El primer ministro británico, David Cameron, ha convertido el referéndum de permanencia del Reino Unido en la Unión Europea en su gran prioridad política. Piensa que su amenaza de abandonar la UE será una herramienta eficaz para lograr una UE reformada en la que el encaje del RU sea más cómodo y rentable para los intereses británicos. Y aparte de lo que pueda conseguir en la reorientación de la UE, intentando parar y renacionalizar el proceso de unidad europeo, parece convencido de que los debates que suscitará su propuesta de referéndum va a servir para asentar la hegemonía conservadora en la sociedad y las instituciones políticas británicas y para reforzar los lazos e intereses que unen a los tories con la gran patronal inglesa.
En las elecciones generales del pasado 7 de mayo de 2015, Cameron adquirió el compromiso electoral de realizar, antes de que acabe el año 2017, un referéndum sobre la permanencia del RU en la UE. Ese compromiso electoral le ayudó a ganar por mayoría absoluta y ahora pretende seguir exprimiendo esa promesa, ya convertida en ley, para obtener nuevas ventajas para la economía británica y ajustar la UE a las pretensiones del poderoso movimiento euroescéptico que extiende sus tentáculos por toda la sociedad británica y asienta sus reales en el seno de su propio partido. Mejor dicho, los conservadores británicos intentan la compleja operación política de ponerse a la cabeza de la corriente nacionalista y euroescéptica que predomina en la sociedad inglesa y aprovechar esa fuerza social y política para refundar la UE y, de paso, volver a sintonizar con las demandas del poder financiero y la gran patronal británica que han mostrado de forma inequívoca su voluntad de permanecer en la UE, impulsar el mercado único, seguir aprovechando sus ventajas y garantizar que la City londinense siga siendo el principal centro financiero de la UE y la gran capital de las transacciones financieras en euros a pesar de que el RU siga fuera de la eurozona.
Cameron quiere que RU sea miembro de una UE reformada, más amigable con los deseos de los grandes conglomerados empresariales en su afán de reducir los costes y eliminar reglas y restricciones que obstaculicen la aplicación de las decisiones empresariales y el libre despliegue del capital financiero. Tras conceptos con escaso contenido y difuso significado, como una Europa más abierta y competitiva o impulsora del libre comercio con EEUU, Japón o Mercosur, se esconde el objetivo de acabar con un modelo europeo que aún mantiene, pese a la hegemonía conservadora, una debilitada pata social y la aspiración a una mayor integración, no solo económica, financiera y monetaria sino también social y política.
La derecha ultraliberal europea ha visto la ventana de oportunidad que supone el compromiso y la maniobra política de Cameron y ha comenzado la campaña de apoyo a sus demandas. Cameron necesita socios europeos y no le van a faltar compañeros de viaje que defiendan su proyecto de renacionalizar y reconducir el proceso de unidad europea. Ya han empezado las descalificaciones a la unidad bancaria, a los tímidos intentos de propiciar avances en la unidad fiscal, la cohesión económica, social y territorial o, simplemente, la libre circulación de los ciudadanos de los Estados miembros y los derechos de las personas inmigrantes, a las que Cameron identifica con potenciales abusones de los sistemas de bienestar y protección social.
¿Qué quiere negociar el Reino Unido con la UE?
Cameron ha expuesto sus principales exigencias en una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, remitida el pasado 9 de noviembre. En resumen, plantea lo siguiente:
Primero, profundizar el mercado único para favorecer la competitividad sin que los países que no comparten la moneda única sufran ningún tipo de desventaja o discriminación, para lo que considera necesario un reconocimiento explícito de que la UE tiene más de una moneda. Propugna, en consecuencia, recortar la legislación comunitaria innecesaria y evitar una regulación excesiva que dificulta la libre decisión de las empresas y limita el libre movimiento de capitales, bienes y servicios.
