jueves. 28.03.2024

Fracasa la 'normalización'

Existe una dura y persistente pugna sociopolítica y cultural en torno a dos polos: la dinámica de ‘normalización’, como legitimación del actual orden institucional y económico hegemonizado por la derecha, y la tendencia de cambio social y político. La primera, promovida por el entramado de poder político-económico y mediático que representa el Gobierno del PP. La segunda, representada políticamente por las llamadas fuerzas del cambio: Podemos y sus aliados de Izquierda Unida, convergencias –catalana, gallega, valenciana…- y candidaturas municipalistas, así como otros grupos menores. El PSOE juega un papel ambivalente: mientras la mayoría de su actual dirección participa en la primera, priorizando la gobernabilidad de las derechas y el continuismo estratégico, el grueso de su militancia y su electorado desea diferenciarse del PP y tender puentes con la segunda, apostando por una opción de progreso.

El debate afecta al análisis de la profundidad y la trayectoria de la crisis socioeconómica e institucional y el alcance de la legitimidad de las distintas estrategias; es decir, a las posibilidades y el tipo de cambio y a las políticas adecuadas. El diagnóstico sobre el carácter del poder establecido, sobre la ‘trama’, es fundamental, sobre todo, sus procesos de legitimación social. Más importante todavía, para establecer el carácter del conflicto político y su evolución, es conocer las actitudes de la gente, sus demandas y prácticas sociales y electorales, así como su capacidad de articulación sociopolítica. Se trata de la pugna por qué hegemonía se construye y da soporte al cambio institucional.

El diagnóstico conlleva cierta prescripción. Hay que ser objetivo y realista en la interpretación de los hechos, al mismo tiempo que explicar el sentido de cada opción política o tendencia social. La tesis aquí defendida es que todavía persisten graves problemas sociales, políticos y económicos que afectan a la mayoría de la población y que, a pesar de la colaboración actual del aparato socialista que le procura la estabilidad del dominio institucional de las derechas, la gobernabilidad no se asienta en un consenso ciudadano mayoritario y la normalización no está asegurada y menos en el medio plazo. Persisten dinámicas favorables al cambio.

Por tanto, el aspecto principal a explicar son las dinámicas de fondo en la sociedad española, aun contando con ese desfavorable contexto económico e institucional, así como del marco europeo. El dilema a responder es: ¿existen suficientes tendencias en las mayorías sociales que indican un proceso adaptativo a la gestión continuista de las derechas y una renuncia a un cambio sustantivo?; ¿se ha iniciado una etapa de ‘post-malestar’, una fase de resignación, con un agotamiento o minoración de las energías transformadoras, reducidas a sectores minoritarios? Adelanto mi respuesta: NO.

El consentimiento al continuismo no es mayoritario

En los aparatos mediáticos dominantes, las opciones centrales bajo las que enmarcan las actitudes de la población, la realidad social y cultural, son dos: O bien, el consentimiento mayoritario a la estabilidad del Gobierno de la derecha y sus principales políticas (económicas, institucionales y territoriales), con leves retoques promovidos por el Partido Socialista; o bien, la simple protesta social minoritaria y radical, con la inoperancia trasformadora, política e institucional. O posibilismo adaptativo, o idealismo estéril.

Al menos desde el año 2010, junto con las graves consecuencias de la crisis, se han implementado de forma autoritaria las políticas regresivas y antisociales del poder liberal conservador europeo. Existe la responsabilidad en su gestión de gobiernos socialdemócratas, que han entrado en crisis, y de forma más cruda de las derechas. Paralelamente, se ha generado un amplio espacio popular progresista y democrático, especialmente en España, y una nueva política alternativa de progreso y cambio institucional, realista y de amplia base ciudadana. Pues bien, los poderosos siguen sin reconocer estos hechos centrales de la experiencia popular y la conciencia ciudadana. Pero, toman nota y buscan la normalización y neutralizar la dinámica de cambio social y político.  

Es verdad que, entre algunos actores existen objetivos a medio y largo plazo que plantean la ‘ruptura (o revolución) democrática’ o apuntan a superar el capitalismo. Pero, ni siquiera en ellos, son planes inmediatos. Pueden cumplir una función ideológica, orientativa o retórica, pero hay que distinguirlas de las propuestas concretas de cambio que son susceptibles de apoyo popular a corto y medio plazo.

El nivel de representatividad o confianza ciudadana es clave para determinar los desafíos estratégicos. Los objetivos inmediatos, aparte de su función cultural, deben ser coherentes con los medios disponibles y las capacidades transformadoras. La pugna por la hegemonía supone el cuestionamiento de la idea de que solo es posible el plan del poder establecido.

