El panorama político ha cambiado. Los dos grandes partidos gobernantes, PP y PSOE, sufren una profunda crisis de legitimidad ciudadana. Sus apoyos electorales desde las elecciones generales del año 2008 se han reducido en cerca de cuarenta puntos (desde más del 83% a menos del 43%, según el último sondeo de Metroscopia, la mitad de sus electorados). El declive del bipartidismo es claro y se ha agotado como fórmula exclusiva de alternancia en la gestión pública. El tiempo de mayorías absolutas ha quedado atrás, de forma irreversible.
Las causas de este proceso son profundas. Las resumimos en dos: su responsabilidad gubernamental y desde las instituciones europeas en la ejecución de una política de austeridad y recortes sociales, de un proyecto injusto de gestión la crisis social y económica que genera más desigualdad; su prepotencia institucional y sus vínculos con los poderosos, por encima y en contra de la mayoría de la ciudadanía, sus intereses y demandas, con el incumplimiento de sus contratos sociales y electorales y, a menudo, contaminados por privilegios y corrupción.
La exigencia de un cambio en la orientación de la política social y económica y por la democratización política e institucional, es apoyada por la mayoría de la sociedad. El masivo movimiento de protesta progresista de estos años y la irrupción de un electorado indignado han impuesto esta nueva agenda, frente al continuismo de la estrategia liberal-conservadora. A pesar de todos sus intentos comunicativos, las cúpulas del PP y el PSOE no consiguen recuperar su anterior electorado ni la suficiente credibilidad social para encabezar este nuevo proceso de regeneración democrática, respeto a las demandas ciudadanas y garantías para los derechos sociales y laborales y un empleo decente.
No obstante, permanecen incógnitas y riesgos sobre la profundidad, la orientación y el tipo de cambio, la existencia de suficientes fuerzas sociales para su apoyo y, particularmente, para definir el ritmo y las prioridades en su aplicación y el tipo de acuerdos posibles. El dilema básico está entre un cambio superficial en la renovación política, manteniendo la continuidad básica de las políticas socioeconómicas con fuerte desigualdad social y paro masivo, y un cambio sustantivo que apunte a una fuerte democratización política y un giro social y económico progresista.
El camino y el horizonte del cambio se dividen: se puede avanzar hacia una democracia con un contenido fuertemente social que satisfaga las principales demandas populares, o se puede mantener una democracia débil anclada en una gran desigualdad y la vieja estructura de poder. Es decir, casi toda la clase política acepta ya la retórica del cambio, pero una oferta es cambiar algo para continuar con lo fundamental de lo viejo, y otra iniciar un cambio que esté conectado con un proceso y un objetivo de transformación auténtica en los dos planos principales, socioeconómico y político-institucional.
Gobiernos inestables y acuerdos limitados
La estabilidad gubernamental e institucional es positiva siempre que garantice una gestión democrática en beneficio de la población. La experiencia inmediata nos dice que ha sido utilizada para ampliar los privilegios de una clase política, autonomizada de sus compromisos sociales y democráticos con la sociedad, y defender los intereses de los poderosos, principalmente, financieros. El declive de la simple alternancia bipartidista abre un nuevo escenario del sistema de partidos y los equilibrios institucionales, de gobiernos en minoría, relativamente inestables y con acuerdos limitados y variados.
Según la última encuesta de abril de Metroscopia se configuraría, a nivel estatal, un cuádruple empate, entre el 19,4% de Ciudadanos y el 22,1% de Podemos (entre el 17% y el 24% contando con el margen de error estadístico). Todo ello evidencia la imposibilidad, de cada partido por separado, de una gobernabilidad con suficiente estabilidad institucional.
