Se hace necesario, pues, recuperar el consenso y el compromiso tácito para superar la crisis de legitimidad que estamos padeciendo
La legitimidad define la cualidad que tiene un poder o sistema político para que su autoridad emane del consenso social articulado en un compromiso tácito entre los que gobiernan y los gobernados, sin tener que recurrir a la coacción o amenaza de la fuerza. El concepto nació en plena época de la Restauración después de la derrota de Napoleón. En ese momento histórico se vinculaba a la necesidad de devolver el poder a los monarcas absolutos, por lo que se declaraban ilegítimos los sistemas políticos sustentados en la soberanía nacional, fruto de las primeras revoluciones. Posteriormente, Max Weber estudió el concepto de la legitimidad y consideró que había tres tipos. La primera era la establecida con la Restauración. La segunda era la carismática y se daría en los sistemas políticos donde los gobernados se entregarían a una persona por sus capacidades excepcionales. La tercera legitimidad sería la que calificaba de racional. Esta legitimidad se basaría en motivaciones objetivas o impersonales, en la legalidad. El positivismo estableció la diferencia entre legitimidad y legalidad. La primera era previa y la segunda era el único concepto capaz de ofrecer criterios racionales y científicos. La principal garantía de la legalidad sería que contara con el requisito moral de la legitimidad. En la actualidad, evidentemente, la legitimidad estaría ligada a los sistemas democráticos con un escrupuloso respeto a los procedimientos para alcanzar el poder y para ejercerlo. La legalidad existiría en sistemas dictatoriales, como en el franquismo, pero éstos serían ilegítimos, precisamente por su origen, fruto de la violencia y por su forma de ejercer el poder, que no es democrática.
En vista de los argumentos expuestos, evidentemente, nuestro sistema político es legítimo porque se trataría de una democracia y por las formas de acceder al poder y de ejercerlo pero, no cabe duda que hay una serie de problemas graves que podemos plantear. En primer lugar, estaría el origen de nuestra democracia al no haberse establecido a partir de una ruptura clara con el sistema anterior. ¿Hubiera sido mejor esa ruptura, como en principio pretendió la izquierda, aunque luego cediera?, y dicho esto, ¿hubiera sido posible esa ruptura? En segundo lugar y, creemos más determinante, ¿no estamos asistiendo a una profunda crisis del consenso social y del compromiso tácito subsiguiente necesario para que el sistema sea legítimo?, ¿la destrucción del estado del bienestar no está minando ese consenso?, ¿la corrupción no es un disolvente aún más poderoso de dicho consenso?, ¿la tensión entre los nacionalismos no españolistas y el rebrote del centralismo no están dinamitando ese consenso?
Creemos que es necesaria una intensa e ineludible reflexión en nuestro país que derive en una reforma constitucional que aborde claramente un cambio en la articulación de los distintos poderes de nuestro sistema político, del sistema de partidos y de su financiación, así como en relación con la efectiva garantía de los derechos sociales y que aborde una nueva estructura territorial del estado. Creemos, en fin, que la izquierda con responsabilidad de gobierno debe liderar con valentía este proceso frente a una derecha fundamentalista de la Constitución actual, a unos nacionalismos lanzados a la aventura o a movimientos que, aunque expresen un malestar evidente, no están articulados para estructurar y efectuar cambios. Se hace necesario, pues, recuperar el consenso y el compromiso tácito para superar la crisis de legitimidad que estamos padeciendo.