En ese sentido, los programas de Unidos Podemos y sus aliados están conectados con la mejor experiencia popular y democrática. Reflejan aspiraciones de la mayoría ciudadana y expresan un doble cambio político, a corto y medio plazo, basado en la justicia social y la democratización. Por una parte, una democracia económica y social, la consolidación de los derechos sociales y laborales, un Estado de bienestar más protector y redistributivo, un plan de emergencia social o rescate ciudadano... Por otra parte, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, así como la solución democrática a la cuestión territorial.

Es un plan de reformas sustantivas con un perfil social y democrático, para la mejora inmediata de la situación de la mayoría popular que, evidentemente, choca con los planes de austeridad y la gestión regresiva y prepotente de la crisis sistémica del poder liberal conservador de España y la UE. Ese poder es muy fuerte, el cambio propuesto, incluso negociado con un hipotético Partido Socialista (o parte de él) renovado, es difícil. Su dificultad no viene porque sea profundo y radical, deriva simplemente porque, frente al inmovilismo restaurador de las élites dominantes, conlleva algo de cambio sustantivo y real, aspira a reforzar esa dinámica transformadora y los adversarios del establishment son muy poderosos. No se contenta con un simple maquillaje combinado con el refuerzo del continuismo y la resignación cívica. Su punto fuerte es la legitimidad popular en que se apoya, que se quiere neutralizar o esconder. Es el campo en disputa, la conformación de una predisposición de sectores significativos de la ciudadanía a porfiar tras un cambio real, articular esas demandas populares y reforzar su representación política e institucional.

En ese marco interpretativo dominante en los grandes medios, las fuerzas continuistas del PP, PSOE y C’s, se supone que ocupan la centralidad del tablero político y la completa hegemonía en la sociedad: es lo sensato, lo seguro o ‘su’ sentido común. No habría alternativa a ese poder establecido y sus políticas; su orientación, especialmente en el ámbito europeo, es una democracia débil y mayor subordinación popular. El cambio real o sustantivo, aunque sea pequeño y lento, no sería posible. Es la vuelta al argumentario oficial, iniciado ya en el año 2010, de la clase gobernante y los grandes medios para justificar la inevitabilidad de los planes de austeridad y neutralizar la indignación cívica y las opciones de cambio de progreso.

Al mismo tiempo, la oposición sociopolítica o la impugnación a esa dinámica sería extremista, minoritaria e irreal, o simplemente estética o simbólica; siempre sin apoyo social ni influencia transformadora, es decir, ‘perdedora’. Es el enfoque falso y sesgado desde el que se intenta marginar y descalificar a Unidos Podemos y sus aliados adjudicándoles esa posición extrema, encerrada en sí misma y sin arraigo popular. Es también cómo se ha querido interpretar la pugna interna en el proceso de Vistalegre 2 y, particularmente, condenar a la nueva dirección de Podemos a la irrelevancia política.

Pero ese marco interpretativo es falso, oculta las bases sociales para el cambio y tiene la intencionalidad política de normalizar la gestión liberal conservadora. El consentimiento ciudadano al continuismo de las políticas socioeconómicas y la gestión autoritaria es minoritario. El malestar cívico por la deriva económica y política es mayoritario, especialmente entre la juventud. Dadas las valoraciones sobre las trayectorias y las expectativas en los últimos dos años se consolidan dos dinámicas: por una parte, se refuerza una minoría significativa, acomodada y conservadora, que considera aceptable la evolución económica y política, aunque no llega a un tercio de la sociedad; por otra parte, permanece una mayoría social descontenta y favorable a los cambios, aun con distinta intensidad.

Y existe una fractura generacional: por un lado, una fuerte composición juvenil que apoya a Unidos Podemos y convergencias y desea cambios profundos; por otro lado, PP y PSOE se refugian en unas bases electorales envejecidas, sobre todo, entre los mayores de 55 años; en el medio con posiciones más paritarias los sectores de edad intermedia, decisivos. No obstante, se puede decir que el futuro favorece al cambio y que el conservadurismo es el pasado.

En conclusión, no hay normalización política, hay bases sociales y culturales para seguir promoviendo el cambio político. Y toda la campaña de propaganda del poder establecido y los principales medios no ha podido torcer esa voluntad popular mayoritaria. El problema no está en la realidad social, sino en el reflejo de los equilibrios institucionales al haber renunciado la dirección socialista a un pacto de progreso por un cambio sustantivo, entrando en conflicto con gran parte de su base social.

Fracasa la 'normalización'