11 de noviembre de 2010, 7:48
NUEVATRIBUNA.ES - 7.11.2010
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Mucho se ha hablado de la histórica relación entre el narco y el Estado mexicano. Sin embargo, han sido pocos los que se han dedicado de forma sistemática a estudiarla desde la academia. La relación ha sido sin duda real, y va más allá de los casos famosos como el gobernador narco Mario Villanueva y del General Gutiérrez Rebollo. Ha sido, para acabar pronto, una arista más del sui generis régimen del PRI, y se extiende más allá de la transición.
¿Cómo ha sido esta relación? ¿Cuándo comienza? Y especialmente, ¿cómo ha cambiado?
Para el sociólogo de la UNAM Luis Astorga ha habido al menos cuatro grandes momentos en la historia del campo del tráfico de drogas en México que permiten observar sus relaciones con el campo político y sus transformaciones: 1914-1947, 1947-1985,1985 a 2000, y el que se inicia a partir del 2 de julio de 2000.
1)El primero momento estuvo caracterizado por el nacimiento del campo del narcotráfico en posición subordinada al poder político, y en particular a la figura política más importante en los estados productores o de tráfico en el norte del país: los gobernadores. Políticos de la Baja California como Esteban Cantú (revolucionario que controlaba el tráfico de opio y, pragmático, decretó una ley prohibicionista para luego violarla) o Abelardo Rodríguez (presidente interino en 1932 y luego próspero empresario), fueron pioneros en el negocio. Para Astorga, aunque los traficantes pertenecían al arreglo general del régimen emanado de la revolución de 1910, estaban excluidos formalmente de la política. Desde su posición subordinada, su capacidad para establecer sus propias reglas del juego era muy limitada pues sabían que sin protección política tenían pocas probabilidades de éxito o supervivencia. Aunque se emitieron leyes que prohibían la producción y comercio de marihuana y opio, varios gobernadores siguieron la senda de Cantú y Rodríguez: el negocio era demasiado jugoso como para ser dejado sólo a los traficantes.
2) El segundo momento es en el que se crean las mediaciones estructurales entre el poder político y los traficantes, representadas principalmente por corporaciones policiacas y encargadas de la seguridad que, con atribuciones extralegales, podían aplicar dos acciones simultáneas: proteger y contener a los traficantes.
Los estudiosos del tema consideran que una de las instituciones por medio de las que se estableció este control fue la policía política mexicana: la DFS (Dirección Federal de Seguridad). Existieron casi desde el principio reportes de inteligencia estadounidenses que involucraban a los principales dirigentes de la Dirección Federal de Seguridad en el tráfico de drogas, pero se mantuvo el silencio. Un ejemplo: el caso de un auto cargado de opio detenido en Texas que pertenecía al Coronel Carlos Serrano, Senador, amigo del Presidente Miguel Alemán (1946-52), y creador de la DFS.
Llegan los 60 y con ellos un boom en el consumo de marihuana en Estados Unidos. La demanda crece, y con ella el negocio, la violencia, y las presiones por parte del Gobierno estadounidense. El estado de Sinaloa y su gobernador (Leopoldo Sánchez Célis) comienzan a destacar. Miguel Ángel Félix Gallardo, un ex policía que luego será conocido como “El Padrino” en el mundo del narco y uno de los fundadores del cartel de Sinaloa, fue escolta de la familia Sánchez Célis, quien le brindó protección política.
En los 70 empiezan los nexos con Colombia y la cocaína. En ello tuvo protagonismo, un químico hondureño de apellido Matta quien, una vez capturado su socio Sicilia (cubano), se asocia con Félix Gallardo.
En 1977 se lanza la “Operación Cóndor”, la mayor campaña antidroga realizada en el país, en la que participaron el ejército mexicano y la DEA. Tuvo un alto coste social, pero ningún capo fue capturado. Tras ella, los líderes más importantes del negocio en Sinaloa se trasladan al sur, a Guadalajara. Más que un castigo, la mudanza les dio beneficios en términos de infraestructura, inversión y lavado de dinero, además de extender el negocio. En esa ciudad sucederá algo en 1985 que es referido como un punto de inflexión en la historia de la lucha contra el narcotráfico: la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena por órdenes del traficante Rafael Caro Quintero.
