La celebración de la Diada en Barcelona ha sido todo un éxito hasta el punto de haberse convertido en la manifestación más numerosa de las celebradas en Catalunya desde 1977.

La celebración de la Diada en Barcelona ha sido todo un éxito hasta el punto de haberse convertido en la manifestación más numerosa de las celebradas en Catalunya desde 1977. Si bien corren serias dudas de que pueda ser una instrumentalización más de CiU para conseguir el Pacto Fiscal, hay que reconocer que, al menos, tres fuerzas políticas (CiU, ERC, ICV) han dado un serio paso adelante: declarar abiertamente su apuesta por la independencia de España. Esta reivindicación legítima choca, sin embargo, con la legalidad vigente y este es el dilema que a partir de ahora estas tres formaciones tendrán que intentar resolver. Este es el nuevo tiempo histórico que se inicia hoy entre Catalunya y España.

La Constitución de 1978 parece clara al respecto: el pueblo español, titular de la soberanía nacional, se organiza en el Estado español, como Estado social y democrático de Derecho. La Constitución se fundamenta en la unidad de la Nación española (con mayúscula), patria indivisible de todos los españoles, es decir, del pueblo español. Vemos, por tanto, que la Nación española es el pueblo español organizado en Estado, que tiene un territorio definido. La Constitución, asimismo, reconoce el derecho a la autonomía –que no a la autodeterminación– de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española. Este reconocimiento constitucional a la autonomía avala la oficialidad de las lenguas y banderas propias, así como unas competencias políticas propias que se desarrollan en un ordenamiento jurídico y en unas instituciones políticas llamadas autonómicas. Hasta aquí, todo normal, pues es lo propio en un Estado compuesto, sea éste federal (EE UU, Alemania), autonómico (España) o regional (Italia). Lo que no está reconocido expresamente por la Constitución es el derecho a la autodeterminación (independencia o soberanía), es decir, el derecho a formar un Estado propio, libre e independiente, que se sume a la relación de los Estados oficialmente reconocidos como tales por la ONU.

Por otro lado, parece un contrasentido que España haya firmado convenios y tratados internacionales donde se reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos y, sin embargo, no reconozca la autodeterminación a las nacionalidades y regiones que integran el Estado español. En el concepto jurídico-político de pueblo se encuentra la explicación de por qué una cosa y la otra son compatibles, pues la Constitución española no reconoce más pueblo jurídico-político que el español, que alcanza su configuración como Nación porque se ha organizado en Estado. Los pueblos a los que los convenios y tratados internacionales reconocen el derecho a la autodeterminación solo se pueden equiparar al pueblo español, no a los catalanes, vascos o gallegos porque éstos no son pueblos jurídico-políticos para nuestra Constitución, sino nacionalidades que forman regiones y que, eso sí, tienen derecho a la autonomía política dentro del Estado español, ejercida mediante su propio autogobierno.

Llegados a este punto, nuestra Constitución confiere en su art. 8 a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, la misión de defender su integridad territorial (se puede entender que hacia fuera y hacia dentro) y la misión de defender el ordenamiento constitucional. Por tanto, una declaración unilateral de independencia de cualquier territorio que actualmente conforme una Comunidad Autónoma se entendería como una violación de la integridad territorial de España y de su ordenamiento constitucional. El Ejército tendría la misión de regresar la situación a su punto anterior, aunque no por su cuenta y riesgo, sino por orden del Gobierno central, pues en un sistema democrático el Ejército está sometido al poder político. Sin embargo, siempre existiría el riesgo de que, llegado el caso, hubiera militares que se adelantaran a cualquier orden gubernamental.

Por tanto, sin forzar esta vía al independentismo, solo queda la vía pacífica y democrática, de la ley a la ley, en feliz expresión que se acuñara durante la Transición. Y esto es lo que resulta realmente difícil y complicado en el actual contexto y, seguramente, en el inmediatamente futuro. Porque, si se escoge este camino, hay solo dos alternativas:

1. Convencer a los partidos estatales de gobierno, PSOE y PP, de que ha llegado el momento de reformar la Constitución para reconocer el derecho de autodeterminación a las nacionalidades y regiones que integran el Estado español. O, también, que estos partidos se convenzan solos. Ambos convencimientos son harto difíciles, por no decir imposibles, pues un partido es centralista y el otro federalista.

2. Conformar una mayoría social cualificada, que tenga su correlativa representatividad en el Parlament de Catalunya, que demande el reconocimiento constitucional del derecho a la autodeterminación. Y esto solo se logrará si las fuerzas políticas que lo defienden acuden a las elecciones autonómicas con un programa electoral donde se fije abiertamente esta demanda. Y, además, que dicha mayoría social sea cualificada, para lo que a mi entender no basta una mayoría absoluta sino, al menos, una mayoría en torno al sesenta por ciento de la población, la conocida mayoría jurídica de tres quintos, que es la siguiente mayoría cualificada a la absoluta.

3. Aún así, una mayoría cualificada en el Parlament de Catalunya solo podría ejercer presión en los partidos estatales de gobierno para que éstos llegaran finalmente al convencimiento de que la autodeterminación es un derecho y no una concesión, porque para reformar la Constitución en su título Preliminar –que es donde se reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones– hace falta una mayoría de 2/3 de Congreso y Senado en dos legislaturas consecutivas, además de un referéndum, y parece imposible que ese triple requisito se consiga fuera de Catalunya.

Sea como fuere, este es el camino pacífico y democrático que tendrían que iniciar ahora los partidos que han secundado y movilizado la Diada del 11 de septiembre de 2012. A escala local, y salvando todas las distancias comparativas, puede que España tenga también su 11-S como fecha que cambie el orden de las cosas o el curso de los acontecimientos, pero esperemos que sin violencia de ningún tipo.