Nunca debió aprobarse la reforma de la Ley de Costas que privatiza la primera franja de litoral, básicamente por dos razones, una porque es un patrimonio público constitucionalmente así reconocido, y otra porque se hizo a sabiendas de que la deriva climática hará inviable su explotación privada si no median descomunales inversiones públicas para intentar evitar que esos suelos sean anegados.
Nunca debió aprobarse el memorándum del trasvase Tajo-Segura en los términos en que se hizo, fundamentalmente por dos razones, una porque se hizo burlando principios de transparencia y participación ciudadana recogidos en la Directiva Marco del Agua y saltándose el mandato constitucional, y otra porque se engañó tanto a la cuenca cedente como a la receptora dibujando presuntos derechos reales sin hectómetros que los pudiesen hacer viables.
Nunca debió aprobarse la Ley de Montes que culmina el desmantelamiento ambiental perpetrado en estos cuatro años, al menos por dos razones de peso, una porque vuelve a dar carta de naturaleza al proscrito urbanismo de cerilla, y otra porque va a conllevar unos costes inasumibles en pérdidas de espacios naturales.
Nunca debió decretarse el apagón renovable con que inauguró el Gobierno Rajoy su andadura legislativa por muchas razones, entre las cuales merecen la pena ser destacadas la consolidación de una dependencia energética exterior que lastra nuestra competitividad y levanta barreras económicas contra el derecho ciudadano a la energía, y el hecho de que nos aboca como país a incumplir con nuestros compromisos internacionales en reducción de emisiones y lucha contra el cambio climático.
Nunca debió dejarse morir por inanición la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, principalmente por dos razones, una porque condena a la desertización al 80% del territorio, precisamente el que asegura la calidad ambiental y por tanto nuestra calidad de vida, y otra porque empuja al éxodo al 20% de la población que aún preserva con sus manos el capital natural del país, al convertirla en ciudadanía de segunda por la vía de privarla en su entorno de los servicios básicos que la Constitución consagra como derechos de todos.
Nunca, en fin, debieron promulgarse entre otras normas como la Ley de Evaluación Ambiental, que más bien es de Devaluación Ambiental, la de Responsabilidad Ambiental, que parece destinada a amparar la Irresponsabilidad Ambiental, la de Parques Nacionales, que se asemeja más a una de Parques de Atracciones, la Ley de Residuos que deja en manos del que contamina la decisión de pagar o no pagar por contaminar…
Nunca, en definitiva, debimos permitir que un Presidente de Gobierno degradase la política ambiental y la lucha contra el cambio climático por la vía de elevar a la categoría de verdades de Estado las ocurrencias de su primo.
Pues bien, ahora que ya sabemos lo que nunca se debería haber hecho, es tiempo de explicar lo que se va a hacer. Para empezar convendría que este país dejase de hacer el primo y devolviese su voz a la ciencia tras una legislatura amordazada.