viernes. 29.03.2024
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1. Principales medidas adoptadas

A partir del 30 de noviembre, y durante 10 días, se celebró en Paris la 21º Sesión de la Conferencia de las Partes (COP21) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Uno de los puntos clave de la reunión fue la  presentación por los países participantes de un compromiso voluntario con vistas a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) teniendo como horizonte el fin de siglo. Para lograr una participación mayoritaria, se renunció a imponer tasas o sanciones, y se dejó a los países que realizaran propuestas bajo un objetivo compartido, con el fin de que  la temperatura media del planeta no se incremente por encima de 2oC en lo que queda de siglo, y como horizonte deseable que no llegue a superar los 1,5oC. Según estimaciones, las propuestas de reducción de emisiones presentadas por los países participantes nos conducirán a ascensos de 3oC, muy por encima del límite sugerido por los expertos. Es por eso que en el acuerdo final se plantea que los países revisen sus posibilidades de reducción de emisiones cada cinco años. Ahora queda que cada país  ratifique el acuerdo antes de mayo del 2017, y que al menos 55 países, con unas emisiones del 55% de las totales, lo firmen.

Uno de los puntos más conflictivos del acuerdo ha sido definir el grado de compromiso de los países en la reducción de las emisiones. Básicamente,  se han discutido dos criterios: (a) por volúmenes de emisiones actuales, defendido por los países occidentales (EEUU, EU, etc.)  y (b) por aportaciones históricas totales, defendido por los países emergentes (China, India, etc.). Al final se han definido dos niveles de implicación, el de los países desarrollados y el de los emergentes, respectivamente;  a partir del 2020, los primeros han asumido una financiación de 0,1 billones de dólares anuales  para combatir las consecuencias del cambio climático en los países con menos recursos.

La llegada a un acuerdo  por los 195 países participantes no ha sido fácil, y se han tenido que dejar caer medidas concretas que llevaban algunas representaciones. Por ejemplo, no se contempla reducir las emisiones del transporte aéreo y marítimo por no estar asociado a países específicos (10% del total emitido), ni tampoco  se ha aceptado la propuesta europea de llegar al 2030 con una reducción  en cada país del 40% respecto a los niveles de 1990, en adelante denominados niveles de referencia (NR). La propuesta inicial de suspender el uso de combustible fósiles en 2050 finalmente no prosperó, ya que llevaría a renunciar a escala planetaria de la explotación del 82% de las reservas de carbón, el 40% del gas y el 33% del petróleo existentes. En su lugar,  se ha propuesto una medida paliativa para  fijar las concentraciones de GEI, regulando las emisiones con las correspondientes tecnologías de eliminación de estos gases (transformación en la biomasa, captura y almacenamiento, geoingeniería, etc.). También se ha hecho un llamamiento para que los estados dejen de subvencionar a sus industrias extractoras de combustibles fósiles.

En la COP21 se sigue manteniendo la compraventa de los derechos de emisión, que se estableció en Kyoto (1997), manteniendo una visión mercantilista del problema. Esta medida no es eficaz, ya que no desincentiva contaminar, el que tiene dinero comprará el derecho de emisión y el que no, países pobres, no lo podrán hacer. Además, hoy por hoy, la compra de los derechos en el mercado es barata (5 euros/Tm en 2015), por lo que a muchas empresas les está siendo más interesante su compra que invertir en mejoras tecnológicas para contaminar menos. Por otro lado, si al final se aprueban los acuerdos internacionales TPP,  TTIP y TISA, las empresas podrán demandar a los estados por lucro cesante, es decir, por establecer normas que les impiden obtener más beneficios. Sobre esto no se decidió nada en París.

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2. El caso español

Es importante analizar la situación de España frente a estos compromisos. En primer lugar, aclaramos que fue la UE la que firmó en su día el compromiso de Kyoto, asumiendo  una reducción global del 8%  en las emisiones de GEI. Ello implicaba  una distribución interna de los límites de emisiones, donde algunos países tenían que reducir mayor porcentaje a expensas de los que podían excederse por su nivel de desarrollo. A España se le reconoció poder llegar a un aumento del 15% de los NR. Esta cantidad se nos reveló rápidamente insuficiente, ya que en el momento de la ratificación del acuerdo por el Congreso  (2002) teníamos un aumento de las emisiones de un 36% respecto a los NR. En el 2007 superamos el 49% de las emisiones  y nos comprometimos volver al 37% mediante la compra de derechos a países que hubieran acumulado mayores reducciones de las asignadas. España ocupa el tercer lugar de la UE en aumento de sus emisiones, y no tiene políticas económicas que hagan pensar en una reducción futura de las mismas. Entre otros factores que explican estos incrementos nos encontramos con un cambio de legislación en el uso de las energías renovables que no incentiva su desarrollo, un uso importante del  transporte a pequeña escala (privado, mercancías, etc.), un parque inmobiliario abultado, disperso y con baja eficiencia energética. A nivel político, nos encontramos con una administración estatal paralizada en cuanto a impulsar políticas de cambio climático, con actuaciones muy diferentes en los territorios, y con importantes diferencias según los ayuntamientos o las comunidades autónomas.

