No recuerdo cuánto tiempo hace redacté un artículo que terminaba de la siguiente manera: “Tengo la impresión de que las palabras pronunciadas por Azaña en septiembre de 1911 en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares pertenecientes al discurso “El problema español” siguen igualmente vigentes: ¿Vamos a consentir siempre que la púrpura cuelgue de hombros infames? ¿Vamos a consentir que la inmensa manada de los vividores, de los advenedizos manchados de cieno usurpe la representación de un pueblo y lo destroce para saciar su codicia? Lo que si recuerdo muy bien que un amigo me comentó al respecto que mis palabras habían sido muy fuertes, a las que repliqué que habían sido escritas a conciencia, y que no habían sido producto de un estado de desvarío momentáneo. Hoy quiero poner algunos claros ejemplos, que corroboran y reafirman las palabras señaladas. Vamos a verlo.
Estamos asistiendo a un auténtico genocidio social. Quien no se dé por enterado es su problema. Solo cito algunos casos: millones de españoles sin trabajo ni prestación alguna; ahorros de toda una vida usados para pagar servicios sexuales; enfermos de Hepatitis C que mueren por no recibir medicación; miles de personas desahuciadas de sus viviendas por entidades financieras rescatadas con dinero público; inmensas listas de espera para operaciones quirúrgicas con grave riesgo para los pacientes; cientos de miles de personas dependientes que no reciben atención, a la que tienen derecho por ley; alrededor de 10.000 personas que mueren en España por causa de la pobreza energética, etc. Y podríamos seguir poniendo otros ejemplos, igual de dramáticos. Sin embargo, a nuestros gobernantes estos hechos se la traen floja. Mas, eso sí, día tras otro, nos dicen que estos sacrificios, estos recortes, son inevitables por haber vivido por encima de nuestras posibilidades, y que tras esta travesía del desierto vendrá el oasis del crecimiento económico, con la consiguiente creación de empleo a raudales. En definitiva que el fin de la crisis está a la vuelta de la esquina. No quiero perder el tiempo en replicar a tales falacias. En lo que si quiero detenerme es el hecho de que los sacrificios y los sufrimientos, consecuencia de los recortes, que afectan a gran parte de la sociedad española son prescindibles. Para ello hace falta voluntad política. ¿Cómo que no hay recursos? Vaya que si los hay, los hay para lo que les parece oportuno. Dejando aparte la persecución del fraude fiscal y una reforma fiscal progresiva, que podría dar lugar a otro artículo, quiero poner algunos ejemplos claros de la existencia de recursos para financiar determinadas políticas. Ahí van.
Pere Ortega en un reciente artículo Las mentiras del presupuesto de Defensa de 12 febrero de 2015 publicado en Economía de Defensa, nos cuenta cosas que nos tiene que hacer hervir la sangre, si la tenemos, algo que ya me plantea algunas dudas. “Respecto de los PEAS (Programas Especiales de Armamento), como en años anteriores, se ha vuelto a presupuestar la cifra de 6,8 millones, cuando en los últimos tres años se han aprobado créditos extraordinarios para cubrir la factura real de esas armas: en 2012 el gasto real fue de 1.782,8 millones; en 2013, de 879,5, y en 2014, de 883,6 millones. Para 2015, y de acuerdo con la programación de pago prevista por Defensa, se tendrán que abonar alrededor de 1.000 millones por los PEAS. En la partida de las operaciones militares en el exterior, se consignan 14,3 millones, cuando año tras año se produce un gasto de entre 700 y 800 millones, que son aportados mediante una transferencia desde un Fondo de Contingencias. El referente a la I+D militar destinada a nuevas armas, que aumenta un 43,5% respecto a 2014 y alcanza los 727 millones. De ellos, 563,9 serán créditos a las empresas militares a cero interés y ligados a los PEAS concedidos desde el Ministerio de Industria y que, por tanto, tampoco suman como gasto de Defensa. Estos créditos suman desde su creación en 1996 la escandalosa cifra de 16.120 millones, que en su mayoría no han sido devueltos y que son otra trampa contable que ni Defensa ni Hacienda saben cómo resolver. Por si todavía alguno no está suficientemente concienciado y anda un tanto despistado le recomiendo la lectura de otro artículo de Jordi Calvo titulado El gasto militar agudiza la crisis, de 12 de febrero de 2015, publicado en Economía de Defensa. ¿Hay o no hay recursos? Ustedes mismos.
El Gobierno decidió el pasado octubre indemnizar con 1.350 millones al propietario del Proyecto Castor el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón). La compensación repercutirá en la factura de los consumidores. ¿Hay o no hay recursos? Ustedes mismos.
