El País de 29/07/15 publica una página de información municipal con el siguiente encabezamiento: “Carmena cancela la venta de 2.086 pisos sociales a fondos de inversión”. Decisión que contrasta con la vergonzosa y ruinosa venta a fondos buitre de un número importante de viviendas (4.795) ya ocupadas y en régimen de alquiler, tanto por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), dependiente del gobierno regional, siendo presidente Ignacio González, como por la EMVS, siendo alcaldesa Ana Botella.
Ventas que quebraron el destino último de la vivienda social, como es el cumplimiento del mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a garantizar una vivienda digna a los ciudadanos, con un precio asequible en relación a sus rentas personales o familiares. Venta de unos bienes públicos a fondos buitres (2.935 viviendas del IVIMA adjudicadas a Goldman Sachs-Azora y 1.860 viviendas de la EMVS a Magic Real Estate-Blackstone) a un precio inferior al de mercado e incluso al del precio tasado de la vivienda protegida. Venta que puede calificarse de malversación. Venta que rompió el compromiso contractual firmado en su día por el ayuntamiento y los vecinos que ocupaban desde hace años estas viviendas.
No solo se malvendieron edificios, sino que se vendieron los derechos de los ciudadanos de Madrid, entregándolos a unos nuevos propietarios privados cuya finalidad última es hacer negocio con este patrimonio inmobiliario, expulsando a los actuales inquilinos para, una vez desalojados, vender estas viviendas a precio de mercado. Una venta consolidada aunque sometida todavía a las conclusiones de los procesos judiciales abiertos por los recursos de los afectados. Una operación con la que el Ayuntamiento pretendía recaudar fondos para nutrir sus maltrechas arcas y minorar sus cuantiosas deudas, a costa del bienestar de los madrileños.
La decisión del nuevo Ayuntamiento, con Manuela Carmena a su cabeza, garantiza la permanencia de los actuales inquilinos, estableciendo “un nuevo modelo de contrato, de tal forma que ningún adjudicatario tendrá que abonar más del 30% de sus ingresos por el alquiler”. Decisión del nuevo Ayuntamiento que hace realidad las esperanzas de cambio frente a las siniestras políticas practicadas durante las últimas dos décadas por los gobiernos regional y municipal liderados por el Partido Popular.
Algo más que una simple noticia sobre la actividad municipal. Una clara demostración de que el grito indignado y esperanzado ¡Sí se puede! que ha recorrido las calles y plazas de las ciudades españolas, se ha hecho realidad en Madrid.
Con la decisión de nuestra alcaldesa se revitaliza el compromiso de los ciudadanos en la conquista de una nueva política, con unos nuevos políticos que, cuando tienen la responsabilidad de gobernar, anteponen los intereses de los ciudadanos a cualquier otro. Unos nuevos gobiernos que hacen realidad, que encarnan en actos concretos y visibles, el compromiso de luchar por la igualdad y la justicia social, objetivo último e ineludible de los poderes públicos democráticos.