La desigualdad tiene que ver con las diferencias de renta, la devaluación salarial y, naturalmente, la precariedad en el empleo que genera salarios irregulares y bajos
El tema de estos días es la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. Este hecho puede abrir una vía de entendimiento entre las fuerzas del centro izquierda y la izquierda (con perdón por recuperar esta terminología) que recupere la posibilidad de un cambio en la regulación del trabajo y reaccione con éxito frente a la situación de degradación de los derechos sociales en la que nos movemos actualmente.
Ya nadie hablaba de la necesidad de derogar la reforma laboral del 2012 porque el panorama político se había cerrado al cambio y no aparecía ni siquiera probable un voto conjunto de las fuerzas de centro izquierda e izquierda que, aunque no consiguiera la mayoría requerida, si diera una señal de una posible alternativa de gobierno en el inmediato futuro. Por el contrario, se sucedían “mayorías de política de Estado” como gustan subrayar los comentaristas políticos al uso, que marcaban un perímetro de exclusión y condenaban a Unidos Podemos y las confluencias a un papel irrelevante en la determinación de la actividad legislativa. El espacio laboral podía ser un espacio de encuentro sólo en aspectos relativamente periféricos, como ha sucedido en la semana pasada mediante el voto conjunto a favor de la proposición de ley para la derogación del delito de coacciones laborales. Sin embargo, era más difícil encontrar un espacio común de propuesta en materia de regulación de relaciones laborales, el eje central de la reivindicación, esgrimida desde diciembre del 2015 a junio del 2016, sobre la derogación de la reforma laboral del 2012. Ahora se abre una posibilidad, porque la victoria de Pedro Sánchez – The Revenant – parece indicar que el PSOE entablará una oposición muy firme contra el PP y que estará más abierto a coincidencias temáticas sobre los grandes temas que nuclean el debate democrático con Unidos Podemos. Al menos este es el pronóstico que están haciendo todos sus enemigos, tanto en el interior del PSOE como, de manera muy llamativa, el conjunto de oligopolios mediáticos que comentan el resultado de las primarias.
La tesis que se mantiene en estas notas es que el reto mayor de este momento político es la reforma laboral. Ya sabemos que el gobierno no quiere bajo ningún concepto modificar ni un solo párrafo de estas leyes. Y el modelo de recambio no está diseñado con seguridad en lo que actualmente son las propuestas del PSOE, aunque tampoco es clara salvo en la negativa a los preceptos del 2010 y 2012, la posición de Unidos Podemos. Con un origen en el período electoral en el que parecía posible el cambio político, en un espacio indeterminado de los agentes económicos y sociales y la presencia de académicos universitarios, se ha fraguado un texto de reforma moderada de la legislación de la austeridad que se conoce como Informe FIDE, aunque su virtualidad para la orientación política del centro izquierda y centro derecha es por el momento improbable, y se desconoce cual podrá ser el modelo en el que los asesores del secretario general electo están diseñando .
Hay no obstante puntos sólidos en los que apoyarse para orientar la revisión de la regulación del trabajo y los derechos que de él derivan. Quizá el texto más relevante todavía hoy que podría suministrar una pauta de regulación diferente se encuentra en el documento que aprobó el Consejo Confederal de CCOO en octubre del 2015 sobre un modelo democrático de relaciones laborales, y que puede leerse en este enlace Por un modelo más democrático de relaciones laborales. Es un documento que, aunque no es tan conocido, puede confrontarse perfectamente con otros textos que están circulando en Europa como fórmulas de regulación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo, tanto en Italia con la Cata de Derechos Universales del trabajo como en Francia con la nueva propuesta de Código del Trabajo o en Inglaterra con el Manifiesto por un Derecho del Trabajo.
