Han pasado unas horas desde que vimos los presupuestos dedicados a empleo y todavía no se nos ha cambiado el rictus de indignación. Suponen un grave atentado no solo a los trabajadores que han perdido su empleo, sino a cualquier persona de bien tanto por lo que dicen expresamente como por lo que apuntan.
En los presupuestos de 2012 se consignan 20.060 millones de euros para prestaciones contributivas y 8.443 para subsidios. En 2011 se han gastado 21.176 millones de euros en prestaciones contributivas y 8.820 en subsidios. La reforma laboral va a expulsar a trabajadores fijos y el gobierno cifra en más de 630 mil los empleos que se perderán. En este marco parece necesario presupuestar un fuerte incremento en prestaciones.
Desde el Ministerio de Hacienda se afirma que es la propia dinámica de las prestaciones la que provocará un menor gasto debido a la disminución “natural” de los perceptores. Si analizamos cómo ha evolucionado el gasto, podemos comprobar cómo desde marzo, en el que se registró la mayor caída anual, una disminución del 13,7%, la variación anual se incrementa paulatinamente y ya en el mes de enero la variación es 0. Ello hace presumir que, cuando menos, el gasto en contributivas va a aumentar considerablemente. Esta afirmación se fundamenta en el propio Informe Económico Financiero de los presupuestos: en 2011 estima una pérdida de 356,5 mil puestos de trabajo e incrementa esa pérdida en un 77% en 2012. Han presupuestado una disminución del 5,4%, 1.637 millones de euros menos, y será justo lo contrario. Algo ocurrirá con las prestaciones.
¿Qué ocurrirá? Lo que la mayoría pensamos y tememos: el gobierno dentro de unos meses, posiblemente en el propio verano, aducirá la necesidad de contener el déficit para recortar las prestaciones contributivas dado que se dispararán del objetivo de gasto presupuestado. Posiblemente se recorte el tiempo, de cuatro a tres meses por año con un máximo de 18 meses y/o la cuantía (70%, 60% y 50% de la base reguladora en cada semestre). Se presupuesta por debajo de lo que indica toda lógica para recortar diciendo que el gasto se dispara.
El segundo aspecto a resaltar es el brutal recorte de algunas políticas activas de empleo, lo que provoca un cambio de peso y de actores de las mismas. Los fondos que se le dan directamente a los empresarios se incrementan en un 5,4%: 150 millones más en bonificación a las cotizaciones de la S. Social; 52 millones más de cotizaciones de Formación Continua y 60 millones menos para promoción de empelo autónomo. Sobre el total del presupuesto los fondos destinados a los empresarios pasan de suponer el 42,5% en 2011 al 56,8% en 2012. Todos los estudios realizados, incluyendo el grupo de expertos de 2006, que ha trabajado sobre la eficacia de los incentivos a la contratación, concluyen diciendo que no sirven para crear empleo, todo lo más para discriminar a unos colectivos sobre otros. Esto hace cuestionar que en un ajuste como el actual, se destinen 2.600 millones a este fin, aumentando un 6,1%.
Las políticas destinadas a los desempleados directamente tienen dos comportamientos diferenciados. Aquellas específicas para la contratación de parados, incluyendo las escuelas – taller se reducen casi a la nada. Entre todas ellas se distribuyen 12 millones para todas las autonomías. En 2011 se destinaron 1.331 millones. El objeto de ellas se estaba dirigiendo a la contratación de parados con cargas familiares que agotaron todo tipo de prestaciones para que realizasen trabajos necesarios a la comunidad contratados por ayuntamientos y/o entidades sin ánimo de lucro. Ello les permitía poder acceder a una nueva prestación no contributiva durante 21 meses al tiempo que realizaban un trabajo social en muchos casos ligados a políticas de dependencia o de proximidad.
El contraste es claro. Por un lado se eliminan los programas que podían dar un respiro a miles de parados no perceptores (mantener el 0,9% resulta incluso insultante). Por otro se incrementan los fondos para los empresarios, que no sirven para crear empleo
Una incógnita más que abren estos presupuestos tiene que ver con las administraciones que involucra. La ejecución de las políticas activas está transferida a las autonomías. Para ello se destinan 1.755 millones de euros menos que en 2011. Por el contrario el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aumenta su reserva de gestión directa en 144 millones. En el reparto entre ambas, la reserva de gestión del SEPE pasa de suponer el 17% en 2011 al 35% en 2012, ello sin incluir los fondos que el SEPE reparte directamente a los empresarios. Parece que el gobierno del Estado está recuperando competencias por la vía de los hechos con la complicidad de algunas comunidades de su mismo color.
Un balance rápido de los presupuestos de 2012 nos define una política que premia a los defraudadores fiscales (los amnistía sin que tengan que pagar ni lo que defraudaron); incrementa los fondos para los empresarios demostrados una y otra vez ineficaces; dota insuficientemente las prestaciones de desempleo poniendo sobre ellas una espada de Damocles; elimina los fondos para la contratación de desempleados que pueden permitir el acceso a prestaciones de quienes carecen de ellas; desequilibra a favor del Estado el reparto competencial realizado en estos años. En definitiva, una vez más se define la política de este gobierno del PP: abundancia para unos pocos y escasez e incluso hambre para los más.