3) Empezaría la tercera etapa, en la que el régimen revolucionario, con un monopolio del poder político por el partido de Estado, empieza a mostrar signos de incapacidad para controlar eficazmente a sus propias instituciones de mediación, las cuales, al igual que las organizaciones de traficantes, adquieren mayor autonomía relativa respecto del poder político. Simultáneamente, las presiones políticas de Estados Unidos se dejan sentir con mayor fuerza.
Luis Astorga considera que para la DEA, los nexos entre la DFS, la Policía Judicial Federal (PJF), y el narco eran claros (consideraba que la DFS era el cerebro de la reorganización de los traficantes y el brazo armado contra los rivales de los “protegidos”), pero sabía que dichas corporaciones eran benéficas para la CIA y para ambos gobiernos en el marco de la Guerra Fría. Sin embargo, lo ocurrido con Camarena colmó el vaso, y causó una sostenida y abierta presión de Estados Unidos hacia un gobierno mexicano reluctante a colaborar de forma profunda en la “guerra contra las drogas”, que ya era una prioridad hemisférica para la Casa Blanca, como señala la profesora del Colegio de Mexico María Celia Toro. La presión fue tal que el Presidente Miguel de la Madrid desapareció la DFS en 1987. Parte de las atribuciones de ésta se concentraron en la PJF pero, pese a sus esfuerzos, nunca más se volvió a tener el sistema la capacidad de control político y policiaco sobre el campo del tráfico de drogas y sus agentes.
Por el lado de las organizaciones traficantes, el grupo de Sinaloa sufrió una gran división resultado de la caída de Félix Gallardo, capturado en Guadalajara en 1989 por su “compadre”, el comandante de la PJF González Calderoni. De esta división surgieron quienes controlarían las nuevas organizaciones en los noventa y nuestros días: Amado Carrillo, los Arellano Félix, El Chapo Guzmán, etc.
La única organización no procedente de Sinaloa fue la del Golfo de México. Comandada por Juan García Ábrego, quien gozaba de la protección (según informes del FBI) del propio González Calderoni. La estrecha relación entre este último y el hermano del entonces presidente Carlos Salinas, Raúl (para quien había espiado a la oposición), aunada al hecho de que en el sexenio de Salinas el Cartel del Golfo fue el más beneficiado (tuvo una ascensión meteórica y atípica, sostiene Astorga), hacen sospechar que tuvo protección política del más alto nivel.
4) El cuarto momento se inicia con el desplazamiento del PRI del poder ejecutivo, su pérdida de la mayoría absoluta en las cámaras, y el acceso de la oposición a los principales puestos de poder. Con la crisis del régimen posrevolucionario y la pérdida de muchos de sus acuerdos informales, tanto las organizaciones traficantes como los cuerpos policiales ganaron en autonomía y se ha perdido la facultad del régimen de actuar como árbitro en el negocio. El resultado de la alternancia de 2000 fue una fragmentación y debilitamiento del poder político para enfrentar los desafíos de los grupos criminales, quienes en muchos casos pasaron de la supeditación política a la confrontación directa. La transición benefició al crimen organizado, resume el profesor Sergio Aguayo Quezada en su más reciente libro: “Vuelta en U”. Algunas organizaciones agregaron a la estrategia la expansión territorial de sus actividades, el intento de control territorial y la diversificación de la renta criminal, como señala Astorga. A ello se agrega una ausencia de una visión compartida por todas las fuerzas políticas en materia de seguridad (que trascienda una administración partidista), donde todos son rehenes de un paradigma punitivo que reproduce aquello que pretende resolver: la violencia. En este momento es en el que estamos ahora.
El nexo entre narcotráfico y Estado en México es centenario y ha seguido históricamente ciertas pautas claras. Últimamente ha sufrido cambios, sin embargo, con la globalización económica y las alteraciones en el mercado mundial de drogas, y con el peculiar proceso de democratización mexicano. Lo malo es que el gobierno solo concibe esta relación añeja como un asunto de “manzanas podridas”, de malos elementos corrompidos, como si los jefes policiacos y demás funcionarios corruptos se mandaran solos. Como sostiene Astorga en un artículo reciente, “por comisión u omisión, el poder político en sus distintos niveles no puede desligarse de la responsabilidad que le corresponde en la expansión del fenómeno del tráfico de drogas y en la violencia a él relacionada.” Sea el PRI, el PAN, o el PRD quien gobierne.
