El caso Acuamed demuestra la realidad que muchas personas conocemos y hemos venido denunciado hace mucho tiempo. Los medios del sistema y muchos papanatas y aventureros de la politica llevaban años denunciando la corrupción de políticos exclusivamente en una operación muy bien orquestada para desviar el foco de donde se fraguan los grandes negocios corruptos y en los que siempre están presentes grandes empresas y “grandes” empresarios, muy famosos algunos de ellos.
Los altos funcionarios y gerentes públicos y los directivos de las empresas con tamaño suficiente, controlan la contratación de la obra pública, el servicio publico y suministro a espaldas de controles democráticos, repartiéndose el pastel e incluso dictando leyes, decretos y presupuestos.
El tinglado de la corrupción necesita de empresas corruptoras y corruptas, tanto o muchísimo más que de políticos. Gerentes y muy altos funcionarios públicos están en el enjuague.
La corrupción para ser evitada, exige entrar a saco también con sagas funcionariales que controlan ayuntamientos, diputaciones y ministerios enteros, desde tiempos de Franco e incluso Alfonso XIII y que al margen de los “eventuales” o los políticos de turno como ellos dicen, son un elemento fundamental del poder oligárquico en España. Poder real que encima controla “el cumplimiento de la legalidad”.
A muchos de los que claman por un mayor poder funcionarial hay que advertirles de varios miles de personas enquistadas en los recovecos del poder e imprescindibles para favorecer la corrupción. Además Son todos ellos -altos funcionarios y altos directivos corruptos y corruptores- colegas, incluso comparten despachos profesionales fuera de horas. Una puerta giratoria de la que nunca se habla y a la que tal vez se le teme.
La inmensa mayoría de los y las funcionarias son honradas, pero eso no obsta para denunciar a quienes no lo son. La democracia en cualquier caso, no la garantiza una oposición, sino el voto. El sector público es sagrado, por eso lo debe controlar el pueblo. Nos referimos además a determinadas castas -en ese caso, si son castas-, que controlan determinados sectores de la administración y que en demasiados casos sin éxito muchas y muchos funcionarios, igualmente denuncian.
Lo peor de la transición, fue no liquidar los poderes oligárquicos franquistas enquistados en la Administración del Estado ni limitar el poder de las grandes empresas que se habían hecho multimillonarias utilizando mano de obra esclava de presos rojos, políticos y presos de guerra del ejercito legitimo. Pero también participando de todos los negocios turbios de la dictadura o aprovechándose de la inexistencia de libertad sindical.
El problema es que todo continua igual y hoy el poder en el estado español, lo detentan los mismos, más algunos demócratas de nuevo cuño o vástagos de esas familias y mafias empresariales convertidos en políticos en una puerta giratoria en sentido contrario, de la que nunca se habla. Por ejemplo Rato y Pujol provienen de familias de banqueros ya antes de entrar en la cosa pública. Pero hay muchos más. Toda esta reflexión, me la sugiere Acuamed y ojalá la investigación se continúe y profundice.
El asunto es que el poder oligárquico controla el Estado y sus resortes, exigiendo des-regulaciones y privatizaciones, pero sin embargo utilizando los recursos del estado en beneficio propio. Son sanguijuelas de lo publico. Son ladrones, sin más. Por eso hay que entrar a saco con su poder. Mientras tanto, se sigue contando escaños.