El recurso contra el matrimonio gay del PP o cómo tratar de que la Constitución consagre la desigualdad basada en la homofobia.
Pasan ya algunos días desde que fuera el día del orgullo LGBT, que este año ha quedado algo ensombrecido en los medios debido al fervor futbolístico que ha rodeado el fin de semana. Superada la euforia por el triunfo, hay que retomar la oportunidad que la mencionada fecha nos brinda para denunciar una vez más que no quiero vivir en una sociedad desigualitaria (y con esto insto a que todos no quieran conmigo). Y es que toda vez que la desigualdad está instalada en la sociedad, nadie está libre de no ser discriminado por uno u otro motivo. Lo realmente grave es que se acepten este tipo de conductas sin que nadie alce la voz por ello.
Y es que nuestra sociedad actual, azotada por los vientos profundamente neoliberales y de doctrina católica que arrastra consigo el Partido Popular, está en grave peligro de retroceder considerablemente en materia de igualdad. El germen desde luego crece y de forma notable, comenzando a ser visible de manera clara en algunos asuntos. ¿Quién dice que un minero no es igual que nosotros? ¿Por qué su conflicto no es nuestro conflicto? y ¿Por qué si se discrimina a un miembro del colectivo LGTB, su discriminación no es nuestra discriminación? Pero es que el problema va mucho más allá cuando un gobierno pretende usar las instituciones y hasta las leyes para ahondar en la discriminación.
Muchos me dirán que inmerso como está el país en una profunda recesión económica, quizás los esfuerzos hayan de centrarse en la lucha por la supervivencia en que se está convirtiendo el ser y estar en nuestro país. Pero es que esa es parte de la estrategia utilizada por el poder para modificar la sociedad conforme a su doctrina: aprovechar la crisis y el miedo que con ella están generando entre la población (doctrina del shock) para afianzar la desigualdad social que favorece a los poderosos (véase la amnistía fiscal). Porque el poder necesita de esta desigualdad: sin ella no hay poderosos y oprimidos.
Sólo de esta forma se explica que el asunto del recurso contra el matrimonio gay del PP esté pasando de manera silenciosa sin que nadie denuncie la tremenda injusticia que supone para el conjunto de la sociedad española. Debería ser conducta deleznable para un partido político que opta a las elecciones el favorecer y propugnar una sociedad desigual, pero mucho más deplorable es que sea el propio Gobierno de una nación el que pretenda usar a una institución del estado como lo es el Tribunal Constitucional para eliminar derechos consolidados a una parte de la sociedad, el colectivo LGTB, dejando a estos en inferioridad de condiciones frente al resto. Lo digo claramente: desde que el partido popular accediera al Gobierno de la nación debería haber retirado el recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio gay renunciando de esta forma a electoralismos encaminados a favorecer a corrientes ideológicas católicas y asumiendo su responsabilidad de estado.
Pretender que el artículo 32 de la Constitución Española: "El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio" puede albergar la intención de discriminar por homofobia a los ciudadanos españoles es hacer un flaco favor a nuestra Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico, más allá de la tremenda irresponsabilidad que supondría el hecho de dejar en el limbo jurídico a los más de 30.000 enlaces llevados a cabo en los últimos 7 años, según las asociaciones, y a las 160 adopciones.
Además, la Real Academia Española (RAE) hace una semana que decidió incluir una nueva acepción para el término matrimonio: "En determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses", con lo cual la excusa del PP para mantener el recurso por la definición del término (como la de las peras y las manzanas de Doña Ana Botella) no se sostiene.
Con el matrimonio entre parejas del mismo sexo se consagra la dignidad y libertad de las personas y el derecho a elegir libremente su pertenencia a una familia, eliminando toda discriminación con independencia de su configuración, del género de sus progenitores, condición y procedencia. Debemos exigir medidas legales y económicas que plasmen esa realidad como concepción de la sociedad y bajo ningún concepto debemos permitir que gobiernos conservadores recorten los derechos conquistados en igualdad.
Adhesión de Profesores de Derecho Constitucional a la iniciativa de COGAM en defensa de la constitucionalidad de la ley 13/2005 de reforma del Código civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo: