Es obvio que gran parte de la ilusión que las personas de izquierda han acumulado a propósito de los acontecimientos de este año comienza a diluirse. Lo ocurrido en Grecia por un lado y la mitigada presencia ejecutiva de las plataformas sociales presentes en ayuntamientos y comunidades autónomas aquí, lleva, hay que reconocerlo, a un incipiente desencanto. Es cierto que la presión sobre Syriza es apabullante e inmoral, aunque el partido no ha concluido. También que el tiempo de las nuevas fuerzas en las administraciones es todavía escaso para medir el alcance de políticas concretas. Pero es una actitud sabia el estar en posición de prevención y de ello entiendo surge el mohín de la atemperada desilusión que comienza a reconocerse entre muchos de quienes creemos que nos encontramos en la mejor de la situaciones para provocar un cambio profundo de las relaciones sociales y políticas que han marcado la historia reciente de Europa y muy en particular de España.
Y a lo que ocurre en España quisiera referirme precisamente. El nuestro es un país muy desestructurado en términos sociales y políticos. La distancia que separa a los individuos de cualquier área o manifestación del poder es amplísima. Lo que media entre el ciudadano y el estado es un desierto sideral, pero también lo es respecto del ayuntamiento o de la consejería de deportes o de medioambiente, dicho tan solo con la intención de citar áreas diversas. Si se quiere avanzar en el desarrollo de una propuesta de sociedad más igualitaria y más solidaria es necesario comenzar a cubrir ese vacío mediante la generación de espacios ciudadanos de soberanía popular, que siembren ese árido desierto entre el sujeto y el estado, que articulen la relación de sujeto soberano con el poder delegado.
Hay que crear sociedad, hay que generar una red de plataformas o de instituciones de acción social organizadas y dirigidas desde abajo, desde la iniciativa popular. Y eso no es otra cosa que ACTIVISMO. No se trata de convertir cada acto en una reivindicación, sino de reivindicar el derecho a actuar dentro de las reglas de la honestidad para fortalecer el papel del ciudadano frente a la rigidez del marco institucional generado para provecho de terceros influyentes. Cualquier área del ámbito social, de la educación y la sanidad (por supuesto) a la regulación de los derechos de expresión debe conquistarse mediante la puesta en marcha de actividades tendentes a la promoción del sentido social que debe regir cada acto y cada gesto en dichas áreas. Activismo es crear órganos o plataformas de acción y conciencia de la necesidad de intervenir en cada ámbito de la administración, en cada cuestión política, en cada debate y en la presentación de propuestas que orienten la acción política y la gestión administrativa.
Sólo de esta manera, mediante un activismo vivo y extenso, puede impedirse el que la ilusión se convierta en decepción. Sólo de esa manera podemos evitar la frustración que algunos ven en la acción de los nuevos movimientos. Parte de la decepción está relacionada con la intranquilidad de ver que muchas cosas siguen igual, que parece que no hemos avanzado. Y creo que esta percepción es un error infantil, la nueva administración no tiene que resolver nuestros problemas como si éstos fueran un hecho terminal, al contrario, forman parte de nuestras vidas y somos nosotros quienes hemos de plantear las soluciones que nos interesen en cada momento. Frente a este activismo proactivo, la administración debe favorecer el que la iniciativa ciudadana se convierta en realidad en lugar de torpedear, legislar a la contra, prohibir o multar como ha sido la tónica de los tiempos pasados.
Coincidiendo con los momentos del 15-M, cierto día me topé con un grupo de jóvenes franceses que apasionadamente gritaban: ¡Activisme, Activisme!. En principio me pareció una apelación ideológica alimentada por la excitación de los acontecimientos. Ahora veo con total claridad la profundidad de la consigna. Activismo o extenuación. O hacemos o perecemos.
Ese activismo promotor tiene dos grandes beneficios, crea estructura social, genera tejido, articula una sociedad en la que el reparto del poder esté más disperso entre los distintos actores y grupos de interés. Pero además y sobre todo, fortalece el sentido de soberanía, la percepción de que aquello de lo que se trata es cosa nuestra no una delegación de responsabilidad diferida a políticos profesionales y funcionarios conniventes. De ese modo la próxima vez que traten de arrebatarnos derechos y conquistas en lugar de enfrenarse a la indignación sin más, tendrán enfrente a ciudadanos responsables de la gestión de su propio patrimonio.