César Morales Oyarvide - Politólogo mexicano
Mucho se ha hablado de la histórica relación entre el narco y el Estado mexicano. Sin embargo, han sido pocos los que se han dedicado de forma sistemática a estudiarla desde la academia. La relación ha sido sin duda real, y va más allá de los casos famosos como el gobernador narco Mario Villanueva y del General Gutiérrez Rebollo. Ha sido, para acabar pronto, una arista más del sui generis régimen del PRI, y se extiende más allá de la transición. ¿Cómo ha sido esta relación? ¿Cuándo comienza? Y especialmente, ¿cómo ha cambiado?
Para el sociólogo de la UNAM Luis Astorga ha habido al menos cuatro grandes momentos en la historia del campo del tráfico de drogas en México que permiten observar sus relaciones con el campo político y sus transformaciones: 1914-1947, 1947-1985,1985 a 2000, y el que se inicia a partir del 2 de julio de 2000.
1)El primero momento estuvo caracterizado por el nacimiento del campo del narcotráfico en posición subordinada al poder político, y en particular a la figura política más importante en los estados productores o de tráfico en el norte del país: los gobernadores. Políticos de la Baja California como Esteban Cantú (revolucionario que controlaba el tráfico de opio y, pragmático, decretó una ley prohibicionista para luego violarla) o Abelardo Rodríguez (presidente interino en 1932 y luego próspero empresario), fueron pioneros en el negocio. Para Astorga, aunque los traficantes pertenecían al arreglo general del régimen emanado de la revolución de 1910, estaban excluidos formalmente de la política. Desde su posición subordinada, su capacidad para establecer sus propias reglas del juego era muy limitada pues sabían que sin protección política tenían pocas probabilidades de éxito o supervivencia. Aunque se emitieron leyes que prohibían la producción y comercio de marihuana y opio, varios gobernadores siguieron la senda de Cantú y Rodríguez: el negocio era demasiado jugoso como para ser dejado sólo a los traficantes.
2) El segundo momento es en el que se crean las mediaciones estructurales entre el poder político y los traficantes, representadas principalmente por corporaciones policiacas y encargadas de la seguridad que, con atribuciones extralegales, podían aplicar dos acciones simultáneas: proteger y contener a los traficantes.
Los estudiosos del tema consideran que una de las instituciones por medio de las que se estableció este control fue la policía política mexicana: la DFS (Dirección Federal de Seguridad). Existieron casi desde el principio reportes de inteligencia estadounidenses que involucraban a los principales dirigentes de la Dirección Federal de Seguridad en el tráfico de drogas, pero se mantuvo el silencio. Un ejemplo: el caso de un auto cargado de opio detenido en Texas que pertenecía al Coronel Carlos Serrano, Senador, amigo del Presidente Miguel Alemán (1946-52), y creador de la DFS.
Llegan los 60 y con ellos un boom en el consumo de marihuana en Estados Unidos. La demanda crece, y con ella el negocio, la violencia, y las presiones por parte del Gobierno estadounidense. El estado de Sinaloa y su gobernador (Leopoldo Sánchez Célis) comienzan a destacar. Miguel Ángel Félix Gallardo, un ex policía que luego será conocido como “El Padrino” en el mundo del narco y uno de los fundadores del cartel de Sinaloa, fue escolta de la familia Sánchez Célis, quien le brindó protección política.
En los 70 empiezan los nexos con Colombia y la cocaína. En ello tuvo protagonismo, un químico hondureño de apellido Matta quien, una vez capturado su socio Sicilia (cubano), se asocia con Félix Gallardo.
En 1977 se lanza la “Operación Cóndor”, la mayor campaña antidroga realizada en el país, en la que participaron el ejército mexicano y la DEA. Tuvo un alto coste social, pero ningún capo fue capturado. Tras ella, los líderes más importantes del negocio en Sinaloa se trasladan al sur, a Guadalajara. Más que un castigo, la mudanza les dio beneficios en términos de infraestructura, inversión y lavado de dinero, además de extender el negocio. En esa ciudad sucederá algo en 1985 que es referido como un punto de inflexión en la historia de la lucha contra el narcotráfico: la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena por órdenes del traficante Rafael Caro Quintero.
