Nuestro informe "La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35”, referido a la información publicada por las empresas en las juntas generales celebradas en 2015, ha deparado un panorama parecido al del pasado ejercicio. Un pasito adelante por aquí, un pasito atrás por allá. Nuestro informe no permite hablar de grandes cambios en la política medioambiental de nuestras grandes empresas.
Empecemos por la buena noticia: muchas de ellas siguen con paso firme en su política de eficiencia energética y reducción de insumos y consumos (papel, agua, etc.), lo que supone mejoras en la reducción de la factura energética, sostenibilidad de sus instalaciones y sus flotas, sustitución de sus iluminaciones y climatizaciones, mejoras en el "packaging", a menudo disminución de emisiones e incluso en ocasiones incremento porcentual en su dependencia de energías renovables. Aunque nos podemos quejar que la información aportada en muchos casos es poco concreta, agregada, poco cuantificable y comparable, hay que reconocer que este vector se orienta en el buen sentido. La razón es meridiana: esta inversión tiene a medio plazo un impacto significativo en el volumen de los costes. Toda empresa con vocación de permanencia y con suficiente capacidad de inversión se mostrará abierta a realizar cambios que minimicen su factura energética y de materiales, máxime cuando además puede presumir abiertamente de ello y reportarle beneficios reputacionales.
Sigamos con la noticia regular: la política de control de la cadena de valor. Nos referimos a uno de los aspectos más actuales, polémicos y que más preocupa en relación a las grandes empresas: su impacto social y medioambiental más allá de sus propios muros, en especial en países con poco desarrollo legislativo y débil capacidad de control, por compras o relación con socios o proveedores poco escrupulosos.
A grandes rasgos no se perciben cambios: algo menos de la mitad (16 empresas, el 45% de las 35 del IBEX) reporta sobre medidas de control en la cadena de valor. Es poco y no avanzamos, máxime cuando, que se informe, no implica necesariamente un control impecable, ni mucho menos. El problema es que del otro 55% (el que no reporta) no podemos esperar una supervisión de la cadena de suministro más eficiente, sino seguramente todo lo contrario. En contra de la opinión pública que niega la mayor a las empresas, muchas de ellas son ya conscientes del impacto reputacional que puede tener una catástrofe medioambiental o humana como la del Rana Plaza, en Bangladesh y cada vez se toman más en serio el problema. ¿En qué medida? A grandes rasgos: todavía irregular e insuficientemente.
Casi todas las empresas afirman que piden algún tipo de compromiso a los proveedores, que va desde la exigencia a cumplir con algún sistema de gestión medioambiental hasta el cumplimiento del código ético de la empresa, llegando hasta el debilísimo compromiso con el Pacto Mundial (un acuerdo formal que realizan las empresas, pero que no se verifica y que, por tanto, es ampliamente criticado).
Pero, ¿y cómo se supervisan y auditan estos compromisos? Aquí se encuentra la madre del cordero. Existen empresas como Jazztel que afirma que exige "sensibilidad ambiental". Allí se acaba su información (y probablemente sus políticas de control). En el otro extremo, compañías como Indra parece que van por el buen camino. Por un lado, invita a sus proveedores a suscribir el código medioambiental de la empresa, pero sólo el 35% (¡?) de estos lo ha hecho. Sin embargo, cuenta con un sistema de pre-homologación de proveedores en avance (que ha abarcado hasta ahora al 65% de las compras) y también con un proceso de evaluación a subcontratistas con alto impacto potencial ambiental, dentro del cual ya se han realizado 699 inspecciones, 355 positivas. Gas Natural Fenosa, Acciona, Telefónica o REC parecen contar con sistemas de control consistentes, lo que no quiere decir suficientes, pues en todos ellos hemos encontrado deficiencias en la información (más que probable insuficiencia en su desempeño). Hay que señalar a Repsol, que ha pasado de 171 auditorías en el año anterior a 100 en el 2014. ¿Por qué? Desde luego no puede ser porque últimamente los riesgos medioambientales se inclinen a la baja...
¿Entre las peores? Jazztel, ya se ha dicho; DIA, que no selecciona a sus proveedores por criterios medioambientales o Mediaset (proveedores, ¿qué proveedores?)
