NUEVATRIBUNA.ES - 20.10.2009

Errores, confusiones, engaños, paradojas, contradicciones y omisiones

El informe de Moody’s, que nos dice que la banca española, al refinanciar la deuda de promotores inmobiliarios y adquirir viviendas impagadas, está retrasando el reconocimiento de activos morosos y que existe un agujero de 57.000 millones que podría llegar hasta los 225.000 dentro de los cinco años, en el peor de los casos, ha provocado un revuelo mediático muy oportuno para todos los que nos preocupamos por el futuro de la banca española y soportamos sus desaguisados como clientes y accionistas, especialmente si lo somos de los dos más poderosos bancos del país. Banco Santander y BBVA han destruido valor para sus accionistas en 2007-2008 y los primeros nueve meses de 2009 por importe de 56.790 millones de euros, según dos informes de investigadores del IESE dirigidos por el profesor Pablo Fernández.

Como ha dicho José Manuel Campa, secretario de estado de economía, el informe de Moody’s no dice nada que no supiéramos y nos recuerda que el gobierno creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que puede llegar a los 100.000 millones de euros, suponemos que porque algo anda mal en el estamento bancario.

Pero el presidente de la patronal bancaria, Miguel Martín, ex subgobernador del Banco de España, se ha apresurado a afirmar que la alerta sobre el deterioro de los activos de la banca española hecha por Moody’s induce a error, confusión y engaño y que la banca española, al menos la parte que él representa, es rentable y solvente ya que los balances están hechos de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y que está sujeta a la supervisión del Banco de España.

Por su parte, algunos comentaristas han contrapuesto al informe de Moody’s el de Fitch, afirmando, como si ambas cosas fueran incompatibles, que donde Moody’s ve ocultamiento Fitch ve una “gestión activa del riesgo”.

Las declaraciones de Miguel Martín no me convencen, no tanto porque Moody’s no ha afirmado, que yo sepa, que los balances de la banca española no estén formulados de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad ni que la banca española no esté sujeta a la supervisión del Banco de España, sino porque los argumentos que emplea no son consistentes pues, precisamente, lo que hay que discutir, que nadie discute, es lo indiscutible, es decir, si las normas internacionales de contabilidad, que se cambian al gusto del lobby bancario, y la supervisión del Banco de España puesta en cuestión por el Tribunal de Cuentas garantizan el acierto de las decisiones contables de la banca española y justifican la tranquilidad del gobierno de España y de sus ciudadanos.

La respuesta es, en mi opinión, negativa. Las inquietudes sobre la calidad y transparencia de la información financiera y de la supervisión están siempre justificadas, y más, pienso, en el caso español.

Inquietudes sobre la supervisión

Quizás sea el momento de recordar que el Tribunal de Cuentas, en su informe 751 de febrero de 2007, denunció la imposibilidad de formarse una opinión sobre la organización y aplicación práctica de los procedimientos de supervisión encomendados al Banco de España, a la CNMV y a la Dirección General de Seguros.

El Tribunal de Cuentas se lamentó en dicho informe de que el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, amparándose en el deber de secreto profesional, le habían negado el acceso a ciertos documentos y expedientes, lo que limitaba seriamente el alcance de la fiscalización realizada sobre estos organismos.

Nadie crea que la actividad fiscalizadora sobre el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones es agobiante. La fiscalización aludida no se refería al ejercicio 2006, ni siquiera al de 2005, ni tampoco al de 2004... ¡Los ejercicios fiscalizados eran los de 2002 y 2003! A esto informe habría que añadir que ya en 1998 el Tribunal de Cuentas había realizado un polémico Informe de Fiscalización del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios. Téngase en cuenta que el Tribunal de Cuentas de los EE.UU (GAO), fiscaliza la actuación de la SEC año tras año y no necesita más de cuarenta días siguientes al cierre del ejercicio y que la GAO ha ejercido una supervisión intensa, especialmente en estos dos últimos años, sobre las instituciones financieras, los organismos de supervisión y la marcha de los planes de rescate.

Sin embargo, aquí paz y después gloria. A nadie parece haber preocupado la gravísima denuncia del Tribunal de Cuentas y, a pesar de la improvisación y desacierto demostrados por los organismos supervisores y por la banca en la gestión del riesgo inmobiliario, en la gestión de los ahorros de los pequeños inversores concentrados en los fondos de inversión y de pensiones y en la distribución de instrumentos financieros de muy baja calidad.

Incluso, la propia CNMV reconoció en su Plan de Actividades 2007-2008 que es una institución cuyos medios humanos y materiales han crecido a ritmo inferior al de sus responsabilidades y que para atender sus obligaciones en un contexto tan complejo y exigente como el actual necesitan un esfuerzo para mejorar su capital humano en cantidad y calidad y mantener un alto nivel tecnológico y que estas mejoras, aparte de sus dificultades intrínsecas, topan con dos limitaciones adicionales cuya desaparición implica iniciativas legislativas que no son responsabilidad de la CNMV.

