Siempre me ha sorprendido y en ocasiones indignado la banalidad con la que algunos políticos y medios de comunicación utilizan la expresión antisistema. Con ella suelen descalificar, deslegitimar y criminalizar las acciones protagonizadas por movimientos sociales. Al hacerlo, pretenden que el concepto antisistema se identifique con el de contrario a la sociedad, y expresan una concepción muy curiosa de lo que entienden como tal.

No deja de sorprenderme que se califique de antisistema a quienes con sus acciones nos recuerdan que el derecho a la propiedad privada también tiene límites y está condicionado en su ejercicio por la exigencia de que cumpla con su función social (artículo 33 de la CE). I, en cambio, no consideran antisistema a aquellos que de manera habitual especulan con la propiedad privada del suelo o la vivienda hasta el punto de hacer inviable el derecho a una vivienda digna, reconocido por la misma Constitución en su artículo 47. Este fenómeno no es nuevo y viene de lejos.

Pero últimamente se ha intensificado con la crisis económica y parece haber alcanzado su cenit en la actual campaña electoral. ¿Nos hemos parado a pensar quienes son los antisistema en relación con la crisis económica? ¿Son los movimientos sociales que con sus acciones denuncian a los responsables de la crisis y exigen cambios estructurales en el funcionamiento de la economía y la sociedad? ¿O los antisistema son los reprobables personajes que tan bien describe y presenta el documenta “Inside Job”? Personajes e instituciones que con su comportamiento están erosionando las bases éticas mínima de cualquier espacio de convivencia que quiera hacer honor al nombre de sociedad.

¿Como podríamos calificar a los que, para obtener más beneficios y eludir sus responsabilidades fiscales, utilizan el secreto bancario y los paraísos fiscales? Y cuál sería el nombre más adecuado para nombrar a los que , para mantener este status quo, se niegan a poner fin a los paraísos fiscales, a pesar de saber que son las autopistas por las que circula el dinero de la economía criminal –tráfico de armas, de personas, de órganos humanos para trasplantes-. Son viejas preguntas que la crisis económica ha puesto aún más de actualidad y a las cuales como sociedad estamos obligados a responder más pronto que tarde.

Pero estos antisistema no reconocidos como tales no se limitan al terreno de la economía. En los últimos tiempos asistimos a manifestaciones o comportamientos que erosionan las mínimas reglas de convivencia y del Estado de Derecho. Por ejemplo, cuando desde importantes responsabilidades políticas se hacen afirmaciones tan poco edificantes como que “la corrupción es inherente a las instituciones”. O cuando se pide que se actúe contra determinados colectivos de personas por el simple hecho de ser inmigrantes y se proponen actuaciones que vulneran sus derechos fundamentales.

Uno de estos comportamientos antisistema lo estamos viviendo en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Bildu. Las acusaciones hechas por dirigentes del PP –creo que no se puede caer en el farisaísmo de no ponerle nombre a estos comportamientos– contra los miembros del Tribunal Constitucional sobrepasa los límites aceptables desde una perspectiva democrática. Evidentemente es legítimo discrepar y criticar públicamente las sentencias de los Tribunales. Pero no lo es descalificar, poner en duda la integridad ética de los miembros del Tribunal Constitucional y erosionar su legitimidad. Y mucho menos hacerlo como un medio más de la batalla política en la que el fin parece justificar todos los medios. La sociedad no puede pasar por alto ni acostumbrarse a estos comportamientos. Ni al de algunos profesionales y medios de comunicación que ignoran cuáles son sus responsabilidades y sus compromisos en relación a la sociedad y a las libertades de expresión, información y comunicación de las que son unos actores privilegiados.

Por cierto, esta no es la primera vez que ello sucede con el Tribunal Constitucional. Y para no hacer como los hooligans del fútbol, que solo ven los excesos en el comportamiento de los otros, haríamos bien en repasar algunas de las declaraciones realizadas en Cataluña con motivo de la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía.

Últimamente y de manera frecuente se está entrando en terrenos peligrosos desde la perspectiva democrática. Las razones no son ni únicas ni simples. Pero mientras encontramos las respuestas para no meternos más en el barro, si que nos podríamos poner de acuerdo sobre quiénes son los “verdaderos antisistema”, sobre cuáles son los comportamientos que ponen en peligro la convivencia y han de ser reprobados socialmente.