En la declaración institucional con motivo del XXXIX Aniversario de la Constitución española, el presidente murciano ha exigido más agua para la Región porque “es un derecho constitucional que debe cumplirse de inmediato”, añadiendo que la Carta Magna “permite compartir recursos comunes para avanzar unidos”. Desconozco si las palabras de López Miras están en sintonía con la política desarrollada por el PP, su partido, en los últimos años y en esa práctica de supeditar todos los derechos constitucionales al pago de la deuda. Lo interesante es su afirmación de que un derecho constitucional debe cumplirse de inmediato y que el objeto a que hace referencia, el agua, es un recurso común. Habrá partidos políticos para los que el agua es un bien privado sujeto a los mecanismos del mercado. O como el sector empresarial defiende: el agua es un recurso escaso que debe ser gestionada privadamente para optimizar el acceso de los consumidores al mismo. Habrá partidos que defiendan que determinados derechos constitucionales nacieron vacíos y así deben permanecer. Otros defenderán lo contrario, mirarán a las tierras nórdicas y se preguntarán las razones de tanta distancia, no solo geográfica. Habrá gente, que hablará en nombre de la ciencia o de la superstición, que sonreirá y se preguntará por qué se producen tantos suicidios en los blancos paraísos terrenales.
López Miras es un presidente joven, algunas voces afirman que en exceso. Tal vez su gabinete de comunicación pensará, eso sí con inabordable torpeza, que se pueden repetir los mismos eslóganes en una tierra que ha sufrido intensamente en la última década. El “agua para todos” consiguió una amplia hegemonía social en su tiempo. Nada que ver con esa tendencia de las sociedades a dividirse al cincuenta por cierto, punto arriba punto abajo, cuando se hacen banderías de cuestiones que afectan a la manera de vivir, pensar o soñar. La falta de agua dulce se ha convertido en un problema global y el acceso a sus fuentes es motivo de conflictos reales y latentes que nos amargarán el futuro. Ya se lo está amargando desde hace décadas al pueblo palestino: en los territorios ocupados se encuentra prácticamente todo el agua limpia de la que se abastece Israel, quitando la desalada. Y cuanto más escasa sea la misma, más presiones habrá para que un recurso común, de nuestro planeta y de nuestro país, sea privatizado. Ya lo dijo el presidente de nestlé, Brabeck-Letmathe, en 2013, que el agua no es un derecho y debe tener valor de mercado. No es difícil saber lo que esto significa. Lo vivimos todos los días en el acceso desigual de la ciudadanía a los recursos escasos. Tampoco lo que significará en un futuro mediatizado por las consecuencias del cambio climático. Habrá países que podrán acceder al agua dulce (o al aire limpio) y otros que no. Y dentro de los primeros, habrá individuos que tendrán acceso y otros que no. Por este motivo extraña que el presidente López Miras hable de recursos comunes o públicos. No porque sea un presidente joven o porque no defienda sinceramente el interés público del agua limpia y el derecho a compartirla, sino porque el Partido Popular, también Ciudadanos (C,s) son refractarios a los bienes comunes y sitúan el desarrollo económico en su privatización, primero en la Inglaterra del XVII, con posterioridad en los países actualmente desarrollados.
El futuro que se dibuja es terrible (no me resisto a mencionar a Yeats). Los vectores que apuntan a su corazón no son las de sociedades igualitarias y extrañamente democráticas. Mientras, las sociedades se mueven en direcciones distintas. Unas se abren, otras se cierran. Y de cuando en cuando, un responsable político de cualquier administración clama por lugares comunes de la Constitución Española, los que no tienen cabildos lo suficientemente fuertes para desarrollarlos. La amortización de las tierras comunales en la España del XIX llevó mucha sufrimiento a los habitantes de los pueblos que sobrevivían gracias a los frutos que aquellas les ofrecían. El agua como recurso escaso en la Región de Murcia y su mercantilización anuncia la ruina de los pequeños agricultores y el control de la tierra por las grandes compañías agrícolas. Por mucho que López Miras clame por un derecho constitucional, el cielo no anuncia lluvia y el cambio climático es un hecho incontestable. No vendrá agua del Ebro. La teoría de que los bienes comunes son un freno para el progreso de la Humanidad venteada por el neoliberalismo es uno de los dogmas sagrados del Siglo XXI. Partidos como el Popular y Ciudadanos lo utilizan diariamente en sus declaraciones y en sus actos. Las voces que cuestionan su infalibilidad son tachadas de insensatas en el mejor de los casos, de comunistas o populistas en sedes parlamentarias y medios de comunicación.
Tal vez sea tiempo de hablar de la ruina. De la nuestra y de la de un país en la que los ricos son cada vez más un bien escaso y la pobreza una normalidad aceptada socialmente. La Constitución Española tiene su valor de mercado.