El acuerdo sobre salario mínimo: la clave es la devaluación salarial

Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO) en una imagen de archivo. (Foto: Comisiones)
Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO) en una imagen de archivo. (Foto: Comisiones)

El acuerdo sobre el incremento del SMI debe ser valorado globalmente de manera positiva como una indicación directa sobre la necesidad de intervenir al alza en los salarios más bajos y como síntoma de una ofensiva contra la devaluación salarial 

El salario mínimo había experimentado subidas muy débiles en el 2015 y en el 2016, del 0,5 y del 1%. Hay toda una dogmática neoliberal que es hostil a esta figura por la repercusión negativa que, a juicio de sus detractores, puede tener sobre el empleo. La inmovilidad de la cuantía del salario mínimo era plenamente funcional a la estrategia de devaluación salarial que constituía el centro de las políticas de austeridad. No obstante, la llegada al poder en Portugal de la coalición de izquierda dando apoyo al gobierno socialista, trajo entre otras medidas, el incremento del salario mínimo, lo que fue muy bien acogido por los partidos de izquierda y los sindicatos de los países del sur de Europa. En el 2014 se hizo pública una importante decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales, que vigila el cumplimiento por parte de los Estados miembros del Consejo de Europa de los preceptos de la Carta Social Europea, que afirmó que España incumplía el art. 4º de este texto al no garantizar el derecho a una remuneración equitativa. Hubo que esperar a finales del 2016, cuando el Gobierno llegó a un acuerdo con el PSOE, en el intercambio que ambos partidos efectuaron para garantizar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, para que se aumentara el salario mínimo un 8% hasta la cantidad de 707,60 €. El acuerdo se realizó sin el aval de los sindicatos, que mantenían su reivindicación, en línea con lo que proponía la jurisprudencia del CEDS citada, de que éste debía alcanzar el 60% del salario medio, lo que se cifraba en 850 euros mensuales.

Después del verano, tanto el FMI como el BCE han enviado mensajes públicos recomendando que el crecimiento salarial en los países castigados por la crisis y la austeridad. Los sindicatos confederales, por su parte, siguiendo la indicación general que ha hecho la Confederación Europea de Sindicatos, han iniciado movilizaciones sobre la base de “recuperar lo arrebatado” tanto en el sector privado como en el público. En este ambiente, con el telón de fondo de la “cuestión catalana”, se ha firmado el martes 26 de diciembre un acuerdo tripartito fruto del diálogo social cuyo objetivo es aumentar el salario mínimo hasta los 850 euros diarios en tres tramos anuales. El Acuerdo de Incremento del salario mínimo prevé un aumento del mismo del 4% para 2018, resultando 736 euros al mes en 14 pagas y 10.304 euros al año; del 5% para 2019, resultando 773 euros al mes en 14 pagas y 10.819 al año; y del 10% para 2020, alcanzando así los 850 euros al mes en 14 pagas y 11.901 euros al año. Está condicionado a que la economía registre un crecimiento del PIB real del 2,5% o superior, y un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las cuatrocientas cincuenta mil personas. De no cumplirse estas condiciones, se abrirá un mecanismo de renegociación de los incrementos del SMI con los sindicatos y las asociaciones empresariales. El acuerdo ha sido sorprendentemente criticado desde posiciones de izquierda por el carácter electoralista que este puede llevar consigo, al permitir aparecer al presidente de gobierno como gestor de la paz social con una medida positiva, y por el carácter insuficiente o/y engañoso de lo pactado. En efecto, estos condicionamientos han sido considerados una “trampa” que hará inútil el pacto, además de considerar que las cuantías pactadas son insuficientes. Son sin embargo argumentos cuestionables.

El salario mínimo afecta directamente a 537.000 trabajadores tan sólo, especialmente sensibles en algunos territorios con la media salarial más baja, como Extremadura, Canarias o Galicia, pero se inscribe en un contexto de intensa devaluación salarial llevada a cabo mediante las reformas laborales del 2010 y del 2012, que han generado recortes del salario medio real superiores al 7% y que se han cebado en las rentas salariales más bajas, es decir en el 10% de los trabajadores que han perdido un 22,5% de su salario real en el periodo de la crisis hasta el 2015. Es ahí, en esa franja en la que se exacerba la desigualdad de género y la precariedad, donde los efectos del incremento del SMI pueden ser más importantes. Es en efecto una subida relevante, cuya efectividad no se reducirá sólo –lo que ya sería importante– a los directamente afectados por el SMI, sino que repercutirá en las escalas salariales más bajas de los convenios colectivos, impulsándolos al alza, y en los salarios de los contratados a tiempo parcial que cobran menos del salario mínimo.