Ahora quiero detenerme en el ámbito de las Eléctricas, que llevan a cabo un autentico expolio de rentas a la ciudadanía, mientras cortan el suministro a muchos españoles, como consecuencia de la pobreza energética. Álvaro Bajén, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Aragón, hace unas fechas me comentaba que una de las decisiones más importantes a nivel político sería el acabar con la oligarquía de las Eléctricas. Ningún gobierno ha tenido las agallas de racionalizar el mercado eléctrico. Si se hiciera, podría ser una de las decisiones que podría a contribuir a la salida de la crisis. Si los consumidores pagasen lo que realmente consumen de electricidad, tendrían a su disposición una importante masa monetaria que podría reactivar el consumo. De la misma manera la competitividad de las empresas se mejoraría con una energía eléctrica más barata. Pero no hay Dios que le ponga el cascabel al gato. Recomiendo para darnos cuenta de este auténtico expolio la lectura del libro de Carlos Corominas Cómo nos engañan las eléctricas. De verdad, se me abren las carnes tras su lectura. La Ley del Sector Eléctrico de noviembre de 1997, que nos vendieron con la idea que iba a ver más competencia y un mejor y más barato servicio, fue un auténtico engaño. Hoy es un auténtico oligopolio. La Fiscalía Anticorrupción tomando declaración a responsables de Energía entre 2007 y 2010, en una investigación para aclarar si el gobierno de turno perdonó a las eléctricas una deuda de entre 2.500 y 3.500 millones de euros. Por qué nunca reclamaron a las eléctricas que devolvieran lo cobrado de más por los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), un sistema de compensación a las eléctricas creado por Rodrigo Rato en 1997 para garantizarles el pago por inversiones que les había obligado a hacer, pese a que un informe de la Abogacía del Estado de marzo de 2008 así lo avalaba ley.
¿Y qué podemos decir tras la lectura del artículo de Rafael Méndez de septiembre de 2010 titulado El gran negocio privado con el agua de todos, en el que se señala que las eléctricas pagan menos de 20 millones al Gobierno por el caudal de los ríos, con el que ganan 1.000 millones? Nos dice lo siguiente “El tema, que apenas generó debate los años de bonanza, llegó el pasado martes al Congreso. El diputado de ICV, Joan Herrera, llevó una proposición no de ley para sacar a nucleares e hidráulicas del sistema de fijación de precios: "No puede ser que presas construidas durante la dictadura de Franco, o incluso bajo el mandato de Primo de Rivera, y que no pagan el agua que usan, generen enormes beneficios caídos del cielo", lanzó Herrera. El rechazo fue casi rotundo. El PNV y CiU consideraron demagógica la propuesta y el portavoz popular, Carlos Floriano, afirmó que en la iniciativa "late el radicalismo" -el día anterior, la líder conservadora Merkel había aprobado un sistema parecido para las nucleares alemanas-. El portavoz del PSOE, Antonio Cuevas, señaló que la acusación de que las hidráulicas y nucleares obtienen beneficios extraordinarios "no se sostiene". Todos estos grupos pidieron mantener el debate en una subcomisión del Congreso que desde hace más de un año trata de alcanzar un consenso energético. Además, PSOE y PP negocian fuera del Congreso otro pacto sobre estos temas y las eléctricas temen que afecte a los beneficios de presas y nucleares. Herrera tuvo muy pocos apoyos. Solo el BNG respaldó la moción en la tribuna. El diputado Francisco Xesus Jorquera afirmó: "Las centrales hidroeléctricas explotan un recurso público como el agua y obtienen pingües beneficios dejando que la sociedad pague gran parte de los costes ambientales".
¿Y qué decir del peaje de respaldo, un mecanismo mediante el cual se cobra un suplemento a las instalaciones de autoconsumo por utilizar la red eléctrica? El peaje de respaldo es único de España y no se ha aplicado en ningún país que haya legislado sobre el autoconsumo. ¿Y qué decir de la fijación de los precios de la electricidad? ¿Y qué decir de la factura que es indescifrable? ¿Y qué decir del déficit de la tarifa eléctrica, que según calculo de las Eléctricas, alcanza los 30.000 millones? Realmente todo es un atropello, producido por la dejadez, apatía y falta de coraje de la ciudadanía. ¿Qué dirán de nosotros las generaciones futuras? Hay soluciones. Ahí va una.
El presidente boliviano Evo Morales nacionalizó a finales de 2012 cuatro filiales de Iberdrola, en concreto dos de las principales distribuidoras de electricidad en La Paz, 'Electropaz', y en Oruro, 'Elfeo', además de una empresa de servicios y una gestora de inversiones. Como no podía ser de otra manera fue fuertemente criticado por el gobierno de Rajoy y por la gran mayoría de los medios de comunicación españoles. Lo que callan, y no por desconocimiento, es que en La Paz, la tarifa eléctrica urbana en promedio era de 0,63 bolivianos (0,09 dólares) por kilovatios/hora, mientras que en el área rural era de 1,59 bolivianos (0,23 dólares). Según el mismo Evo "Habían hablado con la empresa para que igualase la factura a todos, que asumiera su responsabilidad social llevando el tendido eléctrico a todos los lugares. "Cuatro meses de negociación sin resultado", "Y como no han querido buscar esta equidad, igualdad en el consumo de energía eléctrica, obligados hemos tenido que nacionalizar". Señaló que se decidió expropiar porque la constitución promulgada en 2009 señala que los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones "son un derecho humano" y su provisión debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social, y un derecho humano no puede ser negocio privado". "Esta nacionalización está orientada justamente para buscar la igualdad y acabar con la extrema pobreza". Por ende, tal decisión es además de ética, impecable desde el punto de vista jurídico. No hace otra cosa que exigir el cumplimiento constitucional. Igual que en España. Por otra parte, existe una gran diferencia entre un gobernante que nacionaliza un servicio básico para rebajar la factura de la luz y beneficiar a la ciudadanía, y otro que permite subidas continuas y crecientes para todos los españoles y a otros que les corten el suministro eléctrico.