Segundo, reforzar el papel de los parlamentos nacionales en el control de las decisiones y normas comunitarias. Así, los parlamentos de los estados miembros podrían detener la aprobación o aplicación de la legislación europea.
Tercero, retirar de los Tratados el principio de “una unión cada vez más estrecha”. El objetivo de una mayor integración política desaparecería de los Tratados de la UE.
Cuarto, mayor control de la migración procedente de otros países de la UE y limitar el derecho de los inmigrantes europeos a la hora de beneficiarse de las prestaciones sociales que ofrece el país de acogida. Pretende que el principio de libre circulación de las personas no afecte a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros y que los inmigrantes comunitarios residan y paguen impuestos durante cuatro años antes de acceder a las prestaciones sociales que ofrece el RU.
La amenaza del 'Brexit' supone una pieza clave en la tarea de bloquear el proceso de unidad europea y reducir la UE a un mercado único incompleto que promueva el libre comercio y la competencia sin restricciones ni matices en un gran mercado global liberado de normas y del peso muerto que, en opinión de conservadores y ultraliberales, supone la existencia de derechos y valores que limitan la libertad de decisión de las empresas y promueven la acción del sector público.
De nada parecen valer las numerosas experiencias históricas en los países capitalistas desarrollados en los que el papel del Estado y la acción política en la delicada construcción de mercados eficientes han sido decisivos. Al igual que en el establecimiento de normas y en la aplicación de políticas económicas que han impulsado el desarrollo tecnológico, la cualificación de los agentes económicos o la suavización de los ciclos económicos. En los irreales modelos económicos ultraliberales la única aportación que se espera del Estado es que no haga nada o, mejor aún, que preserve la estabilidad política y proteja los intereses de los grandes conglomerados empresariales, porque solo si a las compañías les va bien, les irá bien a las familias y a la nación. En nada aprecian el gran logro que supuso la construcción del Estado de bienestar o la demostrada compatibilidad entre prosperidad económica y desarrollo de derechos laborales y bienestar social garantizado por el Estado.
De conseguir sus objetivos, el chantaje que supone el 'Brexit' será una operación redonda para los conservadores británicos. Y para una parte significativa de la derecha europea que detesta algunos de los contenidos del proceso de unidad europea, al que identifican con un delirante modelo estatalista e intervencionista sustentado en una asfixiante y creciente presión fiscal que, en lugar de promover el crecimiento, conduce inevitablemente al despilfarro de recursos, la multiplicación de reglas y el estancamiento económico. El sueño de la sinrazón que alienta la ideología ultraliberal también produce monstruos.
Hay que seguir con mucha atención el chantaje al proceso de unidad europea que supone la propuesta británica. Y prepararse para explicar de la forma más precisa, pormenorizada y didáctica posible los objetivos que pretenden los conservadores británicos y los intereses que defiende la derecha ultraliberal europea al reivindicar la supremacía de la soberanía nacional en un mercado europeo único, libre de injerencias políticas y en el que se hayan eliminado las restricciones que puedan suponer el diálogo social, la negociación colectiva, los derechos laborales y sociales o la responsabilidad social del Estado en la cohesión y el bienestar del conjunto de la sociedad y, especialmente, con los sectores más vulnerables o en riesgo de exclusión.
La lista de exigencias británicas y el proceso de negociación que se ha abierto para estudiar su aceptación por parte de las instituciones comunitarias pueden ser la puntilla para el proyecto de unidad europea. También pueden suponer, si las fuerzas europeístas de izquierdas y progresistas juegan bien sus cartas, un salto en la integración europea que haga efectivo el compromiso recogido en los Tratados de la UE de avanzar hacia una unión más estrecha. Un paso adelante en la integración europea que despeje el camino a fórmulas consensuadas de mutualización y reestructuración de la deuda e impulse la inversión comunitaria en infraestructuras y modernización del tejido productivo, la adecuación de las instituciones comunitarias a los retos que supone la gestión de la moneda única y mayores dosis de apoyo mutuo entre los Estados miembros.