3) Empezaría la tercera etapa, en la que el régimen revolucionario, con un monopolio del poder político por el partido de Estado, empieza a mostrar signos de incapacidad para controlar eficazmente a sus propias instituciones de mediación, las cuales, al igual que las organizaciones de traficantes, adquieren mayor autonomía relativa respecto del poder político. Simultáneamente, las presiones políticas de Estados Unidos se dejan sentir con mayor fuerza.
Luis Astorga considera que para la DEA, los nexos entre la DFS, la Policía Judicial Federal (PJF), y el narco eran claros (consideraba que la DFS era el cerebro de la reorganización de los traficantes y el brazo armado contra los rivales de los “protegidos”), pero sabía que dichas corporaciones eran benéficas para la CIA y para ambos gobiernos en el marco de la Guerra Fría. Sin embargo, lo ocurrido con Camarena colmó el vaso, y causó una sostenida y abierta presión de Estados Unidos hacia un gobierno mexicano reluctante a colaborar de forma profunda en la “guerra contra las drogas”, que ya era una prioridad hemisférica para la Casa Blanca, como señala la profesora del Colegio de Mexico María Celia Toro. La presión fue tal que el Presidente Miguel de la Madrid desapareció la DFS en 1987. Parte de las atribuciones de ésta se concentraron en la PJF pero, pese a sus esfuerzos, nunca más se volvió a tener el sistema la capacidad de control político y policiaco sobre el campo del tráfico de drogas y sus agentes.
Por el lado de las organizaciones traficantes, el grupo de Sinaloa sufrió una gran división resultado de la caída de Félix Gallardo, capturado en Guadalajara en 1989 por su “compadre”, el comandante de la PJF González Calderoni. De esta división surgieron quienes controlarían las nuevas organizaciones en los noventa y nuestros días: Amado Carrillo, los Arellano Félix, El Chapo Guzmán, etc.
La única organización no procedente de Sinaloa fue la del Golfo de México. Comandada por Juan García Ábrego, quien gozaba de la protección (según informes del FBI) del propio González Calderoni. La estrecha relación entre este último y el hermano del entonces presidente Carlos Salinas, Raúl (para quien había espiado a la oposición), aunada al hecho de que en el sexenio de Salinas el Cartel del Golfo fue el más beneficiado (tuvo una ascensión meteórica y atípica, sostiene Astorga), hacen sospechar que tuvo protección política del más alto nivel.
4) El cuarto momento se inicia con el desplazamiento del PRI del poder ejecutivo, su pérdida de la mayoría absoluta en las cámaras, y el acceso de la oposición a los principales puestos de poder. Con la crisis del régimen posrevolucionario y la pérdida de muchos de sus acuerdos informales, tanto las organizaciones traficantes como los cuerpos policiales ganaron en autonomía y se ha perdido la facultad del régimen de actuar como árbitro en el negocio. El resultado de la alternancia de 2000 fue una fragmentación y debilitamiento del poder político para enfrentar los desafíos de los grupos criminales, quienes en muchos casos pasaron de la supeditación política a la confrontación directa. La transición benefició al crimen organizado, resume el profesor Sergio Aguayo Quezada en su más reciente libro: “Vuelta en U”. Algunas organizaciones agregaron a la estrategia la expansión territorial de sus actividades, el intento de control territorial y la diversificación de la renta criminal, como señala Astorga. A ello se agrega una ausencia de una visión compartida por todas las fuerzas políticas en materia de seguridad (que trascienda una administración partidista), donde todos son rehenes de un paradigma punitivo que reproduce aquello que pretende resolver: la violencia. En este momento es en el que estamos ahora.
El nexo entre narcotráfico y Estado en México es centenario y ha seguido históricamente ciertas pautas claras. Últimamente ha sufrido cambios, sin embargo, con la globalización económica y las alteraciones en el mercado mundial de drogas, y con el peculiar proceso de democratización mexicano. Lo malo es que el gobierno solo concibe esta relación añeja como un asunto de “manzanas podridas”, de malos elementos corrompidos, como si los jefes policiacos y demás funcionarios corruptos se mandaran solos. Como sostiene Astorga en un artículo reciente, “por comisión u omisión, el poder político en sus distintos niveles no puede desligarse de la responsabilidad que le corresponde en la expansión del fenómeno del tráfico de drogas y en la violencia a él relacionada.” Sea el PRI, el PAN, o el PRD quien gobierne.
César Morales Oyarvide - Politólogo mexicano