En la medida de lo posible procuro no hacer demagogia, pero a veces me resulta muy difícil evitarlo. Viene a cuento de tres noticias aparecidas recientemente. La indemnización conseguida por Cesar Alierta, lo que cobran jornaleros que recogen naranjas en Andalucía y la finalización del programa que el gobierno pactó con los sindicatos para establecer una moderada ayuda para determinados parados sin ningún tipo de prestación.
No estoy en contra de que los altos ejecutivos y por tanto los máximos responsables de grandes empresas de ámbito internacional estén muy bien retribuidos, en función de las responsabilidades que asumen y de los resultados que logran. Y por ello creo razonable que cuando abandonan, la empresa por razones de edad u otras (excluyendo claro esta cuando han realizado una gestión desastrosa), perciban una adecuada indemnización, complemento de pensión o como se quiera llamar. El problema es cuando las dimensiones de esa indemnización se alejan tantísimo de lo razonable que producen escándalo y vergüenza.
Cesar Alierta, Presidente de Telefónica ha cobrado nada menos que 35’5 millones de euros. No voy a hacer la traslación a pesetas, porque alguien puede pensar que ya no puede servir de referente. Lo voy a convertir en prestaciones del Programa de Activación para el empleo, que firmó el gobierno con los sindicatos en diciembre del 2014 y que establecía una ayuda de 426 euros al mes durante seis meses, para parados sin ningún tipo de prestaciones. Protección que el gobierno ha decidido dar por concluida en este mes de abril. Pues bien, con la indemnización de Alierta podrían cobrar durante seis meses la referida prestación 138.888 parados, con la precisión de que supondrían 38.888 parados más de los que han cobrado en el casi año y medio de vigencia de la misma.
Pero Cesar Alierta no es el que más ha cobrado por ahora. Ángel Corcostegui cobró hace 17 años 108 millones de euros, Alfredo Sanz, 88 millones de euros y Francisco Luzón, 56 millones de euros, todos ellos altos cargos del sistema bancario. Un sector que, dicho sea de paso, ha realizado continuas reducciones de plantilla en los últimos años.
Lo peor de esta realidad es que son precisamente los altos dirigentes de las finanzas o de las grandes empresas españolas multinacionales, los que periódicamente y con insistencia digna de mejor causa nos repiten que hay que flexibilizar el despido y mantener la moderación salarial para mejorar la competitividad de las empresas, a la vez que muestran su terrible preocupación por el futuro del sistema público de pensiones.
Se podrá argumentar que estas grandes indemnizaciones, (que por supuesto no son exclusivas del sector empresarial y ahí tenemos las escandalosas percepciones de muchos deportistas), luego pasan por el tamiz de Hacienda y pagan altísimos impuestos. Efectivamente esa es la teoría, lo que sucede es que las grandes fortunas disponen de los mejores equipos de filibusteros emboscados en grandes firmas de despachos mercantiles, que asesoran perfectamente para pagar lo menos posible, bien sea con filigranas legalistas, bien con depósitos en paraísos fiscales u otras modalidades de ingeniería fiscal, de lo cual tenemos ejemplos un día sí y otro también. Por lo que ni siquiera nos queda el consuelo de que buena parte de esas indemnizaciones revertieran en el bienestar social a través de los impuestos.
La otra cara de la moneda son los 25 euros al día de sueldo por diez horas trabajadas, que están cobrando peones en la recogida de la naranja en algunas zonas de Andalucía. Es decir, 2’5 euros por hora, no, no es una errata. Y contra esta explotación parece que ni la Inspección de Trabajo, ni las autoridades locales, ni la judicatura, pueden tomar medidas efectivas.
¿Qué se puede hacer para limitar esas tremendas desigualdades, en una sociedad en la que la libertad de empresa permite que estas administren sus recursos como consideren oportuno?
Una profunda reforma fiscal es imprescindible y urgente y a la vez modificar la legislación mercantil que impida o al menos dificulte la ingeniera fiscal y las diversas formulas de fraude. Y desde luego es necesario dotar de medios suficientes y adecuados a la Agencia Tributaria y a los ámbitos de la judicatura y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad especializados en la persecución del fraude. Como tampoco vendría mal establecer algunas normas que hagan incompatible el pago de indemnizaciones exorbitantes y el acceso a beneficios públicos (ayuda, subvenciones, desgravaciones) así como la tramitación de expedientes de regulación de empleo.
Tengo mis dudas sobre que un gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos, se atreva a meter mano al tema. Por eso cada vez que leo estas cosas me dan ganas de seguir votando a Podemos, claro que a la vista de lo que estamos viendo, me pregunto si serviría de algo ese voto, mas allá del desahogo.