Voluntad colectiva

Alberto Requena | Presidente del Partido Socialista en la Región de Murcia

nuevatribuna.es | 16 Enero 2013 - 19:28 h.

La crisis económica ha hecho aflorar otros niveles críticos y debilidades de nuestro sistema de convivencia. Las reestructuraciones presupuestarias sin previo aviso, los recortes, muchos de ellos inexplicables, derechos fundamentales largamente batallados y, ahora, pulverizados en un santiamén y, en suma, un futuro muy sombrío, en el que los pilares que han soportado nuestro sistema laico de creencias en una sociedad de derecho, se han visto derribados sin pestañear, han hecho mella en la concepción de la vida colectiva que ha regulado la convivencia, en especial, en el último período democrático que se abrió en nuestro País, tras 1975.

La fragmentación de la Sociedad, como diría Maquiavelo, puede explicar, en parte, la seducción basada en la credulidad, evitando una posición política que trascienda a los particularismos y que enfrente de forma unánime una gestión política desastrosa para los intereses de los ciudadanos, como la que está llevando a cabo el Partido Popular. Muy posterior a Maquiavelo, encontramos a un Gramsci que delinea un Príncipe Moderno, para encarar, en la época de Mussolini, las mismas cuestiones de aquél primigenio. Y hoy, podemos identificar los mismos rasgos en la replicación clónica, capaz de dejarse seducir por la corriente que se quiere visualizar mayoritaria, fascinando y encandilando a parte de una sociedad civil que no deja de ser una multitud dispersa y debilitada.

La existencia del Derecho se basa en la garantía que valida a ese Derecho. Pero esas garantías solamente pueden proceder de la voluntad del competente en establecerlo, creando el contenido de las normas. Pero, por esa misma razón, la voluntad competente para crearlo puede, igualmente, destruirlo de forma independiente, superando la autolimitación que supuso lo que creó en otro momento. Eso quiere decir que es la voluntad de quien ostenta el poder del Estado y no la de los ciudadanos la fuente obligatoria de la que emana el Derecho, cambiante, en nuestro caso, en función del gobierno de turno que, elegido en un momento dado, opera sin limitaciones, amparado en una mayoría absoluta, interpretando e incluso derogando derechos que, en casos, son fundamentales y sobre los que la ciudadanía no recibió ni aprobó ninguna propuesta de alteración.

La cuestión relevante es disponer de las herramientas apropiadas para concretar los mecanismos e instrumentos para sensibilizar a los ciudadanos con estrategias transparentes sobre nuevas formas de hacer política, incluyendo lenguaje y comunicación. La participación ciudadana es un imperativo en el ámbito político y en la propia estructuración de la sociedad civil. Su incidencia es doble: por un lado la modulación de la toma de decisiones y por otro la implicación de la ciudadanía en los proyectos colectivos y la consiguiente madurez política que conlleva, objetivando la valoración de las consecuencias de las actuaciones de gobierno. Hoy por hoy, solamente se puede advertir el divorcio entre los ámbitos político y ciudadano.

La eficacia y eficiencia de un gobierno democrático debe radicar en la gestión de la información, la participación y la colaboración ciudadana. Y estos ámbitos no se pueden limitar sólo al entorno cercano, municipal. El Estado, en su conjunto, es una articulación de estos componentes para crear un clima de confianza que garantice una toma de decisiones que atienda a los intereses de sus ciudadanos. Porque en todos los ámbitos acontece que los ciudadanos es difícil que puedan saber sin comprender, al igual que los gobernantes, que puedan saber sin sentir, o que puedan valorar sin percibir el apasionamiento por el saber y por los objetos del saber. Las pasiones de los ciudadanos hay que comprenderlas, para ser capaces de explicarlas, justificarlas y modularlas en los marcos científicos y técnicos pertinentes. Esto es de vital importancia para los gobernantes, obligados a interpretar intelectualmente los saberes. Cuando esta conexión entre políticos gobernantes y la ciudadanía no se da y el nexo es solamente burocrático o formal, tiene lugar el establecimiento de clases dirigentes por un lado y ciudadanía por otro.

La radiografía de la situación por la que atraviesa nuestro País, concreta un escenario en el que los ámbitos político y social se ubican en posiciones antípodas. Lo grave viene a ser el arraigo cultural que se está estableciendo con carácter genético. La ciudadanía no es activa ni participativa. Pero no es eso sólo, porque, al mismo tiempo, crece el malestar ciudadano con un estamento político que no comprende y al que respeta cada vez menos, como han puesto de manifiesto los resultados de lo últimos sondeos de opinión conocidos. Reacciones en cadena deslegitiman la propia Democracia, cuestionando aspectos básicos de convivencia. Pero, sorprendentemente los, hoy en activo, políticos del PP, dicen actuar en nombre de quienes no comprenden, precisamente, las medidas, orientación y actuaciones con que el Gobierno dice velar por sus intereses. Al tiempo, las encuestas no revelan todavía de forma meridiana, la reacción equivalente a una confianza deteriorada, como ponen de manifiesto las reclamaciones de participación que emanan de las calles, con gritos dramáticos y constantes. Esta dualidad de conducta es una esquizofrenia que beneficia a una organización política hoy en el poder que, lejos de cumplir con sus promesas electorales, ha sido capaz de actuar contra sus propias e insistentes manifestaciones descalificatorias, cuando todo su objetivo era minar la credibilidad de un gobierno al que querían derribar. No cabe duda de que de haberse dado un nivel muy distinto de participación ciudadana, no hubieran sido posible actuaciones gubernamentales como las que sufrimos actualmente. La voluntad colectiva no puede radicar en la apropiación por parte de una organización política, a través de las urnas, de la exclusividad de la interpretación de los intereses colectivos. El proceso requiere de unos mecanismos de control por encima de la aritmética parlamentaria, sin dudar en la legitimidad de la misma, ni un ápice, pero que se revela insuficiente, cuando las mayorías son absolutas y los gobiernos desaprensivos democráticamente hablando y, quizás, en otros ámbitos. Información, participación y colaboración ciudadanas pueden ser la clave de un cambio necesario en una democracia moderna que tenga en su punto de mira a las personas, como único objetivo que da sentido a su razón de ser.

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