El caso es que la situación es francamente mala y es preciso actuar sobre la misma. La degradación salarial es tremenda y generalizada, y de ese hecho se da cuenta en todas las estadísticas de las que se dispone. En efecto, los salarios son el eje de las políticas que enfrentan al capital y al trabajo, de forma que el ajuste económico en España se ha hecho a la vez desde el empleo -despidos, desempleo de masa- y desde la degradación salarial, la situación salarial de las mujeres debe ser un referente central para la acción sindical. Hay que tener en cuenta que el modelo español consiste en retribuir el trabajo lo mínimo posible como criterio general con el objeto de conseguir una rápida recomposición del beneficio empresarial; que se empuja al no cualificado a que se instale en el espacio de lo sumergido y no declarado; que, en consecuencia, aumentan las zonas deslaboralizadas que liberan al empleador de las contribuciones a la Seguridad Social; que el trabajo de los jóvenes, con un mayor componente cognitivo, destaca por estar especialmente penalizado; que el empleo público contribuye desde el 2010 a alimentar también la zona de atraso salarial y de reducción de empleo. En ese panorama, la brecha salarial entre mujeres y hombres es especialmente significativa y a su reducción debe dedicarse un sobre esfuerzo de las estructuras sindicales. El sindicalismo confederal está empeñado actualmente en conseguir un acuerdo con la CEOE-CEPYME que fije una banda salarial entre el 1,8 y el 3% que permita la recuperación mínima de los salarios, conscientes de que la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras desde el 2010 es un hecho irreversible, pero intentando que la subida del IPC, que aumentó la tasa interanual hasta el 2,6%, no actúe además de forma regresiva sobre empleados públicos, pensionistas y parados.
En efecto, los recortes sociales y la devaluación salarial han llevado a conseguir que España sea un país en el que existe una amplia desigualdad social. La desigualdad es una consecuencia fundamental de este modelo..
La desigualdad tiene que ver con las diferencias de renta, la devaluación salarial y, naturalmente, la precariedad en el empleo que genera salarios irregulares y bajos. Es un dato que ya conocíamos también a través del Informe 'Perspectivas sociales y del Empleo en el Mundo. Tendencias 2016'. "La creación de empleo sigue sin resolver uno de los grandes problemas en la economía española, a saber, la dualidad del mercado de trabajo español ya que la tasa de temporalidad interanual sube del 24,6 % en el tercer trimestre de 2014 al 26,2% en el mismo trimestre de 2015", de manera que "uno de los principales problemas del mercado laboral español es que en muchos casos con contratos cortos, a veces empleos temporales de una semana. En junio se supo que uno de cada cuatro contratos que se firmaba dura una semana o menos". El hecho de trabajar no exime de la pobreza. La precarización de las condiciones laborales ha elevado del 14,2 al 14,8% el porcentaje de trabajadores pobres, y la tasa de pobreza entre las personas en paro se sitúa en el 44,8%, según datos del informe anual Análisis y perspectivas 2016 de la Fundación Foessa de Cáritas, dedicado en esta edición a la expulsión social y recuperación económica, que constata además un aumento del 9% del riesgo de pobreza desde el inicio de la crisis. El informe de la OIT antes citado alerta también del elevado número de familias en riesgo de situarse por debajo del umbral de pobreza, una cifra que aumenta inexorablemente: del 27,3% de la población en 2013 al 29,2% en 2014.
Decir precariedad en España es referirse a dos elementos centrales en el plan institucional, la rotación que ofrecen los contratos temporales como forma de empleo prácticamente única para trabajadores jóvenes y mujeres, y la propagación del tiempo parcial no voluntario como única fórmula de empleo femenino y juvenil. Es evidente que este es un espacio sobre el que el sindicalismo tiene que concentrar sus esfuerzos, unido a la regulación del mecanismo de dislocación empresarial de las contratas y subcontratas junto a otros fenómenos relativamente nuevos como las llamadas empresas multiservicios. La apertura que ha supuesto la incidencia en nuestro país de la jurisprudencia del TJUE debería permitir iniciar una fuerte campaña por la remodelación de la contratación temporal que abata la precariedad y la rotación acelerada de contratos, junto a la consideración del tiempo parcial como un fenómeno esencialmente voluntario y vigilado para evitar la utilización abusiva de una figura que además coincide prácticamente con categorías vulnerables como mujeres y jóvenes e induce por tanto a consideraciones sobre la discriminación indirecta que esta figura lleva consigo.
Pero al margen de este combate continuo contra la precariedad y la desigualdad que lleva a cabo el sindicato, la posibilidad de una intervención normativa que altere de forma sustancial la ordenación de las relaciones laborales, vuelve a ser en estos momentos una cuestión clave. Volveremos sobre el tema en otras ocasiones, pero la urgencia del modelo laboral que tienen que diseñar las fuerzas del cambio político frente al que se ha instalado en nuestro país a partir de los gobiernos del PP desde noviembre del 2011 en adelante, es una cuestión urgente. Pero también posible y necesaria.