El reciente sondeo del CIS (con un error muestral de más o menos dos puntos) da una ventaja mayor al PP (25,6%) y PSOE (24,3%), casi empatados, respecto de Podemos (16,5%) y Ciudadanos (13,8%), ambos con datos inferiores a los de Metroscopia. No obstante, si contamos solo con la intención directa de voto tenemos otra imagen: PSOE, 15,4%; Podemos, 13,6%; PP, 13,5%, y Ciudadanos, 10%; junto con casi 35 puntos sin definir (19,8% que no saben todavía y 14,9% que no votarían o lo harían en blanco). Así, el CIS con su ‘cocina’ respecto de la inclinación del actual voto indeciso y considerando el supuesto voto oculto de cada partido incrementa la estimación de voto al PP (en más de doce punto) y al PSOE (casi nueve puntos), mientras infravalora la distribución hacia Podemos (menos de tres puntos) y Ciudadanos (casi cuatro puntos). Es decir, es una interpretación que favorece el bipartidismo y perjudica a los emergentes. No habría cuádruple empate sino más bien una distancia significativa entre los dos partidos tradicionales de Gobierno, casi empatados (PP y PSOE), que tendrían la iniciativa o la responsabilidad para la gobernabilidad, respecto de los emergentes (Ciudadanos y Podemos), con una posición subordinada. En ambos casos existe un ‘suelo’ significativo y queda pendiente el margen para su ‘techo’. Lo que también se constata es la persistencia de un suelo importante para las dos fuerzas del bipartidismo así como un techo que puede llegar a la mitad del electorado. En todo caso, lo que han perdido los dos partidos gobernantes y han ganado los emergentes parece consolidado: entre treinta y cuarenta puntos. Esa tendencia de fondo está clara, aunque complementada con una parte menor de voto todavía volátil o indeciso.
Por otra parte, un sondeo de GESOP, para el diario catalán El Periódico, publicado en abril, daba la siguiente adjudicación de escaños: PP: 102-107; Podemos: 78-82; PSOE: 75-78; Ciudadanos: 55-59. Considerando que Ciudadanos tiene componentes democráticos regeneracionistas pero representa la continuidad de los planes socioeconómicos de la derecha, vemos que las fuerzas parlamentarias para dirigir un gobierno e implementar un cambio sustantivo, con la hegemonía de Podemos, son minoritarias, aunque sumadas las del PSOE llegarían a empatar con el centro derecha.
Aunque Podemos (y sus aliados) pudiera alcanzar una mayoría relativa de diputados, no podría gobernar con la oposición del resto. Avanzaría en el objetivo de ‘ganar’, con importantes posiciones institucionales, incluida la posibilidad de dirigir o compartir la gestión de algunos ayuntamientos y Comunidades Autónomas significativas. Pero en el ámbito estatal sería difícil una victoria completa, es decir, se abriría un proceso, durante la siguiente legislatura, de trabajo de oposición y preparación del siguiente ‘asalto’ institucional. La realidad y los resultados a corto plazo reflejarían un avance parcial, evitando una frustración relativa. La interpretación de la botella medio llena o medio vacía habrá que valorarla desde el análisis de las tendencias y perspectivas y la comparación con los objetivos inmediatos. El objetivo de ganar totalmente, con suficiente hegemonía, se convierte en un objetivo a medio plazo. La única hipótesis abierta, más fácil en ámbitos locales, es la de acuerdos de Podemos y otras fuerzas alternativas con el PSOE, siempre que este partido realice un giro significativo de su política y sus alianzas por un gobierno de progreso.
La realidad municipal y autonómica parece que va a ser muy asimétrica respecto de los equilibrios representativos de las distintas fuerzas y, por tanto, de sus gobiernos respectivos. La estabilidad de la gobernabilidad va a ser difícil. Aunque haya una fuerza destacada (cómo en Andalucía), parece que nos encaminamos hacia gobiernos en minoría, con acuerdos muy limitados, incluso para las investiduras, y sometidos a un control y desgaste de las oposiciones, al menos hasta las elecciones generales.
Cada uno de los principales partidos (PP, PSOE, Podemos e, incluso Ciudadanos), aspira a obtener por separado la mayoría suficiente y distante de los otros tres para garantizarse la preponderancia en la composición gubernamental y la aplicación de su programa. Los pactos inmediatos están subordinados a la estrategia de cada uno de ellos en las elecciones generales con un perfil autónomo para conseguir mayoría relativa. Ahora no hay muchas posibilidades de pactos estables y generalizados de ningún tipo: ni de centro-derecha (PP-Ciudadanos), ni de centro-izquierda (PSOE-Ciudadanos), ni de progreso (Podemos/candidaturas populares-PSOE-Izquierda Plural), ni de estabilidad bipartidista (PP-PSOE). Además de la complejidad añadida en territorios con presencia nacionalista. Casi todos van a ser acuerdos limitados, combinados con desacuerdos u oposición crítica sin incurrir en la responsabilidad de la ‘ingobernabilidad’. No obstante, hay que advertir el interés de fondo del poder establecido, incluido las instituciones de la UE, por garantizar un consenso sobre el continuismo de la estrategia dominante, de carácter regresivo, y la estabilidad de las actuales élites políticas, con ligeros cambios. Es un factor poderoso hacia la estabilidad del orden económico y político.
