Se van clarificando, por fin, las dos opciones que se barajan ahora mismo en el PSOE para salir del bloqueo institucional a la formación de Gobierno en la que ha derivado la investidura fallida del Presidente en funciones, Mariano Rajoy. Dos opciones que se tenían en mente desde el minuto uno de la jornada postelectoral pero que no se han desvelado abiertamente hasta ver el resultado de los pactos entre PP y Ciudadanos, que arrojó el saldo de 180 votos parlamentarios en contra y 170 a favor (con su respectiva traducción aritmética a millones de votos de ciudadanos). Una parte del PSOE, con barones territoriales y ex líderes a la cabeza, ya ha hecho pública su preferencia por dejar gobernar en minoría al PP pero con otro candidato a La Moncloa que no sea Rajoy. La lideresa andaluza, Susana Díaz, lo ha dejado meridianamente claro al insistir en el “no a Rajoy, no a un Gobierno con Podemos y no a unas terceras elecciones”. Otra parte del PSOE, con la Ejecutiva federal al frente y una parte de la militancia de base, prefiere la opción de recabar el apoyo incondicional de Podemos y Ciudadanos para un Gobierno en minoría del PSOE, de acuerdo a su programa electoral. Lo dejó meridianamente claro el secretario general del partido, Pedro Sánchez, cuando pidió a Pablo Iglesias y Albert Rivera “altura de miras, ahora que el PSOE ya ha hecho su trabajo”. Claro que lo que Sánchez llama “altura de miras” lo traducen Iglesias y Rivera por “cheque en blanco”, que buscaría el mismo resultado final de la estrategia ya desplegada en la anterior legislatura (investidura de Pedro Sánchez con el apoyo parlamentario de Ciudadanos –más el visto bueno del IBEX35- y el beneplácito de Podemos, si éstos querían un Gobierno de progreso en las únicas condiciones posibles en aquel momento, es decir, un Gobierno que no molestara al poder económico-financiero). Ahora, la apuesta de Sánchez es más ambiciosa, pues pretende recabar el apoyo incondicional también de Ciudadanos, cuyo doble juego habría quedado a la vista en sus negociaciones con el PP, no queriendo el PSOE comprometerse a firmar un acuerdo de Gobierno con quien también lo ha firmado con el principal adversario político. 

Sea cual sea el itinerario que se recorra a partir de ahora, cabe hacer la reflexión de si es posible una nueva investidura del mismo candidato que ya ha sido rechazado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, que es la cámara parlamentaria facultada para elegir al presidente del Gobierno. Por supuesto, éste puede sentarse a negociar nuevas condiciones con los grupos parlamentarios que, en principio, podrían apoyarle, pero yo me planteo si, tras dos convocatorias electorales seguidas (y para evitar sucesivas elecciones) no sería conveniente introducir en el segundo proceso de investidura la obligación previa de presentarse a la misma con los apoyos parlamentarios ya negociados, bien en primera votación con mayoría absoluta, bien en segunda votación con mayoría simple. De no salir elegido en las dos sesiones de investidura, ni en primera ni en segunda votación, y de no haber otra propuesta alternativa de la oposición, ¿no sería conveniente que nuestro sistema político obligara al primer candidato a ceder el paso a otro diputado de su mismo partido, antes de trasladar una vez más a los electores el peso de la responsabilidad del voto adecuado para la formación de Gobierno?  

Si hiciéramos una interpretación adecuada de nuestro sistema político, que es parlamentario, concluiríamos que son los diputados del Congreso quienes eligen, en representación nuestra, al presidente del Gobierno. Luego a ellos les ocupa la resolución de los conflictos y bloqueos que impiden la investidura de los candidatos. Los electores ya hemos manifestado nuestra opinión y hemos optado por unos partidos para que nos representen en las Cortes, pero es a los diputados electos a quienes corresponde elegir al presidente del Gobierno, luego ellos tendrán que esforzarse por encontrar las soluciones adecuadas. No se puede trasladar indefinidamente al cuerpo electoral la responsabilidad de dicha elección, pues con ello se envía un mensaje irrespetuoso y despreciativo a la opinión política manifestada por los ciudadanos en las urnas. Los diputados del Congreso, al concluir la legislatura sin haber investido a un Presidente, vienen a decirnos: “os habéis equivocado al votar”. Y esto se puede admitir una vez, y repetir las elecciones, pero no más. Por eso creo que sería conveniente introducir algún mecanismo, tras la segunda convocatoria electoral, que obligara a los diputados del Congreso a resolver el mandato que hemos dado los electores. Y, así, pienso que en el segundo proceso de investidura, deberían articularse cuatro sesiones consecutivas, en caso de ir fallando sucesivamente una y otra: la primera, con el candidato ganador de las elecciones; la segunda -para respetar el orden de la voluntad mayoritaria de los electores- con el líder de la oposición, que lo es también del segundo partido más votado; la tercera, de fracasar las dos anteriores, con otro candidato distinto del partido ganador de las elecciones; y la cuarta y última, de no resultar tampoco la anterior, con otro candidato alternativo del principal partido de la oposición. Creo que con este mecanismo los diputados encontrarían la solución, pues si un candidato cosecha el rechazo de la mayoría absoluta del Congreso, está cosechando el rechazo de la mayoría absoluta de los españoles. Esa es la lectura correcta en un sistema parlamentario, traducir los votos de cada diputado por miles de votos de ciudadanos. Se podría objetar que los electores han votado mayoritariamente al líder de un partido y no a otro y, por tanto, no cabría cambiar de candidato dentro del mismo partido. Habrá que explicar entonces que, aunque nuestro sistema político convierte las elecciones generales (que son parlamentarias) en una suerte de elecciones presidenciales –porque de ellas resulta elegido el presidente del Gobierno- en puridad son elecciones legislativas, pues de ellas salen elegidas las cámaras de representación parlamentaria que, una vez constituidas, proceden a la elección del presidente del Gobierno, que será normalmente el candidato del partido ganador de las elecciones; o no, pudiendo ser el candidato líder de la oposición, o cualquier otro, y en este último caso, por qué no cualquier otro diputado de los dos partidos más votados, a los que hay que reconocerles (como se hace en los sistemas electorales mayoritarios) la prioridad en las opciones formativas de Gobierno. 

Pienso que ésta (o cualquier otra parecida) sería una buena solución para evitar el conflicto institucional que ahora tenemos y la parálisis gubernamental en la que nos encontramos. Todos los sistemas políticos son libres para introducir en ellos el diseño y las reformas que los partidos crean convenientes para reducir la complejidad en la toma de decisiones públicas en las que participan directa o indirectamente los electores y, en mi opinión, dada la experiencia actual, tendríamos que ir pensando en mecanismos de solución de conflictos institucionales como el que nos ocupa ahora mismo a los españoles.