Llega el momento de las malas noticias. Vayamos con ellas. Sucintamente:
- Cuatro empresas no se comprometen con ninguna iniciativa medioambiental internacional, sólo con la legislación nacional "aplicable". Cuando las multinacionales operan en países con bajos o bajísimos estándares 
medioambientales o con altísimos riesgos en este campo, la noticia es para echarse a temblar. ¿De quién hablamos? Nada menos que de ACS, IAG-Iberia y Repsol. De una cuarta, BME, por sus características empresariales (servicios financieros y tecnológicos) se prevén menores impactos.
- Catorce empresas no tienen una política medioambiental propiamente dicha, independiente y pública, sino a lo sumo párrafos sueltos en sus documentos corporativos. Mala, malísima cosa cuando hablamos de casos como el de Abertis, ¡una empresa dedicada a la construcción y gestión de autopistas! Pero tampoco parece muy buena nueva en otras como Grifols, una farmacéutica que afirma que dispone de tal política, pero no considera adecuado hacerla pública. O Mediaset, que debe de pensar que no interesa a nadie, y la ha retirado de la exposición a supervisión externa.
- Quince empresas no asumen el principio de prevención de impactos medioambientales según lo entienden los organismos internacionales. En roman paladino: quince de nuestras empresas no asumen públicamente el compromiso mínimo que implica poner todo de su parte por prevenir que no causan impactos medioambientales. Este bajo compromiso se manifiesta en casos como el de varias empresas, que siguen los principios de Ecuador (que afectan a grandísimos proyectos) pero se muestran poco o nada dados a evaluar el impacto medioambiental de cientos o miles de proyectos que promueven (véase el caso del Banco de Santander, por ejemplo).
- Si esto es así en el caso del principio de prevención, cabe imaginar el recorrido que tiene el principio de precaución que establece, según las Naciones Unidas, la obligatoriedad de desechar un proyecto por simples indicios, aun no habiendo evidencia científica de que el proyecto puede resultar dañino para el medioambiente. Sólo siete empresas suscriben el compromiso. Si ACS lo hubiera reconocido (y cumplido), el proyecto Castor, que costó más de mil trescientos millones de euros al erario español, no se hubiera implementado. Magro, magrísimo número que evidencia la reticencia de las empresas españolas a sumarse a las directrices internacionales para la protección del medioambiente.
No quisiera terminar este resumen de nuestras investigaciones sin señalar a los patitos feos del informe, con la esperanza de que tomen cartas en el asunto:
Liderando el ranking por la cola, Jazztel, una empresa que se reduce a afirmar que sigue políticas medioambientales sin comprobación documental alguna, por lo que tendemos a pensar que estas políticas apenas existen. La empresa no señala control de riesgos, estudios de impacto, supervisión de proveedores... Por no señalar no ha escrito ni sus informes de progreso para el Pacto Mundial, por lo que este organismo, que puede aceptar a miembros sin comprobar la veracidad de sus compromisos (habiéndose producido casos graves de incumplimiento), ha suspendido a la compañía. Jazztel, que afirma seguir campañas de sensibilización, de gestión de residuos y otros (de una forma y manera que hace pensar en un genuino ejemplo de greenwashing), obtiene 0,36 sobre 4 en nuestra calificación, a gran distancia del siguiente (0,86).
DIA, BME y Mediaset se suman a este selecto club de los suspensos categóricos en la información sobre políticas medioambientales, pero el caso más preocupante corresponde a Técnicas Reunidas, una empresa de ingeniería, energía y plantas industriales que, aunque trabaja de intermediario y no debe considerarse directamente responsable de la extracción y explotación, por su campo de actividad debe extremar el cuidado de sus políticas medioambientales. Y, sin embargo, no llega a más que a un magro 0,95 en nuestra puntuación, es decir, una cifra que nos hacen calificar su información (probablemente su política) como anecdótica, es decir, irrelevante.
En definitiva, las políticas medioambientales pueden tener un buen recorrido cuando reportan a medio plazo beneficios empresariales, pero cuando hablamos de las externalidades negativas de la empresa nos encontramos con la sucinta aceptación de la legislación nacional (si acaso) y, por lo general, muy escaso compromiso con las directrices o iniciativas internacionales. Como venimos señalando reiteradamente muchas ONG's, se debe profundizar en la transnacionalización de la justicia en relación a los delitos ambientales, que son delitos contra el planeta y contra la Humanidad, de tal manera que no sólo las cortes internacionales sino también los órganos de justicia de los Estados de origen de las multinacionales puedan juzgar delitos cometidos fuera de sus fronteras.
Ramiro Feijoo | Colaborador y analista del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa
