Con rara unanimidad, los medios de comunicación españoles han desplegado sus esfuerzos en las horas inmediatas a la publicación de medio millón de datos que ofrece la web del Ministerio de la Presidencia para intentar encontrar respuesta a las preguntas que hasta ayer tropezaban con el muro de la opacidad. No vamos a caer en la fácil tentación de la descalificación absoluta de lo que, pese a todo, es un paso hacia adelante en el desarrollo de una Ley de Transparencia que nos asimila en cierta medida con la práctica común en otras cien democracias mundiales. Organismos que miden la calidad de esas normas sitúan a la española en una posición discreta, la sesenta y cuatro en un listado que encabezan, para mi propia sorpresa, Serbia y Eslovenia. ¿La explicación?: “Valoramos las normas sobre el papel, pero no su aplicación”, dice Victoria Anderica, de Access Info Europe. “Por desgracia es muy difícil evaluar cómo es su práctica y muchas veces no resulta satisfactoria”.
Lo más cierto es que, a día de hoy, los españoles estamos muy entretenidos comentando los salarios de los altos cargos de la Administración y, sobre todo, la paradoja de que la escala de sueldos sea contradictoria con las responsabilidades asumidas. Que el Presidente el Gobierno gane mucho menos que su jefe de gabinete, y que eso sea común en todos los ministerios respecto al titular de la cartera, no era ningún secreto para quien tuviera la mínima curiosidad por asomarse a los Presupuestos del Estado. Claro que, habida cuenta de la desgana con la que se siguen en España los debates sobre la Ley que determina la realidad de las políticas, la extrañeza se atenúa.
No hacía falta tampoco, y eso lo saben muy bien los responsables de sacar adelante las publicaciones de la Fundación Sistema, que ahora, gracias a la web, se descubra el mediterráneo de la clamorosa desproporción existente -diez a uno- entre las aportaciones del Estado a las Fundaciones vinculadas con el Partido Popular y la relacionada con el Partido Socialista. No obstante, es bueno que, al fin, gracias al impulso que genera lo novedoso, alguna parte de la sociedad preste atención al problema de fondo, que no es otro que la urgente necesidad de modernización de nuestras estructuras administrativas y el racional uso de los recursos públicos en función de su utilidad social. No del reparto de beneficios del poder. En cualquier caso, y bajo cualquier gobierno.
Uno de los aspectos más polémicos y más afectados por cierta demagogia, comprensible cuando el paisaje nacional está degradado por sueldos miserables y se discuten unos pocos euros en salarios de mera subsistencia, es la retribución de quienes optan por ocupar un cargo político abandonando temporalmente su ocupación profesional. Es una cuestión pendiente de un análisis sereno que seguramente hoy no es el mejor momento de plantear abiertamente, ni creo que ninguna formación política ose plantearlo en la vorágine electoral en la que se encuentran inmersas. En todo caso, si los partidos políticos no se arriesgan a definir sus posturas, otros foros debieran desbrozar el camino y resolver la difícil ecuación entre entender la práctica política como una vocación permanente de futuro o un transitorio ejercicio de responsabilidades públicas al servicio de unas ideas. Con muchos más matices y consideraciones, por supuesto. Lanzo una sugerencia. Simplemente.