Desde hace algún tiempo, todo lo que ocurre en Cataluña está en clave de elecciones. Creo que todos los agentes políticos catalanes están convencidos que no habrá referéndum de autodeterminación y sí que habrá elecciones anticipadas, algo que la oposición reclama desde hace tiempo ante la evidente precariedad del Gobierno Puigdemont.
Las elecciones marcarán el final del “procés”, es decir, del intento de secesión que sigue una hoja de ruta de la que el referéndum de autodeterminación es un paso más. Que los independentistas afirmen que quieren pactar con el Gobierno algunos parámetros del mismo (la pregunta por ejemplo) no pasa de ser un postureo o, por mejor decir, un ejercicio de propaganda política, puesto que el Gobierno (éste o cualquiera otro) está obligado a negar la mayor, es decir, está obligado a actuar en consecuencia de la manifiesta ilegalidad de la convocatoria del mismo. En realidad el “procés” está jalonado de pasos que violan la ley, algo que los independentistas aparentan no darse por enterados. Cuando un Gobierno, un Parlamento o cualquiera otra institución acuerdan medidas ilegales, es lógico que intervengan los tribunales de justicia, anulando éstas y persiguiendo a los que no acaten sus resoluciones. Ésta es la lógica de cualquier democracia y no implica un judicialización de la vida política. Antes al contrario, si los tribunales se inhibieran ante ilegalidades manifiestas se estaría quebrando uno de los principios básicos en que se asienta toda democracia. Lo cual no obsta para reconocer que en Cataluña tenemos una crisis, un conflicto, cuya solución, si existe, es política.
Lo que no es solución es la aplicación del derecho de autodeterminación a Cataluña, sencillamente porque el tal derecho solo se aplica a las colonias y Cataluña no es una colonia ni lo ha sido jamás. Se equivocan quienes, obviando ese detalle, dicen que el referéndum de autodeterminación sería la solución al conflicto porque una mayoría de catalanes votaría por permanecer en España. Aunque así fuera, el conflicto seguiría, ya que los independentistas volverían a plantear la cuestión una y otra vez hasta que ganaran. Pero es que, además, la mera convocatoria del referéndum implicaría el triunfo de las tesis nacionalistas. Y, no nos olvidemos, el nacionalismo es la ola ascendente a frenar.
Aquí y ahora, a lo que nos enfrentamos es al intento de secesión decidido por el Gobierno y el Parlamento catalanes sin que haya una mayoría de catalanes partidarios de la independencia. Grosso modo, hay unos dos millones de catalanes que votan a partidos que se manifiestan expresamente por la independencia, otros dos millones lo hacen por partidos que no se manifiestan por ella y otro millón que no se pronuncia. Vale decir, dos de cada cinco electores catalanes apoyan expresamente la independencia.
Si algún día la mayoría, una mayoría clara y amplia, de catalanes votara a partidos expresamente favorables a la independencia y lo hicieran de un modo sostenido en un período de tiempo no se debería pretender mantener a Cataluña dentro de España aun con todos los inconvenientes que esto tiene. En ese caso, la aplicación de un principio democrático llevaría a negociar los términos de la separación, y ni siquiera en este caso, a convocar el referéndum de autodeterminación. Serían los términos en que se produce la ruptura lo que habría que someter, al final, a votación. Y, además, habría que votar en ambos lados del Ebro, ya que el famoso derecho a decidir corresponde no solo a los catalanes sino también al resto de los españoles.
Estoy convencido de que la independencia de Cataluña sería un desastre sin paliativos tanto para Cataluña como para el resto de España al menos por dos motivos: el primero porque romper los vínculos económicos de un espacio económico unido desde hace varios siglos, sería lo más parecido a un cataclismo económico. El segundo porque en España la crisis política que se produciría sería enorme. Ante esa perspectiva cualquier político responsable debería hacer lo posible y lo imposible por evitar la catástrofe como se evita una calamidad pública. Si esta perspectiva no forma parte del debate público es porque tanto unos como otros no creen que vaya a haber independencia, por lo que, buena gana de debatir sobre las consecuencias de algo que no va a pasar. Sin embargo, cuando se pone en marcha un proceso como éste nadie sabe cómo puede acabar, sobre todo en un momento en que la crisis económica ha exacerbado los nacionalismos. La fuerza del independentismo catalán es una manifestación más del ascenso nacionalista que parece anegar esta parte del mundo tras el estallido de la crisis del 2008.
Muchos son los que instan al diálogo entre instituciones para solventar esta crisis. Yo también. Pero la competencia por el espacio político del independentismo catalán hace que el diálogo tenga pocas posibilidades de resultar fructífero, al menos hasta que no pasen las elecciones. Mientras tanto el diálogo es bueno, claro. A este respecto, hay que constatar un claro cambio en el Gobierno del PP. Pero, además de dialogar, importa echar no ya una mano sino muchas manos a Cataluña al menos para compensar el desgobierno de los independentistas. O dicho de otro modo, hay que gobernar desde Madrid pensando en los ciudadanos catalanes lo cual debe entenderse en el resto de España como una cuestión de Estado.
Una dificultad no menor para encontrar soluciones es el nivel de los políticos catalanes actuales. La descomposición de CiU y del PSC deja un panorama político de un nivel deplorable, lo cual se nota enseguida escuchando a los diputados que hablan por Cataluña en las Cortes, cuyo indicador más dramático es Rufián.
Un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno catalanes son imprescindibles para dar rumbo a la política catalana y a la española. La cuestión es desde donde puede venir la renovación de la cultura política catalana. Muchas esperanzas están depositadas en el nuevo partido de Colau a pesar de que esta nueva formación que nace lastrada por su posición soberanista. En todo caso, lo único que sabemos con certeza es que las elecciones catalanas tendrán una importancia excepcional.