante los derechos laborales, los convenios colectivos, la universalidad en la prestación sanitaria, la ley de la dependencia… La recesión se profundiza, el paro crece y la pobreza se expande, pero los sacerdotes de la austeridad siguen reclamando sacrificios en nombre de su fe y siguen prometiendo el paraíso de la recuperación, siempre para el año próximo. Ahora le toca a la enseñanza pública.
La movilización de toda la comunidad educativa, en una acción sin precedentes que ha sumado a padres, madres, docentes y estudiantes, no ha bastado para que el ministro Wert recapacite y retire la amenaza de un proyecto de ley educativa muy controvertido. Tampoco le ha convencido la enmienda a la totalidad que le ha presentado el Consejo de Estado, con un informe de 180 páginas absolutamente demoledor, que contesta una por una a todas las claves de la iniciativa legislativa.
En el Congreso hemos intentado hacerle ver que hay leyes y leyes. Leyes sobre el estar y leyes sobre el ser. Que una ley reguladora del sistema de enseñanza es una ley que afecta al ser de nuestra convivencia y a los pilares sobre los que construir el desarrollo personal y el progreso colectivo. Esta ley no la puede hacer una persona con su solo criterio, ni tan siquiera si está respaldado por una mayoría parlamentaria tan legítima como puramente circunstancial. Esta es una de esas leyes cuyos fundamentos deben analizarse con tiempo, con datos y con rigor, que debe dialogarse, que debe tratarse, que debe negociarse y acordarse con los muchos sectores concernidos, afectados e interesados. Pero ha sido en balde.
Si no sucede lo inesperado, todo indica que la amenaza Wert se convertirá en ley Wert en cuestión de pocas semanas. La educación española tiene problemas, desde luego, pero esta contra-reforma en marcha no los solucionará, sino que los agravará. Y hay al menos cinco grandes aspectos del texto que apuntan directamente a la línea de flotación del modelo educativo vigente, que fue consensuado con todos los sectores y con todos los grupos políticos, salvo el PP, y que está basado en los valores de la equidad y la calidad, de la comprensividad, de la inclusión, de la atención a la diversidad…
Los itinerarios. Cuando un niño tiene dificultades de aprendizaje, la ley Wert le suministra reválidas, itinerarios educativos separadores, sacarle del sistema en suma, para que no moleste. El modelo comprensivo vigente, por el contrario, procura ayudar al niño a superar sus dificultades y a continuar el itinerario común hasta el final, con todo el apoyo que sea preciso. Es más caro, sí, pero es más justo.
Los conciertos. Cuando hay escasez de recursos públicos, la ley Wert fortalece la enseñanza concertada, promoviendo conciertos “a demanda” y ampliando su duración de 4 a 6 años. Sin embargo, la apuesta por la equidad requiere fortalecer la enseñanza pública, porque cuanto más fuerte esté la enseñanza pública más garantías tendremos de que cada niño llega tan lejos como le lleve su talento y su esfuerzo, independientemente del dinero que tengan sus padres.
La religión. Cuando se discuten los contenidos de la enseñanza, la ley Wert impulsa el adoctrinamiento religioso, como si los jóvenes españoles necesitaran hoy más ‘padrenuestros’ y más ‘avemarías’ para mejorar sus conocimientos y aptitudes. El propio Consejo de Estado, antes al contrario, reclama al Gobierno la instauración de una asignatura sobre valores ético-cívicos, ajenos a la religión, como asignatura obligatoria para todos los alumnos.
La segregación. Cuando se lucha contra la discriminación de género, la ley Wert ofrece cobertura a las Comunidades Autónomas que ofrecen recursos públicos para concertar colegios que separan a los niños y a las niñas en aulas distintas, para evitar “perturbaciones mutuas”, según los ideólogos de esta fórmula retrógrada. Muy probablemente, los realmente perturbados sean aquellos ideólogos.
Los recortes. Porque el paquete Wert incluye la ley Wert y los recortes Wert. El programa de reformas recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a Bruselas compromete un porcentaje de PIB destinado a educación que se limita al 3,9%. Esto supone un retroceso de cerca de un punto porcentual en media legislatura. Teniendo en cuenta, además, que la media de la Unión Europea sobrepasa el 5,4%, la desventaja para los españoles en términos de calidad educativa, de equidad social y de competitividad en general va a ser brutal.
Se lo hemos dicho. Pero no escuchan. La educación española necesita menos reválidas y menos catecismos. Lo que necesita son más recursos, más profesores y más becas.