3. Opiniones de expertos medio-ambientales y organizaciones ecologistas

Teresa Ribera (directora del IDDRI (Paris) y exsecretaria de Estado del Cambio Climático de España 2004-2008) ha declarado que la  COP21 “es un buen acuerdo, pues marca una nueva etapa, ya que todos tendremos que revisar las premisas de nuestro desarrollo”. Frederic Ximeno (exdirector de Políticas Ambientales y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña 2006-2010) piensa que “…aunque no es el acuerdo perfecto, es importante que exista por su carácter histórico, ya que es uno de los ejes claves de la política económica de este siglo…”. Aunque es necesario señalar que el acuerdo ha sido contestado por algunas organizaciones ecologistas (Ecologistas en Acción, Greenpeace, etc.) que lo consideran insuficiente e impreciso a la hora de determinar los plazos de abandono de los combustibles fósiles5. Algunos de estos observadores han manifestado el papel irrelevante de los representantes gubernamentales españoles en el desarrollo de  la conferencia.

4. ¿Por dónde seguir?

Más allá de los números fijados, lo importante es que la práctica totalidad de los países han asumido la necesidad de tomar medidas contra el cambio climático. Ahora nos toca a los ciudadanos presionar para concretar y acelerar el proceso. No será fácil, pues los cambios que hay que introducir en nuestros hábitos de consumo y de producción son de tal magnitud y complejidad que no se puede perder ni un solo minuto,  al menos si se quiere contribuir a la propuesta de que en unos quince años (2030) se alcance el máximo de emisión a escala planetaria. Podríamos empezar por contribuir a  la constitución de una “marea” global de cambio climático, que entre otros contemple  e implemente los siguientes objetivos:

1) Reducir la distancia entre los objetivos aprobados en COP21 y lo que realmente están dispuestos a realizar nuestros gobiernos presionados por intereses corporativos.

2) Participar del movimiento planetario por la “Justicia Climática”. Presionar a las multinacionales para que dejen en el subsuelo los combustibles fósiles, de forma que se consuman a una velocidad que pueda ser asimilada por el planeta. Si siguen en su empeño, se deberán emprender acciones que sean visibles en los mercados financieros, tribunales, desinversión por sus prácticas de riesgo climático, etc.

3) Debatir que vamos hacer en el estado español para  desterrar el “fracking”,   paliar el  cierre de nuestras minas de carbón, disminuir la producción de las centrales térmicas,  intensificar el uso de energías renovables, evitar la reducción de recursos hídricos por aumento térmico  y explotación excesiva, y mejorar  la eficiencia de nuestro transporte y construcciones. Estas cuestiones son de tal complejidad que no pueden ser resueltas de forma neoliberal, esperando las reacciones de los mercados y el enfrentamiento de intereses sectoriales (económicos, territoriales, etc.). Pensamos que es necesario reclamar una intervención pública de la producción, distribución y consumo responsable de energía y de los recursos hídricos.

4) Poner en marcha redes de grupos de investigación y organizaciones civiles que quieran trabajar en un programa a medio y largo plazo  de cambio climático que se incorpore a las políticas de investigación potenciadas por las correspondientes administraciones (locales, autonómicas o estatales).

5) Fortalecer la participación ciudadana en el diseño de políticas de cambio climático, dentro de  un nuevo modelo social y productivo. El incremento del uso de fuentes de energías renovables y medidas de ahorro energético deberán ser prioritarias, pero no suficientes para generalizar los actuales niveles de consumo a toda la población mundial.  La era del crecimiento económico global se ha terminado, al menos a partir del expolio actual de los recursos del planeta. Es necesario empezar otra etapa que se centre en poner en marcha economías sociales sostenibles, de reparto cooperativo de recursos y de trabajar por la conservación de los mismos. Nuestro modelo de sociedad está en crisis, y tanto las medidas “austericidas” como las “keynesianas” solo abordan la distribución de las consecuencias de la misma, pero no se enfrentan al verdadero problema, que resulta ser la incompatibilidad del modelo económico global dominante con las leyes naturales que regulan la dinámica planetaria.


Eduardo Enciso (Catedrático de Química Física  (UCM)

Joan Pere Enciso (Profesor Titular de Economía Aplicada  (UdL)

COP21: Balance y futuro