NUEVATRIBUNA.ES - 07.08.2009

Todos los poderes del Estado han respondido con rotundidad ante las denuncias formuladas en los últimos días por el PP y que saltaron a raíz del anuncio realizado por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que la Fiscalía recurrirá el archivo de la causa contra Francisco Camps.

Durante toda la semana, destacados dirigentes del PP han criticado a la número dos del Ejecutivo llegando a pedir incluso su dimisión. Pero las acusaciones más graves llegaron por boca de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que llegó a decir que estaban realizando escuchas telefónicas a destacados dirigentes nacionales de su partido.

De la Vega instó al PP a acudir a los tribunales, al tiempo que la Confederación Española de Policía cargó contra el partido de Mariano Rajoy por el “permanente ataque” que están sufriendo.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió este viernes a Cospedal que denuncie las escuchas si tiene pruebas porque sus declaraciones son “muy duras” como para no sustentarse en pruebas, según señaló su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet.

En el ámbito judicial, ha sido el propio Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) el que ha querido poner las cosas en su sitio. En el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, su vicepresidente Fernando de Rosa, respondió a las declaraciones de distintos dirigentes del PP sobre “escuchas ilegales” a miembros del partido, y remarcó que las escuchas las autorizan los jueces y que quien lo ponga en duda debe acudir a la Justicia.

De Rosa, afirmó que los jueces actúan de una manera “legal” e “lícita” y que, por lo tanto, las escuchas telefónicas que se pudieran haber producido tendrían que haber sido desde un punto de vista “judicial” y siempre “bajo el control de los jueces y magistrados”. “Cualquier duda que exista, considero que debería de ponerse en manos de la Justicia española”, insistió quien fuera promovido al CGPJ precisamente por el PP tras haber sido consejero de Justicia en la Comunidad valenciana.

CRÍTICAS DE LAS ASOCIACIONES DE JUECES

Las principales asociaciones de jueces también criticaron la actuación del PP tachando de “calentón”, “torticeras”, “mendaces” o “perturbadoras” las acusaciones vertidas por Cospedal. Los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (FdV) y Jueces para la Democracia (JpD) piden al PP que demuestre en un tribunal los hechos o que los desmienta.

“Muchas veces los calentones de los políticos perjudican la imagen de nuestras instituciones”, aseveró el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, para quien De Cospedal “ha manifestado un delito muy grave y de mucha envergadura”. “Lo que procede es denunciar los hechos con todo lujo de detalles y explicar por qué ha hecho unas declaraciones tan graves, esa es su obligación”, dijo.

En ese sentido, recomendó a la dirigente "popular" acudir a un tribunal si su intención es aclarar los hechos y le recordó que es ahí donde se hacen las denuncias “y no a los periodistas”. “Estas declaraciones no se pueden quedar en una manifestación difusa” insistió García, al tiempo que matizó que “los jueces siempre actúan de forma autónoma e independiente”.

Preguntado acerca de la función que desarrollan los fiscales, el portavoz de la APM describió a los representantes del Ministerio Público como “gente honorabilísima, profesional y honesta”. “Lo que pasa es que se contamina su función con declaraciones a destiempo y muy desafortunadas”, continúo, en alusión a las palabras de De la Vega. A su juicio, el anuncio hecho por la vicepresidenta del Ejecutivo socialista “lo que venía a traslucir es que la Fiscalía está al servicio de lo que diga De la Vega y eso es lo que no puede ser”, admitió García, quien, no obstante, quiso dejar claro que, “en términos generales, los fiscales trabajan de manera muy eficiente”.

Por su parte, desde la asociación Francisco de Vitoria, su portavoz, Marcelino Sexmero, instó a De Cospedal a que acuda a los tribunales si tiene indicios de escuchas ilegales. En ese sentido, restó crédito a tales acusaciones que tachó de “torticeras y mendaces”. “Siempre que los jueces realizan alguna escucha es porque previamente se lo han solicitado y lo hacen dentro de una investigación, por lo tanto, no son ilegales”, añadió.

“Es falso que estamos (los jueces) al servicio del Gobierno, o aclara esas declaraciones o que las desmienta, de lo contrario, sus palabras pueden ser objeto de una querella al tratarse de una calumnia”, expresó Sexmero, que aclaró que su asociación no contempla ninguna acción legal contra De Cospedal.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Jimeno, declaró que las palabras de la secretaria general del PP “causan perplejidad”. “Viniendo de ese nivel político, son muy perturbadoras para nuestro sistema democrático”, dijo al tiempo que la acusó de “deslegitimar uno de los pilares básicos del sistema democrático”.

“Lo hace sin ofrecer un sólo dato, una sola prueba, le hace un flaco favor a la democracia”, insistió Jimeno, quien también recomendó al PP que acuda a los tribunales o que desmienta sus declaraciones.

FEIJOO SE SUMA A LO DICHO POR COSPEDAL

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero también se refirió a esta polémica durante un acto de partido con el PSOE canario e hizo un llamamiento a la responsabilidad al PP.

Desde el principal partido de la oposición se sigue manteniendo la teoría de que el Gobierno del PSOE utiliza las instituciones del Estado para perseguir a la oposición. El último dirigente en sostener estas manifestaciones fue el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien este viernes respaldó a Cospedal. “Me remito a las palabras de una persona que conoce el Estado”, indicó y denunció que los dirigentes "populares" están “menos seguros” que los socialistas por el “uso del aparato del Estado” contra la oposición.

A juicio de Núñez Feijoo, el único hecho “incuestionable” es que en España hay “un trato desigual” de la Fiscalía y de los poderes del Estado, con el fin de “beneficiar” al PSOE y “demonizar” al PP. A modo de ejemplo, aludió a las “filtraciones continuadas procedentes de lo más alto del Gobierno” sobre el sumario del caso Gürtel que, a su juicio, dejaron en una situación “de clarísima indefensión” a dirigentes del PP, como Camps.