NUEVATRIBUNA.ES - 22.11.2009

Hace pocos días, en una conferencia en Madrid, Joan Saura , Conseller de Interior y de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya, y a la vez Presidente de Iniciativa per Catalunya, pidió claramente la dimisión del Tribunal Constitucional que debe emitir la sentencia sobre el Estatut de Catalunya.

Razones no le faltan para cuestionar al Tribunal Constitucional. La lentitud de la resolución por parte del alto tribunal que lleva más de tres años pendiente de emitir sentencia. El hecho de que los estatutos de autonomía hayan pasado por toda una serie de trámites, les dan una significación legal especial. Así el Estatut de Catalunya ha pasado por la aprobación del Parlament de Catalunya. Posteriormente por la aprobación de las Cortes Generales del Estado. Y finalmente por la ratificación en referéndum del conjunto de la ciudadanía de Catalunya. Es en este sentido que creemos que deberían tener una consideración especial, al ser analizados por el Tribunal Constitucional.

Y lo que es más evidente. La composición del actual Tribunal Constitucional hace que se den una serie de aspectos a tener en cuenta y que permiten poner en cuestión su veredicto. Ya no sólo se trata de que es un tribunal disminuido en lo referente a sus componentes, uno fallecido y otro que no puede intervenir en las deliberaciones al haber sido recusado. Y lo más importante es que una parte sustancial de sus miembros está con su mandato largamente caducado y no han sido renovados en tiempo y forma. Es evidente que esta situación permite cuestionar claramente sus posibles resoluciones.

No es cuestionable social y políticamente una resolución dictada por un TC, donde determinarán su fallo una parte de sus miembros que ya no deberían ocupar su sillón. Es evidente que la falta de renovación es responsabilidad del poder político en especial de los principales partidos políticos PP y PSOE que han hecho del tema un tema más de confrontación política.

Sin embargo parece que muchos no quieren darse cuenta de la gravedad del problema. El Estatut es la apuesta de encaje de Catalunya dentro del Estado. Y ese no es un tema menor. La apuesta por el Estatut es la apuesta del sector de la sociedad catalana más partidaria de tener unas relaciones normalizadas con el Estado.

En este sentido no es casual que haya sido Joan Saura, un político poco dado a salidas de tono, que dirige una formación política no independentista sino claramente federalista, solidaria y catalanista, quien haya lanzado la advertencia. La solución de la cuestión catalana debe pasar claramente por una solución política. Y eso pretendía ser el Estatut. Es evidente que una sentencia que recorte el Estatut, más allá de lo establecido por las Cortes Españolas, creará un mayor grado de confrontación territorial, y de desafección social de la ciudadanía catalana respecto a España. Cerrar el paso a la vía estatutaria significa dar alas y promocionar a aquellas formaciones que se definen claramente como independentistas y que querrían dar por muerta la vía estatutaria.

Es por ello que, al margen de que se tuviera que replantear el papel del Constitucional en el ámbito de los estatutos de autonomía, se debe hacer una lectura de la repercusión que puede tener una sentencia negativa emitida por un Tribunal Constitucional capitidisminuido y con una gran parte de sus miembros con mandato caducado.

Únicamente personas con una visión corta de la política pueden en este momento apostar por un recorte estatutario que lejos de solventar problemas no haría nada más que agudizarlos. El Estatut pretende ser un acuerdo político que establezca el encaje político de Catalunya en España. Y éste no es un tema para jugar con triquiñuelas políticas de bajo nivel. Hay quien, como el Partido Popular, parece creer aún en aquello de que cuanto peor sea situación política mejor para sus planteamientos. Y eso es un error importante. Hay temas de estado con los que no se puede jugar. Y el Partido Popular debería reflexionar sobre la razón de su papel marginal en Catalunya.

Estamos ante un tema que nos debería tener preocupados a todos. Hay temas muy sensibles para la ciudadanía. No es por nada que el preámbulo del Estatut habla de la nación catalana, no es jurídicamente pero si políticamente relevante, ya que es como se considera la ciudadanía de forma claramente mayoritaria. No se puede hacer demagogia con la lengua, especialmente en una sociedad como la catalana donde hasta el presente no ha habido ningún problema con ello, sólo en alguna mente calenturienta. Y tampoco se debe jugar con temas simbólicos que afectan al sentir ciudadano. No se puede jugar con fuego con los sentimientos. Y hasta el momento la sociedad mayoritariamente ha optado por la vía estatutaria. Más valdría no provocar descarrilamientos en una sociedad que, con todos sus problemas, funciona y está cohesionada a pesar de su multidiversidad. Todo el mundo debería tener en cuenta que una vez se inicia la desafección y el rechazo a una fórmula política, como es en este caso la vía estatutaria, el futuro se hace muy, pero que muy complicado. Y para todos.

Manel García Biel