Analizar y entender la crisis no es sólo comprender sus efectos y consecuencias, sino estudiar el origen, la raíz del conflicto, para cerciorarse de que las tomas de decisiones son, o pueden ser, las más acertadas.
De cualquier forma, partiendo de un cierto consenso sobre las causas de la crisis, las consecuencias subsiguientes distan mucho de tener una confluencia de intereses, criterios y menos unanimidades. Da la impresión que cada uno tenemos un receta distinta y, por supuesto, “la nuestra siempre es la mejor”.
En tanto en cuanto esto sucede, el “tsunami” en forma de crisis sigue arrastrando toda suerte de logros y avances, en forma de derechos, haciendo desaparecer los únicos bienes patrimoniales que tienen las clases populares en este país: el trabajo, la vivienda y la dignidad, pues es cierta la reflexión de Emilio Ontiveros (El País, 15/11/2012) cuando señala que: “es difícil encontrar, en la moderna historia económica de nuestro país, un momento en el que sea tan manifiesta y prolongada la erosión de bienestar de una parte creciente de la población, la que dispone de menor capacidad defensiva y de negociación y que es precisamente la que menos ha contribuido a generar los desequilibrios y excesos que desencadenaron esta crisis”.
En cualquier caso, el tsunami atravesó el país en dos fases bien diferentes, una primera coincidente con el estallido de la “burbuja inmobiliaria” (2008-2010) en la que los más perjudicados (en el ámbito sociolaboral) fueron los empleados de la construcción y de otros sectores ligados al anterior, los temporales o eventuales, los jóvenes, los menos cualificados, los autónomos,... que hicieron posible que el paro se elevase hasta el 20% de la población activa y el empleo cayese en cerca de 2,5 millones de trabajadores.
Ya bien entrado 2010 comienza la purga social, en principio de manera un tanto light, pero lo suficientemente asentada en los dogmas y principios emanados de la Iglesia financiera, con todos sus obispos bendiciéndolos, máxime cuando los nuevos virreyes de este país acentuaron y culminaron el gran catecismo de lo que algunos dirigentes europeos señalaron, al principio de la crisis, como “refundación del capitalismo”.
Y llegaron, sin que nadie se lo pidieran, sucesivas reformas laborales que afianzaron, aún más, los derechos de los poderosos en el inestable equilibrio de las relaciones laborales; los recortes en todas y cada uno de los subsectores que conforman los bienes y servicios sociales para debilitar, aún más, nuestro inacabado Estado del Bienestar; las continuas transferencias de recursos desde nuestros bolsillos al de los banqueros, hasta llegar a debilitar los cimientos de una parte de nuestra estructura económica (ligada al sector industrial) que aún se mantenía en pie, a pesar de los pesares.
Al mismo tiempo que millones de trabajadores en España, el 14-N, seguían la huelga y participaban masivamente en las amplias movilizaciones, los asturianos nos despertábamos con la “huida” de la multinacional SUZUKI (200 trabajadores) a tierras paquistaníes y el cierre de varias empresas, algunas de las cuales de amplia trayectoria en nuestra Comunidad: RIOGLASS SOLAR (91 trabajadores); CRADY (75 trabajadores) o FAMILA (70 trabajadores)
Un reciente informe sobre los “efectos y consecuencias de la crisis en el sector industrial asturiano” (Federación de Industria de CC.OO.) nos da algunas pistas:
- A lo largo del último quinquenio, 2/3 de los cierres de empresa corresponde a la construcción y a las empresas metalúrgicas muy ligadas a dicho sector, sin embargo, cada vez con más fuerza, comienzan a desaparecer empresas industriales desligadas de aquel sector e incluso empresas de amplia y larga trayectoria en nuestra Comunidad Autónoma.
• Al menos hasta 2010, la industria, desde el punto de vista del empleo o población ocupada, aguantó bien el tirón de la crisis, recayendo ésta, esencialmente, en la construcción, empezando a deteriorarse seriamente a partir de ese año, arrastrando al sector servicios que es quien más pierde desde el punto de vista cuantitativo.
• Tanto la Administración Central como la Regional han optado por reducir drásticamente, a partir de 2010, las ayudas destinadas a la promoción económica, hasta ahora la única política económica e industrial que seguían los distintos gobiernos para incentivar la creación de empresas y el tejido industrial.
No podemos hablar de líneas rojas, pues creo que ya las hemos atravesado todas, tan sólo nos queda preguntarnos hasta donde llega o puede llegar los límites de la resignación.