El reto de avanzar sin ganar totalmente
No obstante, para Podemos, Izquierda Plural y las fuerzas alternativas y de unidad popular permanece el reto de avanzar parcialmente hacia gobiernos de progreso y de impulsar el cambio real desde instituciones significativas, frente a las dinámicas continuistas, particularmente de las derechas. Se trata de ganar parcialmente en lo inmediato, adecuando discursos, políticas y tipo de gestión, sin haber ganado totalmente, aunque manteniendo esa perspectiva a medio plazo. Y la realidad de obtener mayorías relativas en algunas instituciones relevantes (por ejemplo, en Madrid o Barcelona), por delante del PSOE y con mayorías progresistas y minorías del centro derecha, abre una oportunidad compleja pero con posibilidad de abordar fórmulas programáticas y de gestión intermedias y mixtas, aunque siempre de avance social y democrático, con prioridades fundamentales en los dos planos.
En el caso de Podemos hay dos elementos a considerar sobre su expectativa de ‘ganar’ con suficiente amplitud para ser eje principal o exclusivo del cambio institucional. Su representatividad electoral se ha consolidado de forma meritoria en Andalucía, en condiciones desfavorables, pero queda todavía a veinte puntos del partido socialista. Estaba diagnosticado y era de esperar. Además, las encuestas estatales recientes diagnostican que ha alcanzado un importante y superior porcentaje de intención directa de voto pero que se ha debilitado algo el peso del sector que expresaba su simpatía hacia ellos. Supone que la estimación de su resultado electoral sobre voto válido se estanca o retrocede ligeramente (en la del CIS más de seis puntos porcentuales) hasta situarse por debajo de la cuarta parte del voto válido. Influye la campaña mediática del poder establecido generando miedo al cambio o embarrando el campo de juego democrático, el bloqueo producido por Ciudadanos a su expansión por el centro y la persistencia de un suelo electoral significativo del PSOE. Pero esa situación también expresa los límites actuales de su discurso, su actividad y su liderazgo para seguir ensanchando su base social y electoral. Mantener unas proyecciones ascendentes supone aceptar un desafío para la mejora de sus mensajes y propuestas, desarrollar su programa en el doble sentido apuntado e incrementar su capacidad de articulación de las demandas populares, la movilización de todas sus capacidades y la convergencia con distintos actores críticos y alternativos.
Por supuesto, sus objetivos y su horizonte de obtener una legitimidad electoral superior al PSOE, suficiente para determinar la orientación y la composición gubernamental, siguen siendo legítimos; incluso son posibles en diversos ámbitos autonómicos y locales –como ha sucedido al revés en Andalucía con el partido socialista-. La cuestión es que una posición tan claramente hegemónica y unilateral es improbable en las elecciones generales y la conformación del Congreso de diputados. Y ello nos remite al tema de cómo impulsar un cambio lo más profundo posible; cómo avanzar a pesar de los límites de su representatividad ciudadana al no llegar a ser suficientemente mayoritario; cómo continuar andando en un camino, con curvas y cuestas, compartiéndolo parcialmente con otros grupos y sectores y apoyado en amplias mayorías, sin desviar el rumbo de una orientación democrática y de progreso.
Por otro lado, la experiencia socialista en las recientes elecciones andaluzas, enseguida ha servido para reforzar ese modelo deseable para ellos de ganar las elecciones con una distancia significativa respecto del PP y Podemos. Pero ese resultado es difícilmente generalizable en las elecciones generales o en la mayoría de ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
El PP ha comprobado lo que vienen diciendo las encuestas: el profundo desgaste de su representatividad. Su legitimidad queda seriamente tocada. La justificación de su estrategia de austeridad por los beneficios de crecimiento económico y de empleo (precario), tan raquíticos e inestables, no le permite retener o recuperar al grueso de su electorado desafecto, una parte del cual ha ido a engrosar Ciudadanos. Los efectos de sus recortes se siguen notando; su prepotencia y la corrupción les pasan factura. Aunque tengan una base conservadora sólida, es difícil que alcancen una posición determinante para formar nuevo Gobierno o dirigir Comunidades Autónomas tan emblemáticas como la valenciana y la madrileña o, en otro plano, la navarra. Ahí queda, no obstante, la opción de pacto con Ciudadanos como complemento para una nueva mayoría de centroderecha y el bloqueo de las expectativas de cambio progresista.