Inquietudes sobre la información financiera

Pues bien, si el Tribunal de Cuentas no puede formarse una opinión sobre la organización y aplicación práctica de los procedimientos de supervisión encomendados a la CNMV, al Banco de España y a la Dirección General de Seguros, difícilmente se puede estar tranquilo sobre las cuentas que presenta el estamento bancario.

Las máximas instancias reguladoras a nivel mundial (FASB y IASC) han reconocido las inquietudes que existen sobre la calidad y transparencia de la información financiera en EE.UU. (que, por otra parte, consideran la mejor del mundo) y en la UE y su preocupación por la manipulación de los resultados (earnings management) no es ninguna novedad, hasta el punto de que ya en 2004 tuvieron que encomendar estudios sobre el papel que juegan los analistas financieros y las agencias de rating en la manipulación de los resultados contables.

Las normas internacionales de contabilidad, y menos si no existe un buen control sobre la información financiera construida al amparo de las mismas, no son una patente de corso que impide la manipulación de los resultados en todas sus variantes.

Precisamente, la manipulación contable se ampara en la flexibilidad inherente a la regulación contable, que puede ser tanto explícita como implícita. La flexibilidad explícita se deriva básicamente de la existencia de varias alternativas para contabilizar un único hecho, mientras que la implícita se aprovecha de una menor visibilidad y se deriva de la necesidad de realizar estimaciones o juicios de valor para contabilizar determinadas partidas.

Y eso no es todo. Las prácticas de manipulación de resultados incluyen aquéllas que se llevan a cabo tanto utilizando instrumentos contables (manipulación contable) como manipulando las transacciones reales subyacentes (manipulación real). Esta última es la que creo que denuncia Moody’s y la que está admitiendo sin reparo alguno el Banco de España y la CNMV, imagino que porque piensa que esta práctica está amparada, al menos formalmente, por las normas internacionales de contabilidad.

No creo que el informe de Moody’s pueda inducir a error, confusión y engaño a nadie que tenga alguna familiaridad con la tormentosa historia de la contabilidad financiera, al menos, desde que Chicago sirvió de epicentro para el lanzamiento del llamado proyecto PAT (Positive Accounting Theory), que subordina la contabilidad financiera a su utilidad para los que se hacen inmensamente ricos gracias a la ineficiencia de los mercados financieros. Desde entonces, las paradojas, contradicciones y omisiones de toda teoría y práctica contable no han hecho otra cosa que multiplicarse, y se ha llegado a decir que no son más que los argumentos o excusas que manejan los protagonistas para intentar justificar en nombre del interés general sus intereses particulares.

Un aviso para navegantes. El fracaso en la gestión y supervisión de un artefacto contable. El caso del fondo Santander Banif Inmobiliario

Pero hay más. No me sorprenden las prácticas denunciadas por Moody’s de que la banca está retrasando el reconocimiento de los problemas, sobre todo, desde que explotó el fondo Santander Banif Inmobiliario, artefacto contable dirigido, nada menos, que por el primer responsable de riesgos del Banco Santander y que tiene, en mi opinión, un extraordinario valor como precedente de lo que está por venir.

Es sabido que en el caso del fondo Santander Banif Inmobiliario la gestora y el depositario se llevaron ante la fachada de la CNMV todos los ingresos reales durante los quince años de historia del fondo dejando al partícipe los ingresos virtuales (puro artificio contable). La insolvencia (atípica) del fondo no se reconoce hasta el año 2009 cuando ya en 2007, año dorado de los fondos de inversión, las suscripciones alcanzaron los 4,3 billones de dólares a nivel mundial, decidieron cesar la comercialización activa del mismo y condenarlo a su disolución. El artificio consistió en simular un fondo a pleno rendimiento cuyo valor liquidativo no cesó de crecer hasta octubre de 2008. En febrero de 2007 el valor liquidativo era de 1.318,83 euros y en octubre de 2008, 1.531,27 euros. En septiembre de 2009 ha bajado hasta los 1.323,11 euros.

Por la gestión de esta insolvencia atípica (y no declarada), en la que también se habla de un plan ordenado, los partícipes llevan pagados desde principios de 2007 casi 300 millones de euros en comisiones de gestión, una cifra disparatada si se compara con los 169,3 millones de dólares que han facturado, según informa The Wall Street Journal de 16-18 de octubre de 2009, los 175 expertos que se han encargado de desentrañar la madeja de los derivados del caso Lehman durante el primer año de la insolvencia, ésta sí típica.

Ahora los partícipes más combativos que vieron cómo el presidente de la CNMV aprobó, si hacerse ni hacer muchas preguntas, la suspensión de sus reembolsos en menos de 24 horas, siguen esperando desde hace meses que sea cierto aquello de que los españoles tenemos derecho a la tutela judicial de nuestros derechos en un proceso sin dilaciones indebidas y asimismo aquello de que los españoles somos iguales ante la ley y que la banca española no es ningún estamento privilegiado propio de la organización social del Antiguo Régimen.

Juan Manuel Moreno-Luque, abogado y autor de ‘El desgobierno de los fondos de inversión’ (Editorial Marcial Pons), es presidente de Activa, la asociación creada por partícipes del fondo Santander Banif Inmobiliario.