La reforma de la negociación colectiva elaborada por el Gobierno socialista constituye una nueva agresión contra trabajadores y sindicatos. Tras el fracaso del largo proceso negociador entre los dirigentes sindicales y los representantes empresariales, debido a las exigencias adicionales de estos últimos, el Consejo de Ministros el 10 de junio aprueba el Real Decreto-Ley 7/2011. Lejos de dar continuidad a la aproximación alcanzada por los interlocutores en esa negociación, introduce más cambios regresivos en la dirección de las reivindicaciones patronales y otros sectores económicos e institucionales que han estado presionando para una reforma más dura. El resultado es una nueva imposición gubernamental (y parlamentaria), sin consenso sindical, que genera una posición más subordinada de la gente trabajadora y un nuevo desequilibrio en las relaciones laborales, debilitando la negociación colectiva y la capacidad contractual de los sindicatos.

La norma está en vigor y se ha convalidado por el Congreso, con el exclusivo voto favorable del partido socialista y la colaboración del PNV –que se abstuvo-, mientras las derechas (PP y CIU) la consideran insuficiente y la izquierda política (IU-ICV, ERC y BNG) la rechaza por antisocial. Sigue su trámite parlamentario como proyecto de Ley, aunque las organizaciones empresariales no la apoyan al considerarla limitada y los sindicatos se oponen por ser desequilibrada e impuesta. Se trata de analizar su contenido, los cambios respecto a lo aceptado por ambas partes en la negociación previa, el significado sociopolítico de esta opción gubernamental dentro de su gestión de la crisis económica y las implicaciones para las estrategias sindicales.

Esta reforma tiene tres importantes componentes negativos -si no se introducen otras enmiendas todavía más regresivas-. Primero, fortalece el poder de los empresarios para imponer condiciones laborales regresivas, por dos vías. Una, promoviendo su mayor capacidad discrecional para incrementar la flexibilidad interna en las empresas, adicional a la ya generalizada flexibilidad externa mediante el despido y la contratación precaria. Otra, por la disminución de las garantías laborales de los trabajadores al facilitar descuelgues empresariales y dar prevalencia al ámbito de la empresa donde se pueden acordar condiciones laborales inferiores a las básicas del convenio colectivo del sector.

Segundo, debilita la capacidad contractual del sindicalismo, con una negociación colectiva débil y mayor decisión ‘externa’ a través de la imposición de los mecanismos de arbitraje, cuyas decisiones serán obligatorias para las partes y, en general, más cercanas a las posiciones patronales y de la administración pública. Ante la relativa impotencia reivindicativa y transformadora de los sindicatos, con el evidente estancamiento de los procesos negociadores y la continuidad de vigencia de los derechos reconocidos en los convenios colectivos se aplica una mayor ‘dinamización’, para agilizar las adaptaciones laborales regresivas, que consiste en la anulación de la autonomía de las partes y la imposición de una decisión externa a la negociación colectiva. Así, aunque no se llega a eliminar la ultra-actividad de los convenios colectivos -la continuidad de sus condiciones hasta la firma de otro nuevo acuerdo-, reclamada por algunos sectores económicos, el laudo arbitral, obligatorio y casi inmediato, es un paso intermedio en el proceso empresarial de incorporar retrocesos respecto de los convenios anteriores o cambios sustanciales sin el consenso sindical.

Tercero, favorece reequilibrios problemáticos en las funciones y competencias de las distintas estructuras sindicales en perjuicio de los representantes directos de los asalariados y su participación, disminuyendo la legitimidad de las decisiones de las direcciones sindicales y su capacidad transformadora. Elimina las competencias negociadoras y contractuales de los comités de empresa y los representantes elegidos por los trabajadores, jerarquiza y centraliza la negociación colectiva en el ámbito estatal eliminando convenios provinciales (y debilitando las estructuras sindicales intermedias), y abre la vía para los convenios-franja con mayor división en los centros de trabajo, privilegios para las capas cualificadas y apoyo a los sindicatos corporativos (con mayor peso en ese colegio electoral).

Esta reforma estructural es la última –cosa incierta- de las planteadas por el Gobierno socialista dentro del plan de austeridad adoptado a instancias de la Unión Europea en mayo del año pasado con ocasión de la crisis de la deuda. Con ella rompe los equilibrios suscritos con los sindicatos en el Acuerdo Social y Económico de febrero donde, junto a los recortes de las pensiones públicas, prometía respetar los compromisos de los agentes sociales y económicos en torno a una reforma de la negociación colectiva equilibrada y consensuada. A pesar de su intento retórico para evitar el malestar ciudadano, este nuevo paso atrás en los derechos sociolaborales aparece como un eslabón más para contentar a los ‘mercados’. Consolida su alejamiento de sus compromisos sociales y su giro hacia la derecha: la flexibilidad discrecional para los empresarios se acompaña de mayor inseguridad para trabajadores y trabajadoras; gana la patronal, pierden las clases populares y los sindicatos.

Por tanto, esta reforma no mejora la negociación colectiva como instrumento de regulación de las condiciones laborales ni es un medio para reactivar la economía y crear empleo. Promueve el incremento del poder empresarial, una fuerte agresión a los derechos laborales y la disminución de la capacidad contractual del sindicalismo. Se inscribe en la política gubernamental de reformas estructurales dentro de la lógica exigida por el poder económico-financiero y la estrategia liberal-conservadora dominante en las instituciones de la UE que, particularmente para los países periféricos, apuesta por medidas de ajuste sociolaboral: reducir los derechos sociolaborales, mantener un paro masivo con estancamiento económico, empeorar las condiciones salariales y de trabajo y subordinar la acción sindical.

Su discurso justificativo se basa en la idea de ‘flexibilidad’ (para las empresas), como ‘adaptación’ de las condiciones y los derechos de la población trabajadora a las circunstancias (o previsiones) productivas de la empresa según su propio criterio. Y se empeora la situación de subordinación de trabajadores y trabajadoras, con un mayor desequilibrio para su seguridad. Los empresarios ganan mayor poder en detrimento de unas relaciones laborales más equilibradas. Pero esa política conservadora de descargar sobre las clases subalternas los mayores costes de la crisis, no es la vía adecuada para salir de ella, pronto y de forma justa, ni tampoco para avanzar en el objetivo oficial de mejorar la competitividad o la productividad de la economía, facilitar el crecimiento económico y, menos aún, cambiar el modelo productivo.

Para ello habría que tomar otro camino, reclamado incluso por la Confederación Europea de Sindicatos –inversión productiva, incremento de la demanda y el consumo, más empleo digno y de calidad, regulación financiera, reforma fiscal progresiva, fortalecimiento de los derechos sociolaborales…-, y fortalecer la acción sindical. Esa orientación ampliamente respaldada por la sociedad española y europea es rechazada abiertamente por los gobiernos europeos. La opción, tal como también viene promoviendo el masivo movimiento del 15-M, es insistir en el rechazo a cada una de estas medidas antisociales, exigir el cambio de la política socioeconómica conservadora, dominante en la Unión Europea, regular los ‘mercados’ y promover mayor democracia participativa, con sometimiento de las instituciones políticas a la opinión de la mayoría social.