Si para las elecciones generales no es suficiente o posible una nueva mayoría de centro derecha, ni una gran ventaja del PSOE, lo más probable es la concreción de la tendencia a un pacto de corresponsabilidad en la gobernabilidad, entre PP y PSOE, hoy negado, o con Ciudadanos. Estaría amparado en los consensos europeos entre liberal-conservadores y socialdemócratas, con el objeto de impedir el inicio de un cambio institucional sustancial. Entraría dentro del significado del cambio ‘seguro’ socialista, sin las fuerzas alternativas ni giro programático significativo, democrático y socioeconómico. El desafío a ese pacto de estabilidad continuista vendría por un apoyo superior a Podemos o un empate con el partido socialista y que, junto con otras fuerzas progresistas, tuviesen más diputados que el centro-derecha.
No obstante, no hay que infravalorar las grandes dificultades del partido socialista para participar de forma subordinada en ese acuerdo con Ciudadanos y/o el PP y legitimarlo, ni descartar las posibilidades de avanzar hacia un gobierno de progreso. Particularmente, como hemos dicho, ese camino es más posible en ámbitos locales y autonómicos en los que la cúpula socialista no dé un giro de ciento ochenta grados, pero sí pueda hacerlo de noventa, en un ámbito competencial menos dependiente de los grandes intereses y estrategias estatales, europeas y financieras. O sea, se pueden conformar acuerdos programáticos mixtos, intermedios o mínimos que posibiliten el comienzo de un camino hacia dinámicas y modificaciones progresistas. Harían más difícil el continuismo gubernamental basado en el bipartidismo (junto con Ciudadanos) y más fácil una acción política y cívica prolongada frente a ese intento de restauración de la legitimidad política de las actuales élites y el mantenimiento de la estrategia liberal-conservadora de gestión de la crisis.
El aspecto principal de una negociación es la valoración de si supone un avance de progreso, por muy limitado que sea, sin la corresponsabilidad de una gestión regresiva y prepotente, y si tiene la garantía de deliberación, decisión y apoyo popular, no los intercambios de posiciones de poder de la vieja política.
Cambio frente a continuismo
En definitiva, la estrategia de austeridad, aplicada por el gobierno del PP y promovida por los poderes económicos e institucionales europeos, está agotada. La ligera mejoría de algunos indicadores macroeconómicos no derivan de los ajustes y recortes sociales aplicados sino de otras variables favorables: bajos precios del petróleo, expansión monetaria del BCE, bajos tipos de interés, plan de estímulo de la CE… La recuperación económica es limitada y frágil y no garantiza el incremento de empleo decente y menos la reorientación hacia un crecimiento económico y una modernización productiva con bases sólidas y sostenibles a medio y largo plazo. Y no goza, justamente, de credibilidad entre la ciudadanía.
Esa continuidad estratégica de fondo, también avalada con algunos matices por la socialdemocracia europea y por Ciudadanos, hace que sus discursos de cambio se queden en la retórica o la superficie. Afectan a aspectos limitados de transparencia o renovación generacional o medidas económicas parciales, pero tienen el efecto de consolidar la vieja estructura de poder económico y político. El continuismo consolida la pérdida de derechos sociales y laborales, la fuerte desigualdad social, las graves consecuencias del paro masivo y la precariedad, la subordinación de las capas populares, el debilitamiento de los servicios públicos y la protección social… y unas estructuras económicas e institucionales obsoletas. Todo ello con el reforzamiento de la alternancia bipartidista (con el nuevo comodín de Ciudadanos), un sistema político anquilosado y un freno a las dinámicas reales de cambio y sus representantes sociales y políticos.
Por tanto, desde una óptica progresista, de izquierdas o de defensa y unidad popular, el objetivo de un cambio sustantivo, político y socioeconómico, es irrenunciable para Podemos, Izquierda Plural y el resto de fuerzas alternativas y movimientos sociales progresistas. Supone una diferenciación frente a la retórica de cambios superficiales, llamados sensatos o seguros. Conforma su identidad y su papel en este ciclo histórico: aprovechar la ventana de oportunidad, basada en la deslegitimación social de los poderosos por su política regresiva y la persistencia de una amplia ciudadanía con una cultura democrática y de justicia social. Se trata de impulsar una transformación profunda, social y económica, política e institucional, y solidaria e integradora en el marco territorial y europeo. Esa perspectiva es la que hay que combinar con el realismo de los apoyos sociales disponibles, los acuerdos necesarios y el diseño de las etapas del camino a recorrer.