Pero este acuerdo sobre el SMI se tiene que leer asimismo siempre en el contexto de la devaluación salarial, como una pieza de un proyecto estratégico más amplio que pasa no sólo por incidir en el incremento de los salarios más bajos localizados en sectores productivos específicos y en la reversión de los instrumentos de deslaboralización que les acompañan – falsos autónomos, cooperativas de producción fingidas, etc – sino de expandir el conjunto de los salarios a través de la negociación colectiva tanto en los trabajadores como en los empleados públicos. La consigna de “recuperar lo perdido” se refiere fundamentalmente a la revitalización de una negociación colectiva que incremente en su conjunto los salarios de las clases trabajadoras. Como alude Francisco Trillo en su intervención en el blog “Según Baylos” a propósito de este Acuerdo la cuestión catalana ha borrado del mapa de la comunicación otros hechos que se han ido produciendo de manera muy significativa, pues se cuentan por decenas las huelgas  -de empresa principalmente pero también de sector- en defensa de unas plataformas reivindicativas en la negociación colectiva que salen triunfantes. Hay una revitalización evidente de la movilización claramente laboral que pone en cuestión algunas críticas recibidas sobre la inamovilidad o ineficiencia sindical al respecto.

Naturalmente que esta estrategia precisa a su vez imponer lo que se han denominado “nuevos equilibrios” en la negociación colectiva, cuestión más complicada porque requiere necesariamente la reforma de la legislación de la crisis que fundamentalmente pivota sobre la idea de romper la fuerza vinculante de los convenios colectivos, especialmente los sectoriales, y permitir por tanto la fragmentación salarial y de otras condiciones de trabajo a nivel de empresa o de centro de trabajo. La recuperación de la ultra actividad negociada es otro de los elementos claves de esta estrategia, así como la utilización inteligente de las medidas de presión todavía no muy practicadas en el movimiento obrero español, como las huelgas de solidaridad en las estructuras empresariales complejas entre los sectores de mayor estabilidad y densidad organizativa y los trabajadores y trabajadoras de pequeñas empresas o de empresas subcontratadas para reducir los diferenciales salariales entre ambas.

Por lo tanto, el acuerdo sobre el incremento del SMI debe ser valorado globalmente de manera positiva como una indicación directa sobre la necesidad de intervenir al alza en los salarios más bajos y como síntoma de una ofensiva contra la devaluación salarial que hemos padecido en el arco de las reformas laborales promovidas por las políticas de austeridad. Las críticas relativas a lo insuficiente del aumento obtenido son siempre relativas, porque lo que es seguro es que el acuerdo ha obtenido más de lo que habría preparado el gobierno, y que además cuantitativamente la subida es relevante, y alcanza los niveles que el Comité Europeo de Derechos Sociales prescribía como indicativo del contenido del art. 4 de la Carta Social Europea. Insistir en que se trata de una subida condicionada es poner el objetivo de la crítica en una evaluación negativa de las condiciones económicas que se afirma de manera apodíctica, sin reparar en las posibles consecuencias que debería tener ese incumplimiento del pacto por parte del gobierno. A fin de cuentas, parece que lo que más pesa en las críticas parece ser la liturgia que rodea la celebración de un Acuerdo tripartito, aceptando implícitamente que se trata de una iniciativa del gobierno con fines electorales y no un acuerdo que éste ha tenido que concluir como consecuencia de una situación inestable en la opinión pública causada por la implicación del PP en los casos de corrupción y por su debacle electoral en Catalunya. Pero siendo importante la liturgia, que siempre se puede descodificar, hay que ir más allá y entender este movimiento en el marco de la inversión de tendencia respecto de la degradación salarial como estrategia articulada que se prolonga en la negociación colectiva.

La evaluación globalmente positiva no impide entender que como todo pacto tiene sus limitaciones, aunque alguna de ellas curiosamente no haya sido puesta de relieve por sus detractores, como la desvinculación de este incremento del SMI de la cuantía del IPREM, que se explica por el alcance de un acuerdo que mira fundamentalmente a los procesos de negociación colectiva, pero es sin duda un paso en la buena dirección de recuperar el espacio de contratación sobre las condiciones de trabajo en la que se está empeñando el sindicalismo confederal con determinación después del verano y cuyos frutos comenzarán a verse en el curso del año entrante.


Artículo publicado en el Blog de Antonio Baylos