La utilización de la palabra casta es muy variada y afecta a cuáles son sus significados exactos, sus características y su amplitud. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, casta es un “grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc.”. Según el diccionario de María Moliner sería un “grupo constituido por individuos de cierta clase, profesión, etc. que disfrutan de privilegios especiales o se mantienen aparte o superiores a los demás”. Según la acepción académica (y popular) sería un grupo separado o distanciado de las capas populares, con una situación privilegiada y ventajosa.
Tenemos ya dos criterios de selección: por encima de las capas populares o la gente normal y corriente, y con ventajas comparativas. Es decir, serían capas altas o élites dominantes con privilegios especiales y no merecidos que abusan de su posición de poder y estatus. Pueden derivar de su colocación dominante en la economía (o la herencia) o por su posición de control de los recursos públicos que utilizan en beneficio propio (más o menos legales o corruptos).
En este caso hablamos, sobre todo, de la casta política en un doble sentido. Por un lado, a su vinculación y defensa de los intereses del poder económico-financiero –la casta financiera-gerencial-, no de la mayoría de la sociedad. Favorecen una acumulación de ventajas y poder hacia una élite dominante junto con los privilegios corporativos hacia los gestores que lo gestionan. Por otro lado, a las personas y grupos que, con una gestión corrupta o mafiosa de los recursos e instituciones públicas, obtienen beneficios ilícitos, económicos, de estatus y poder. En esa circunstancia se puede confundir con solo un comportamiento criminal o corrupto. Pero el aspecto principal es su conexión con el primer caso, con la participación y complicidad de núcleos de poder, con supuesta impunidad. Por ello existe también una responsabilidad de los altos organismos institucionales o partidarios, controladores o supervisores, así como por la falta de adecuación y aplicación estricta del sistema legislativo, judicial y penal.
Esa casta se ha conformado por unas élites dominantes mediante su gestión de políticas antipopulares, con incumplimiento o alejamiento de sus compromisos sociales y democráticos. Se ha producido durante un periodo decisivo de crisis donde la población ha visto grandes polarizaciones socioeconómicas: por un lado, agravamiento de las condiciones socioeconómicas y mayor subordinación y desconsideración hacia la mayoría de la sociedad; por otro lado, enriquecimiento sin límites, prepotencia y autoritarismo de capas dominantes. Pero ante esa ofensiva antisocial de los poderosos también se ha generado una pugna sociopolítica y cultural: la activación de una ciudadanía indignada y un amplio proceso de deslegitimación del establishment, con riesgo para la estabilidad de su estatus por lo que reacciona de forma airada. Es pues una minoría dirigente, incrustada en las altas instituciones, que impone privilegios y beneficios para los poderosos –económicos y políticos- en perjuicio de la mayoría de la ciudadanía y del interés general de la sociedad.
Es fundamental la definición de la ‘cosa’ y ver luego cómo se nombra. Existen dos trampas posibles en la palabra casta:
- La excesiva extensión de su contenido, porque facilita la defensa del núcleo duro, la auténtica casta, aleja a sectores significativos bajo su influencia y desacredita a los críticos;
- No valora la ambivalencia de las élites políticas gobernantes, su distinto grado de implicación en las políticas regresivas, así como su prepotencia y duración.
Una expresión afortunada en el plano mediático para esclarecer el comportamiento y la función de unas élites dirigentes antisociales y desmontar su embellecimiento, utilizada sin estas prevenciones, puede ser útil como cohesión de sectores muy convencidos, pero generar dificultades para seguir deslegitimando ante la mayoría de la sociedad a la auténtica casta, este bloque dominante.
En ese sentido conviene distinguir casta –élite u oligarquía que controla el gran poder institucional en su beneficio-, no toda corrupta aunque con un carácter antisocial e ilegítimo, de políticos corruptos o privilegiados que pueden ser de la casta o de instancias inferiores a los grandes aparatos políticos o institucionales. Tampoco se debiera referir al conjunto del sistema político, ni a todos los políticos o representantes políticos. Solo a la minoría gobernante o con una gestión institucional, con dinámicas corporativas de representación de las minorías pudientes, políticas antisociales hacia la mayoría de la población, sin tenerlas en cuenta –déficit democrático- y buscando posiciones de ventaja económica y de poder.
Para ser incluido en el concepto de casta sería necesario no solo la condición de políticos profesionales, sino su imbricación con los intereses de la oligarquía económica, su función de gestión de la austeridad antisocial y autoritaria y, todo ello, con privilegios especiales de carácter corporativo o elitista y distanciados de la población. Así, constituye un poder poco legítimo y con mucho de dominación y abuso de poder hacia la ciudadanía. Tendría similitud con el otro concepto utilizado por la dirección de Podemos: oligarquía, como grupo dirigente, dando por supuesto que en ese concepto se incluye no solo a la casta política sino también a la minoría que posee, controla y dirige el poder económico-financiero, es decir, a la casta financiera-corporativa.
Los poderosos ponen el énfasis en su carácter representativo, sus vínculos con la ciudadanía y su legitimidad electoral, su función neutra e imprescindible para la gestión compleja, económica e institucional. Justifican así la continuidad o ampliación de su poder, beneficios y privilegios. Dejan en un segundo plano lo que hoy es el aspecto dominante y principal: el carácter regresivo e impopular de su gestión y la función ejecutiva y distanciada de sus representados y la ciudadanía, con abuso del poder que le da su estatus.
Por tanto, hay escalas en esa limitada representatividad y responsabilidad ejecutiva frente a la mayoría de la sociedad. El acento lo ponemos en los responsables gubernamentales y de la alta administración pública, así como en los aparatos superiores de sus grandes partidos con una gestión en las altas instituciones, con apropiación de privilegios y beneficios corporativos especiales y con impacto en las desventajas y desigualdades de la población.