Las razones para que una Comunidad Autónoma renuncia en época de grave déficit público a una fuente de ingresos estable es un misterio

Resulta paradójica la obstinación del Consejero de Empleo, Universidades y Empresa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por hacer realidad la  “obligación”  (la liberalización de los mercados impulsada por la Unión Europea), que le impele a rechazar la gestión pública directa de las ITV regionales por un lado y por otro, en una conversión posterior a un viaje a Extremo Oriente en septiembre que obligó a otro Consejero, a defender su frustrado Decreto-Ley de, 2 de agosto, de prestación del servicio público de inspección técnica de vehículos en la Región de Murcia, a declarar urbi et orbi la imposibilidad de mantener el régimen de concesión administrativa para la gestión de las ITV privadas. En algún lado, el consejero Hernández Albarracín se cayó del caballo, o de avión, y concluyó que el único modelo posible era, a falta de normativa aplicable regional, el de autorización administrativa a la que añadió, el adjetivo “restringida”.

Realmente el conflicto laboral, tanto en referencia a las ITV concesionadas como a la ITV pública de Alcantarilla, se remonta a mediados de febrero de este año y a un juego de afirmaciones, escondidas, medias verdades y ningún informe técnico sobre la mesa de negociación, que ha llevado a que la palabra de un alto cargo se convierta en verdad inmanente, aunque la misma haya cambiado de forma y de fondo a lo largo de los meses. En medio, más de doscientas personas expectantes y muy preocupadas ante su futuro laboral y un Gobierno Regional incapaz de reconducir la situación y negociar dentro del marco del Acuerdo por el Empleo de Calidad firmado en diciembre de 2016.

Las razones para que una Comunidad Autónoma renuncia en época de grave déficit público a una fuente de ingresos estable es un misterio. O no. La privatización de los servicios públicos ha supuesto en nuestra comunidad autónoma un aumento exponencial de la deuda y la enajenación de cualquier posibilidad de reequilibrarla mínimamente. En la Región de Murcia, la colaboración público-privada es sinónimo de externalizar ingresos e internalizar gastos. Todo ello envuelto en el papel seda del capitalismo de amiguetes tan del gusto de los gobiernos “liberalizadores” de la actividad económica.

El último artilugio ofertado por el Consejero Hernández Albarracín es un decreto para implantar un sistema de autorización administrativa restringida, es decir, permitir la actividad de nuevas ITV siempre que cumplan unos requisitos económicos, técnicos y de recursos humanos al alcance de muy pocas empresas, cooperativas de trabajadores o emprendedores individuales. Es decir, que las ITV serán para los de siempre, para los que iban a ganar el concurso de concesión y a los que ahora se les dice que ya no habrá límite temporal para el desarrollo de su actividad económica. Es el modelo que se ha implantado en La Rioja y que, en opinión del consejero, mejor garantiza los derechos laborales de los trabajadores de las ITV regionales una vez cegada la vía de la concesión administrativa. Sin embargo, no opinan lo mismo los trabajadores de La Rioja. Las empresas han comenzado a limar lentamente las condiciones laborales de sus empresas con la excusa, también orbe et orbi, de la competencia.

Tanto los trabajadores de las ITV concesionadas como los de la ITV pública de Alcantarilla están en huelga durante el mes de octubre y a partir del 2 de diciembre iniciarán, si no hay acuerdo, una huelga indefinida. “El canto alegre del que espera el nuevo día” de los neoliberales no es un estribillo del gusto de los asalariados. La autorización administrativa no garantiza su empleo, su salario, su derecho a tener una previsibilidad de futuro. La defensa del empleo de calidad y de la dignidad profesional es suficiente motivo para la huelga.

Expuesto lo anterior, reiteramos la pregunta: ¿por qué el Gobierno Regional renuncia a sus fuentes de ingresos con más de 9000 millones de deuda pública? El capitalismo de boletín oficial o de amiguetes parece seguir siendo su bandera. La calidad del empleo, la dignidad profesional,  la gestión directa de los servicios públicos la contraria.